En enero y abril de este año dos denuncias alertaron a la justicia federal: en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires y en San Miguel había mujeres que estaban siendo víctimas de explotación sexual. La justicia intervino teléfonos, cruzó datos, hizo seguimientos. Durante meses llevó adelante dos investigaciones que se tramitaron en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Ariel Lijo. Entre septiembre y octubre hubo 57 allanamientos en los dos distritos y se rescató a 87 mujeres. Hay 24 imputados, entre ellos varios efectivos policiales y una mujer de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) de San Miguel.