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Docente e investigadora de la Universidad de Zuliaa, y con una trayectoria política en su país, Lola Aniyar de Castro participó del II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología en la Universidad de La Matanza. El primer día, fue una de las encargadas de clausurar la jornada. Habló de los conflictos sociales e identificó lo que considera una causa de la violencia: “No es la pobreza, es la desigualdad”, dijo.

-¿El derecho penal puede poner fin a la violencia?

-Con el derecho penal no se combate la violencia. El derecho penal es una de las cosas más cuestionadas que existen porque también es una forma de violencia, es la rama más violenta del sistema jurídico. Representa el ejercicio de la fuerza por parte del Estado, fuerza que usa supuestamente para controlar una serie de conductas que el Estado mismo define como malas. Se supone que esa definición es el resultado de un consenso general de la sociedad, cosa que normalmente no es. Se ha demostrado que la pena no previene el delito, ni siquiera las penas más graves. Siempre he dicho que el derecho penal es simbólico, está allí par que la gente piense que el Estado existe y que se está ocupando de sus problemas. Pero el número de casos que llega al derecho penal, además de eso, es mínimo. En la práctica el sistema penal está abolido porque la gente resuelve sus problemas afuera. Tal vez los casos en los cuales no sucede eso son casos de homicidio.

-¿Ante un homicidio sí pesa la pena?

-Yo siempre pongo el homicidio entre paréntesis porque es lo más impactante; hay un consenso total de que es un bien jurídico a tutelar. Es el único momento en el que el derecho penal estaría legitimado, pero no porque lo resuelva sino porque se entiende que el Estado se preocupe por el caso del homicidio.

-¿Cómo se combate entonces la violencia?

-Hemos llegado a la conclusión, basada en evidencia, de que la respuesta son las medidas de solución privadas de los conflictos y las medidas de participación del Estado en relación con la comunidad, ya sea para resolver o para evitar que se produzcan los conflictos. Realmente reduce la cantidad de violencia homicida. En algunos países de América Latina estamos viendo ya que el gobierno media entre las bandas delictivas de los grandes carteles, dándoles medidas de inclusión y pidiendo que lleguen a un acuerdo. Las dan habitación para la familia, visitas en la cárcel, y a cambio de eso, les piden que rebajen el número de homicidios.

-¿Por ejemplo?

-En El Salvador el número de homicidios disminuyó a la mitad después que el Gobierno medió entre las partes. Ahí no tuvo nada que ver el derecho penal. En cambio, en los periodos anteriores se habló de las penas duras primero, y de las penas durísimas después, como medidas para acabar con el delito, y lo que se hizo fue aumentar la violencia y el homicidio. En cambio, esto funcionó. Es decir, está el Estado obligado a inventar nuevas alternativas para entender lo que está pasando debajo, que es en cierta forma responsabilidad del Estado. En el caso de El Salvador, no es solamente un país que con altísimo índice que inequidad y un desarrollo muy escaso, sino que se ha agravado con el hecho de los repatriados que han sido expulsados de los Estados Unidos. Son enormes cantidades de personas, muchos de los cuales han cometido delitos y que están imbuidos de la cultura de la banda norteamericana.

-¿Qué le queda al derecho penal?

-Me gusta recordar, que la mejor definición de poder es que “el poder es el poder de definir”, y el código penal define qué es bueno y qué es malo. Todo el poder del mundo está en un código penal. El código penal oculta y representa intereses. Si tú analizas el código penal, te das cuenta que hay cosas que no tienen la categoría que tiene la pérdida de la vida pero que tienen penas mucho mayores. Si uno realiza una radiografía del código penal muestra qué es lo que piensan los políticos y los dirigentes de ese Estado sobre el bien y el mal y sobre cómo debe ser la sociedad.

-¿Entonces qué función cumple la pena?

-No tiene ninguna función que no sea simbólica. Uno de los más famosos sociólogos positivistas, el francés Émile Durkheim, dice que la función de la pena es crear una especie de reacción emocional en la población. La reacción demostraría que hay una conciencia colectiva común, es decir, que todo el mundo está de acuerdo. Dice que es una cosa totalmente psicológica, pero como una forma también de cohesionar la sociedad en torno a lo que el código dice o establece que es bueno o que es malo. La pena no es resocializadora. Todas las constituciones dicen que debe serlo, pero ése es un gran juego de alucinaciones que se producen en el discurso político. Cada vez nos damos cuenta más de que el Estado no puede controlar sus cárceles y que las cárceles son territorio del delito, que son los que gobiernan las cárceles, en todo Latinoamérica es así, y que prácticamente lo ideal sería resolverlo de otra manera. Y hay posibilidad de hacerlo.

-¿Hay que abolir la pena privativa de la libertad?

-Yo soy básicamente abolicionista, pero creo que hay un elemento mínino- y recalco mucho la palabra mínimo-, de pedagogía política en el hecho de que se diga que matar a una persona tiene una pena determinada. Soy masivamente abolicionista, creo que los controles generan más violencia, más corrupción y mayor infelicidad en la población. Pero hay cosas que hay que protegerlas, la vida humana por lo menos. ¿Podemos hacer un efecto de biblia terrenal a través del código penal con esa pena? Bueno, eso tiene un sentido. Pero lo que sucede en la práctica es que por ejemplo en mi país la impunidad del homicidio es gigantesca, es del 93 por ciento de los casos. De cien casos, solamente siete van a parar a los tribunales. La pena perdió la función simbólica. Esta allí en el código, pero cuando tú ves la práctica no existe le función.

-¿Cómo ve a la Argentina en estos temas?

-No puedo hacer una evaluación de todo el sistema penal en la Argentina, pero creo que están funcionando bien algunas instituciones, y la judicial funciona razonablemente bien para como funciona en el resto de América Latina. Creo que son pocos los países que pueden decir eso, y sus sentencias vale la pena conocerlas y repetirlas.

-¿Hay algún país modelo para la región?

-Hay países que yo respeto mucho porque veo que las instituciones tienen algún sentido, como Costa Rica, que tiene una buena Defensoría Pública y un buen sistema judicial, las cosas funcionan. Aunque también oyendo las cifras que se comentaron hoy de detenidos y de sentencias en ese país son muy grandes. Yo voy allí todos los años y escucho a los jueces hablar de sus propios problemas, así que nada es perfecto en ninguna parte. Pero cuando yo comparo con otras partes sé que ése es un poco paradisíaco en relación con los parámetros institucionales.

-¿Qué investiga ahora?

-Yo enseñaba derecho penal, y lo dejé para pasar a la criminología cuando entendí que el derecho penal no tenía nada que ver con la realidad y que está lleno de mitos que no se realizan. Me metí en la criminología porque me permite escarbar la realidad de las personas que me rodean, de la conciencia colectiva- si es que la conciencia colectiva existe, que yo tengo mis dudas-. Me interesa mucho saber qué está pasando en este momento, por ejemplo. Si yo investigo algo, lo investigo hoy, porque yo sé que ya mañana será distinto. Y que posiblemente lo de hoy es diferente de lo de ayer.