Una suma de imágenes: así aparece en la memoria, año tras año, el copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 en La Tablada. Durante mucho tiempo los protagonistas de la toma se mantuvieron en silencio. Veinticinco años después algunos creen que llegó el momento de hacer públicas las deudas pendientes.
Irene Provenzano era una nena de 4 años cuando sus padres, militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), quisieron tomar al regimiento de La Tablada. Ninguno de los dos salió con vida. Joaquín Ramos tenía 19 años y entró con ellos. Fueron 46 los militantes que ingresaron al cuartel. Ramos es uno de los 13 sobrevivientes. Su hermano, Pablo Ramos (21), murió en el asalto. Se sospecha que fusilado.
Aurora Sánchez Nadal supo que su hijo, Iván Ruiz (18), había estado en La Tablada por una lista encontrada en la mochila de un combatiente. Hoy sigue desaparecido, igual que el padre de Irene. Después de la rendición, los combatientes -entre ellos Sergio Paz- denunciaron torturas y ejecuciones.
Dora Molina nunca pisó el cuartel. Fue detenida en las cercanías, por participar de grupos de agitación. En el juicio contra veinte militantes del MTP que se realizó ese año, el tribunal la condenó a 15 años de prisión. Juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia -que no admitía la revisión del proceso- Ramos, Paz y todos los que entraron a La Tablada, fueron sentenciados a prisión perpetua e indultados en 2003.
Veinticinco años después, la sociedad no termina de entender qué hicieron ni qué pasó en las 30 horas de un combate desigual. A pesar de las contradicciones, el reclamo por justicia y esclarecimiento de los desaparecidos, las ejecuciones y torturas sigue en pie.
Pasadas las 6 de la mañana del 23 de enero de 1989, un camión de distribución de Coca-Cola irrumpió en la entrada del Regimiento de Infantería Mecanizado y rompió el portón. Lo seguían seis vehículos. Llevaban a 46 personas armadas. Los disparos comenzaron apenas los militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) cruzaron el portón del Puesto 1. La Guardia de Prevención -ubicada a pocos metros de la entrada- fue el primer epicentro del combate. El camión se estrelló minutos después de entrar.
Los incursores estaban organizados en grupos y tenían por objetivo la toma de distintos edificios: los galpones donde se guardaban los tanques, el casino de suboficiales y el de oficiales, el comedor de tropa y la guardia. Los grupos pudieron comunicarse entre sí hasta alrededor de las 8 de la mañana, cuando las baterías de los transmisores portátiles dejaron de funcionar y los helicópteros interfirieron las llamadas. A esa altura los combates tenían como principal escenario la Plaza de Armas. A su alrededor, los tiros iban y venían entre las construcciones que lo bordeaban. Allí estaban apostados algunos miembros del MTP pero también los oficiales que habían permanecido en el Regimiento.
El plan de los combatientes era llegar a La Tablada a las seis de la mañana y permanecer -como máximo- hasta las nueve. El copamiento duró treinta horas. De las 46 personas que entraron, 13 salieron con vida.
Los primeros en reaccionar fueron los que volvían del franco de fin de semana. Después, ante la alerta del copamiento, empezaron a llegar policías. Con el correr de la horas se sumaron carapintadas autoconvocados, civiles y otras fuerzas. La cobertura periodística empezó una hora después.
El plan de los combatientes era llegar a La Tablada a las seis de la mañana y permanecer -como máximo- hasta las nueve. El copamiento duró alrededor de treinta horas. De las 46 personas que entraron, 13 salieron con vida.
A veinticinco años de los hechos, se renuevan los interrogantes. ¿Qué pasó dentro del perímetro de las calles Crovara, Camino de Cintura y Somellera? ¿Cómo se planificó el ataque? Con el diario del lunes, el fracaso estrepitoso hace inentendible aquel intento. Su calidad de enigma radica en las explicaciones incompletas y vacilantes sobre lo que se quiso lograr: detener un supuesto golpe de Estado en ciernes que, sin embargo, demoraba su consumación. Los combatientes leían un vacío de poder. Querían tomar ese poder fluctuante para el pueblo –erigidos ellos como vanguardia– antes de que los militares lo hicieran. Advertir con sonoridad que si los militares se movían lejos de la Constitución, habría respuesta armada y decidida a encauzarlos.
El show de los medios
A partir de las siete de la mañana del 23 de enero, los medios empezaron a informar desde el lugar de los hechos. Por primera vez el asalto a un cuartel era relatado en vivo y en directo.
Las imágenes televisivas mostraron una batalla sin contrincantes, el ojo en la mira de las fuerzas de seguridad. Una vez que se supo que los incursores eran militantes de izquierda, las descargas aumentaron exponencialmente. Horacio González, director de la Biblioteca Nacional, pensó muchas veces en esas imágenes. En 1989, escribió sobre ellas en una tesis: “Para el ejército era la oportunidad prontamente usufructuada para devolver, con esos hombres corriendo y gritando desordenadamente, disparando en todas direcciones hacia sombras misteriosas, la cuota de horas que la televisión y la producción de imágenes públicas, había destinado al Juicio a los Comandantes”. En el teatro político para las cámaras, el ejército intentaba restaurar el honor y la legitimidad perdidos durante la dictadura militar y los levantamientos carapintadas anteriores a La Tablada: detritus no deseado por los militantes del MTP que en aquellas horas decidieron entrar al Regimiento.
Eduardo Barcesat,
uno de los pocos abogados que aceptó coordinar las defensa de los veinte imputados del MTP: "Se había montado un espectáculo represivo".
La noche anterior al copamiento, Enrique Gorriarán Merlo -dirigente del MTP e ideólogo de la toma- dijo a los combatientes: la toma del RIM 3 era “el último tren de la historia” para resolver los asuntos de la política por la vía de la lucha armada. Dicho esto, los invitó a subir. El no entraría.
Sergio Paz,
combatiente de La Tablada, recuerda las últimas palabras de Gorriarán antes del combate
Joaquín Ramos, 25 años después, cuenta cómo fue el ataque.
Nacido a principios del año 1986 en Managua, donde Enrique Gorriarán Merlo vivía y trabajaba como agente de la Inteligencia nicaragüense, el Movimiento Todos por la Patria (MTP) se fundó con espíritu pluralista, frentista, de cara a la política democrática. Sus integrantes habían llegado desde el ERP-PRT y el Partido Intransigente, el radicalismo y el peronismo, la militancia sindical y barrial. Su órgano de difusión había visto la luz antes, en noviembre de 1984: la revista Entre Todos. De tono multipartidario, convocó a periodistas y escritores: Roberto “Tito” Cossa, Pedro Orgambide, Horacio Verbitsky, Luis Eduardo Duhalde, entre otros.
Irene Provenzano, hija de dos combatientes de La Tablada. Su madre murió en combate. Su padre, uno de los líderes del MTP, está desaparecido.
El MTP tenía un año y medio de vida cuando el documento “Sobre la concepción del Movimiento Todos por la Patria”, que reclamaba para sí un rol vanguardista, provocó el alejamiento de importantes sectores.
Podemos leer esa voluntad de vanguardia política a la luz de lo que Rodolfo Walsh había advertido a fines de 1976: “En la práctica sucede que nuestra teoría ha galopado kilómetros delante de la realidad. Cuando eso ocurre, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en patrulla perdida”. El riesgo colateral es pasar por alto las singularidades sobre las que se cimenta la sociedad argentina. La principal crítica al sector de Gorriarán y su documento era que pisaba un terreno más propio de la vieja izquierda que de un movimiento de masas.
Nuestra teoría ha galopado kilómetros delante de la realidad. Cuando eso ocurre, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en patrulla perdida.
Rodolfo Walsh, 1976.
Muchos periodistas que apoyaban el movimiento se alejaron. Hacia finales de 1987 y principios de 1988, quienes desde el comienzo buscaban construir un movimiento amplio, se replegaron ante el cambio en la línea política. Comenzó a crecer la preocupación por la amenaza carapintada. Para Joaquín Ramos el MTP era un partido de izquierda más o menos tradicional hasta que “se dan los levantamientos de Semana Santa. En ese marco el gobierno de Alfonsín empieza a perder terreno, empieza a ceder y desde el MTP nos preocupamos mucho por la situación política y por la situación militar. No nos pasaba solo a nosotros, le pasaba a todo el mundo”, concluye.
El nombre MTP siguió acompañando a ese grupo cada vez más reducido. Quienes sabían de la toma del regimiento de La Tablada no serían más de sesenta y muchos de ellos se enteraron la noche anterior. Cabe preguntarse si debe seguir cargándose a la cuenta del MTP –como si fuera un grupo sin historia– el copamiento del cuartel. Algunos creen sería más pertinente hacerlo al “grupo Gorriarán”. La socióloga Claudia Hilb escribió en la revista Lucha Armada en la Argentina que si “la lenta acumulación de fuerzas populares, era, para el sector que se retiraba la verdad de su práctica política, estos elementos adoptaban, para el sector vanguardista, un carácter mucho más marcadamente instrumental. Y este carácter cada vez más fuertemente instrumental del discurso basista del MTP alcanzará con posterioridad a 1987 su punto culminante en el asalto a La Tablada”. Para Ramos, sin embargo, “desde que se fundó el movimiento se buscó la liberación nacional. Nosotros pensábamos que había que construir un partido, ellos [los que se alejaron] pensaban en una cosa más difusa, pero no todos los partidos terminan como lo que pasó con nuestra organización”.
Sergio Paz,
combatiente de La Tablada: por qué la operación no se podría haber hecho sin desarticular el MTP.
Lo que determinó la toma del Regimiento es que “los tiempos se fueron acelerando y nosotros –dice Joaquín–respondimos con una concepción ya anticuada en el ’89 a una situación que se da, que era el avance de los militares por sobre el gobierno constitucional de Alfonsín”.
Los militantes aseguran que durante el primer día del enfrentamiento, al frustrarse sus objetivos y verse rodeados, intentaron rendirse. En varias oportunidades desplegaron bandera blanca. Pero las fuerzas de seguridad los ignoraron. Esa tarde los militares tomaron prisioneros a José Díaz e Iván Ruiz. Los hechos fueron documentados por las cámaras. Todos los combatientes que se entregaron o fueron capturados durante ese primer día –entre ellos Pablo Ramos, el hermano de Joaquín- están muertos o desaparecidos.
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tras su captura
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La Justicia argentina fue todo lo veloz y ejemplificadora que pudo ser. Apenas cinco meses después del asalto al cuartel de La Tablada, el 20 de junio de 1989, los veinte acusados por el ataque fueron llevados a juicio oral y público. Allí sólo se juzgó la responsabilidad de los asaltantes, del grupo de apoyo externo y de la conducción del Movimiento Todos por la Patria (MTP). Las denuncias por torturas, desapariciones y ejecuciones sumarias que hicieron los guerrilleros habían sido desestimadas: el juez de instrucción Gerardo Larrambebere consideró que no había pruebas suficientes.
Con esa decisión de no seguir investigando, se consolidó la impunidad sobre las desapariciones en democracia de Francisco Provenzano, Carlos Samojedny, José Díaz e Iván Ruiz. Todos ellos fueron detenidos cuando estaban heridos y desarmados y llevaban varias horas combatiendo. Además, existieron al menos dos ejecuciones sumarias: Pablo Ramos y Berta Calvo. También denuncias –en algunos casos, comprobadas por informes médicos oficiales- sobre tormentos y vejaciones contra los detenidos.
Por una paradoja de la historia, los militantes del MTP fueron juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia, que no admitía la revisión del proceso. La norma había sido sancionada después de la dictadura para disuadir, con penas muy duras, a los militares que pretendieran romper el orden constitucional.
Cuando el juicio concluyó cuatro meses después, Roberto Felicetti y Claudia Acosta fueron condenados a reclusión por tiempo indeterminado y el resto de los que entraron al cuartel, a 25 años. El fraile Antonio Puigjané, que no estuvo en el regimiento ni en sus inmediaciones, recibió 20 años de pena por ser considerado parte de la “asociación ilícita” que decidió el asalto. Los que estuvieron fuera del cuartel recibieron penas de entre 10 y 15 años. A Felicetti y Acosta les aplicaron entonces la misma condena que a los genocidas Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera en el juicio a las Juntas, mientras que a Puigjané –cuya participación, a criterio de muchos, no fue probada- se le aplicó una pena superior a la del genocida Orlando Agosti, tercer miembro de la Junta militar.
Así cubrió la noticia el diario Página/12. Haga click en la imagen para ampliar.
La abogada alemana Petra Schlagenhauf, de la Unión Democrática de Juristas, participó del juicio en calidad de veedora y aún hoy reivindica lo que escribió en su informe: “La situación política en ese momento era muy difícil, la opinión pública estaba movilizada por el asalto, pero tenían la obligación de trabajar por una justicia independiente. El tribunal tenía su idea ya hecha cuando los juzgó”.
La Cámara Federal de San Martín, integrada por Hugo Fossati, Marta Herrera y Jorge Barral, achacó a los asaltantes todas las muertes de militares y policías que se produjeron en el cuartel, incluyendo a las que se dieron por “fuego amigo”. Incluso les cargaron las que no se pudieron determinar un autor o autores, como el caso del conscripto Tadeo Taddía.
Sin la posibilidad de apelar la sentencia ante una instancia superior, con la hostilidad evidente del tribunal, con la opinión pública y los partidos políticos en una postura de condena muy dura, los juzgados no tuvieron el derecho a defensa básico para considerar a un juicio como justo. Este y otros argumentos fueron los que determinaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendara a la Argentina, gobernada por Carlos Menem, que investigara las denuncias de los asaltantes y revisara sus condenas.
Esa posibilidad no llegó nunca. Los presidentes Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde conmutaron penas y firmaron indultos (que incluyeron a militares carapintadas). La salida no fue simple ni gratuita. Llegó por la presión de una huelga de hambre de más de cien días, que incluyó una campaña de solidaridad internacional motorizada por los familiares de los presos. Reunieron el apoyo de organismos internacionales de derechos humanos, de artistas e intelectuales, entre los que se contaban José Saramago, Noam Chomsky y Manu Chao. Pero aquella reparación atemporal, fue un modo de remedar el daño causado a veinte militantes que sin duda pretendieron afectar el orden institucional pero que cuya pena se terminó fijando por criterios exclusivamente políticos y atados a la coyuntura.
* Autores de La Tablada. A vencer o morir, la última batalla de la guerilla argentina.
A los que ingresaron al cuartel se los consideró coautores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita calificada, rebelión, usurpación de un cuartel, 11 homicidios doblemente agravados, 12 tentativas de homicidio, 3 robos agravados por su comisión con armas, 4 privaciones ilegítimas de la libertad, 3 lesiones graves y 8 lesiones leves.
Claudia Beatriz Acosta. Participó de la toma.
Condena: prisión perpetua por tiempo indeterminado. Indultada en mayo de 2003.
Miguel Ángel Aguirre. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
Luis Alberto Díaz. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
Roberto Felicetti. Pertenecía a la dirección del MTP. Participó de la toma.
Condena: prisión perpetua por tiempo indeterminado. Indultado en mayo de 2003.
Isabel Margarita Fernández. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultada en mayo de 2003.
Gustavo Alberto Mesutti. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
José Moreyra. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
Carlos Ernesto Motto. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
Sergio Manuel Paz. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
Luis Darío Ramos. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Desde octubre de 1998 cumplió condena en España. Indultado en mayo de 2003.
Sebastián Joaquín Ramos. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Desde octubre de 1998 cumplió condena en España. Indultado en mayo de 2003.
Claudio Néstor Rodríguez. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
Claudio Omar Veiga. Participó de la toma.
Condena: perpetua. Indultado en mayo de 2003.
A los que ingresaron al cuartel se los consideró coautores penalmente responsables de los delitos de asociación ilícita calificada, rebelión, usurpación de un cuartel, 11 homicidios doblemente agravados, 12 tentativas de homicidio, 3 robos agravados por su comisión con armas, 4 privaciones ilegítimas de la libertad, 3 lesiones graves y 8 lesiones leves.
Por considerarse coautores penalmente responsables de asociación ilícita. En algunos casos, partícipes secundarios y rebelión:
Juan Carlos Abella. No entró al regimiento.
Condena: diez años de prisión.
Juan Manuel Burgos. No entró al regimiento.
Condena: once años de prisión.
Cintia Alejandra Castro. No entró al regimiento.
Condena: once años de prisión.
Miguel Ángel Faldutti. No entró al regimiento.
Condena: trece años de prisión.
Daniel Alberto Gabioud Almirón. No entró al regimiento.
Condena: trece años de prisión.
Dora Esther Molina. No entró al regimiento.
Condena: quince años de prisión. Indultado en mayo de 2003.
Juan Antonio Puigjané. No entró al regimiento. Es sacerdote.
Condena: veinte años de prisión. Desde 1998 cumplió prisión domiciliaria en el Centro Franciscano Argentino. Indultado en mayo de 2003.
Durante el copamiento Dora Molina estuvo afuera del cuartel: "Los compañeros se fueron identificando gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense. Hoy hay cuatro compañeros desaparecidos."
Por rebelión, asociación ilícita calificada, homicidios reiterados, lesiones graves, usurpación, privación ilegítima calificada y robo agravado a:
Enrique Haroldo Gorriarán Merlo. No entró al regimiento. Fue secuestrado en México en 1995, enjuiciado en 1997.
Condenado a prisión perpetua. Indultado en mayo de 2003.
Ana María Sívori. No entró al regimiento. Fue detenida en Rosario en 1994 y enjuiciada junto con su esposo Gorriarán Merlo en 1997.
Condenada a 18 años de prisión. Indultada en 2003.
Enrique Gorriarán Merlo no entró al regimiento. Fue secuestrado en México en 1995, enjuiciado en 1997 y condenado a prisión perpetua. En mayo de 2003 recibió el indulto, junto al resto.
El fundador del PRT y el ERP fue el principal ideólogo de la toma a La Tablada. Decía querer frenar un nuevo intento golpista. Algunos militantes hoy desmienten esa hipótesis.
Participó de la fundación del PRT y en 1970 fue delegado en el congreso fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
En ese congreso se lo designó como uno de los jefes militares y a Mario Roberto Santucho como Secretario General.
En agosto de 1972 logró fugar del penal de Rawson donde militantes peronistas y de izquierda estaban presos. La recaptura de muchos y su posterior fusilamiento se conoció como la Masacre de Trelew.
A fines de 1976 se fue a Nicaragua a sumarse a la guerrilla sandinista. Luego del triunfo de la revolución, organizó la inteligencia y el departamento de seguridad del Estado.
Lideró el grupo que asesinó al dictador nicaragüense exiliado en Asunción del Paraguay, Anastasio Somoza, el 17 de septiembre de 1980.
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En las semanas siguientes al intento de copar el cuartel, los familiares identificaron los cuerpos de muchos de los militantes muertos. A fines de febrero quedaban cinco sin nombre. Los enterraron como N.N en el cementerio de la Chacarita. Desde entonces y más de una vez, se pidió la exhumación de esos restos. En 2009 el Equipo Argentino de Antropología Forense los identificó. Por presunciones del EAAF, se pidió la exhumación del cuerpo enterrado como Francisco Pancho Provenzano y se comprobó que pertenecía a Carlos Quito Burgos.
El copamiento de La Tablada no solo deja dudas sobre los motivos políticos, sino que adeuda el esclarecimiento judicial sobre el destino de cuatro personas desaparecidas. Iván Ruiz –sobrino de Roberto “Gordo” Sánchez, muerto dentro del Regimiento– y José Alejandro “Maradona” Díaz habían venido desde Nicaragua poco tiempo antes. El Gordo Sánchez había pasado años preso de la dictadura argentina y se exilió en Francia. Allí se sumó su hermana Aurora con Iván, de 10 años. Luego vino Nicaragua. Iván tenía 12 años cuando se sumó al sandinismo siguiendo a su tío; Maradona era su amigo, también argentino y con una mamá viviendo en Quilmes. Cuando fue La Tablada Iván tenía 20 y José, 30. La secuencia de fotos de Eduardo Longoni muestra que ambos estaban vivos y rindiéndose, entregándose a los militares.
Aurora Sánchez,
la madre de Iván Ruiz, supo que su hijo estuvo en el copamiento a La Tablada por la lista hallada en una mochila
El juez federal de Morón Germán Castelli, en la causa n° 5110, consideró en 2009 que la desaparición de los jóvenes constituían delitos de lesa humanidad y procesó a Jorge Varando y a Alfredo Arrillaga . La Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín dio la razón a la defensa y no dejó pasar la figura legal de “lesa humanidad”, aunque entendió que los delitos de desaparición no habían prescripto. Mediante un recurso de queja la resolución de esta causa se encuentra en la Corte Suprema de Justicia. Jorge Varando era el jefe de seguridad del banco HSBC sobre Av. de Mayo durante el 20 de diciembre de 2001. Bajo sus órdenes, desde adentro del banco se dispararon 54 tiros, uno de ellos mató a Gustavo Ariel Benedetto, de 23 años, que vivía casualmente en La Tablada y era repositor. Alfredo Arrillaga fue condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar.
A esto se suma un elemento no menor, José Díaz tuvo un hijo en Nicaragua que no pudo inscribir con su nombre porque estaba en la clandestinidad en las filas del sandinismo junto con su compañera. El joven se llama Daniel Padilla y para hacer coincidir su documento con su identidad necesita hacer un análisis de ADN. Sin el cuerpo del padre se dificulta.
Francisco “Pancho” Provenzano estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires. De familia radical, venía de la militancia en el PRT-ERP y de largos años de cárcel durante la dictadura. Integraba el secretariado nacional del MTP y fue quien organizó la rendición del grupo en la mañana del 24 de enero. En el tiempo que pasó entre la rendición ante los militares encargados de recuperar el cuartel y la visita del juez Gerardo Larrambebere, Provenzano desapareció. El mismo destino corrió quien estaba con él en el grupo de los incursores rindiéndose: Carlos “Sordo” Samojedny.
Al Sordo lo había detenido primero la Triple A en 1974 y quedó preso en Rawson y en Caseros hasta la llegada de la democracia. Tras el encierro y sin abandonar la psiquiatría había escrito Psicología y dialéctica del represor y el reprimido. Experiencias en la unidad carcelaria 6 Rawson. También había pertenecido al ERP; en el libro enumera más de doscientas sesiones de tortura. Los sobrevivientes de La Tablada denunciaron que las de Pancho y Sordo fueron desapariciones selectivas, luego de ser todos sometidos a torturas, los apartaron del grupo. Irene Provenzano y Sofía Samojedny, las hijas, siguen la causa judicial junto con algunos militantes detenidos en La Tablada, como Dora Molina. Está radicada en el Juzgado Federal de Morón nº 1 a cargo, en la actualidad, del juez subrogante Juan Pablo Salas, y la fiscal Mercedes Soiza Reilly realiza la instrucción.
Eduardo Barcesat:
"Había una decisión de hacer de esto un gran escenario de escarnio y represión del MTP"
Recién en 2013 gracias al Equipo Argentino de Antropología Forense se identificaron cuerpos que habían sido enterrados como NN: Roberto Sánchez, Carlos Burgos, Roberto Vital Gaguine, Juan Manuel Murúa y José Mendoza. Se habían exhumado después del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat cuenta por qué la falta de investigación de las desapariciones y otras falencias llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanas a pedir la anulación de la sentencia
El sobreviviente restituye lo que se sustrajo a la experiencia colectiva. Los testigos que lograron salir con vida de La Tablada y los que estuvieron en los alrededores del regimiento, como parte del grupo de apoyo, asumieron con los muertos la deuda de la denuncia. Dentro del RIM estuvieron alrededor de 36 horas, pero ya desde las 10 de la mañana del 23 de enero, apenas cuatro horas después de entrar, comenzaron los intentos por rendirse. Entre lo no investigado judicialmente están las denuncias por ejecuciones sumarias de al menos dos incursores: Pablo Ramos y Berta Calvo.
Entre lo no investigado judicialmente están las denuncias por ejecuciones sumarias de al menos dos incursores: Pablo Ramos y Berta Calvo.
Créditos de fotografías:
Archivo Hasenberg-Quaretti, Pablo Lasansky, Eduardo Longoni (secuencia Iván Ruiz y José Díaz) y agencia Télam.
