Infojus Noticias

Martín Canevaro organizó dos veces su fiesta de casamiento. La primera tenía todo listo: los pasajes de la familia uruguaya de su futuro marido comprados, los alojamientos garantizados, los preparativos de la fiesta a punto. Pocos días antes debió suspender todo. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires presentó una apelación al recurso de amparo que un juez de primera instancia les había concedido para que pudieran casarse. Semanas después, el 15 de abril de 2010, él y Carlos Álvarez se convirtieron en marido y marido. Faltaban todavía tres meses para la sanción de la ley de matrimonio igualitario.

Hoy la discusión sobre los derechos de gays, lesbianas, travestis y transexuales está en otro punto. “Hay un gran cambio: lo que la ley hizo fue terminar con la discriminación institucional”, dice Canevaro, al frente de la organización 100% Diversidad y Derechos. “La discriminación por orientación sexual e identidad de género es un problema grave de la sociedad argentina y visibilizarse hoy como gay sigue teniendo costos en el ámbito laboral, educativo, familiar. Desde el punto de vista jurídico falta mucho por hacer”, afirma Canevaro. Junto con otras organizaciones, trabaja en la lucha por la reforma integral del Código Civil en cuestiones de familia. Y considera que la violencia institucional hacia travestis y trans en muchos lugares del país amerita decisiones urgentes.

El debate legislativo por la reforma de los artículos del Código Civil que decían que el matrimonio era un asunto entre una mujer y hombre debe haber sido - con el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- uno de los más apasionados de los últimos años. El matrimonio igualitario fue ley con sólo seis votos de diferencia a favor. “Esa lucha tuvo varias estrategias”, recapitula hoy Canevaro.

¿En qué momento ustedes empezaron a sentir que era posible la ley de matrimonio igualitario?

- Que el Congreso debatiera los derechos civiles de gays y lesbianas era histórico. No era la primera vez que se presentaban proyectos de ley que reconocían los derechos de las familias LGTB,  pero sí era la primera vez había condiciones políticas para que esos proyectos se discutieran. Tuvo mucho que ver la voluntad política de quienes presidían las comisiones. Las diputadas Vilma Ibarra en la comisión de Legislación general y Juliana Di Tulio en la de Familia colaboraron en generar el  escenario que habilitó la discusión.

Canevaro recuerda que en esos meses de debate las y los militantes por los derechos civiles de lesbianas, gays, trans y travestis tuvieron que poner el cuerpo. “Para intervenir políticamente, nosotros como un grupo social vulnerado por la discriminación teníamos que dar testimonio personal. Para que nuestras reivindicaciones se pudieran debatir en el Congreso, había que generar instancias judiciales y de visibilidad en los medios. Hay otros grupos sociales vulnerados que desde hace años son actores sociales relevantes. No era nuestro caso. Estas luchas reflejan lo que planteó siempre el movimiento feminista: lo personal es político. Tuvimos que hacer público lo personal para poder ser considerados”.

Cuando el proyecto de matrimonio igualitario llegó al Congreso, nueve matrimonios del mismo sexo se habían concretado por vía judicial. “A esa altura estaba instalado en el imaginario social que era inadmisible que no tuviésemos los mismos derechos que las otras familias. Ningún actor político podía sostener públicamente que un viudo después de convivir 30 años con su pareja no tenía derechos hereditarios. Lo que se discutía no era que tuviéramos o no iguales o similares derechos, sino que los que se oponían pusieron en el centro cómo se llamaban esos derechos”. La estrategia de los senadores que rechazaban el matrimonio igualitario fue tratar de sancionar la unión civil. “Nosotros ahí dijimos: si no hay matrimonio, hay discriminación. La unión civil era una propuesta de segregación”.

Gays, lesbianas y trans siguen luchando por la adecuación de toda la legislación relacionada con la familia al espíritu igualitario del acceso al matrimonio. Quedan otros aspectos del Código Civil que son discriminatorios. Y queda también acostumbrar a las instituciones que aplican las leyes a trasladar el igualitarismo a las prácticas burocráticas. 100% Diversidad y Derechos y la organización Les madres recorrieron un largo camino para lograr que los registros civiles inscribieran a los hijos de las parejas del mismo sexo en las mismas condiciones que los hijos de parejas heterosexuales. Al principio los registros civiles no querían asentar el nombre de las dos madres, o aclaraban en el acta que una mujer era la madre y la otra la cónyuge. También se trabajó para garantizar los derechos de los hijos nacidos antes de julio de 2010. “Nosotros no tenemos por qué judicializar a nuestras familias. Llevamos una propuesta al Poder Ejecutivo que se transformó en el decreto de necesidad y urgencia 1006 que firmó la Presidenta para que los hijos de las parejas nacidos antes del matrimonio igualitario pudieran ser inscriptos como tales. Esos niños obtuvieron partidas de nacimiento nuevas, fue una medida muy celebrada”.

El proyecto de reforma integral del Código Civil y Comercial unificado busca explicitar en todo el ordenamiento jurídico argentino el principio de igualdad. “En lo que se refiere a la comunidad LGTB es un proyecto que profundiza el espíritu igualitario porque incorpora en la filiación por voluntad procreacional”.

-¿Qué situaciones de discriminación transformaría la reforma del Código Civil que se está discutiendo?

-Está la filiación biológica y la filiación por adopción. El proyecto reconoce la filiación en favor de parejas, no importa el sexo de sus integrantes, usuarias de técnicas de fertilización independientemente del estado civil. Hoy si un hombre y una  mujer quieren inscribir un hijo como propio no tienen que estar casados. La filiación de la madre se reconoce con el acta de nacimiento de la partera. Cuando un varón va al Registro Civil a reconocer a un hijo nadie le pregunta ¿usted puso la semillita? Las parejas del mismo sexo tienen que estar casadas para que se reconozca la filiación o someterse a un proceso judicial para obtener el reconocimiento. Dos mujeres que son madres utilizando técnicas de fertilización tienen que estar casadas para inscribir un hijo como de la pareja. La modificación del Código Civil reconocería la filiación más allá del estado civil. Esta reforma implica un cambio de paradigma en el derecho de familia. El matrimonio es un derecho, no una obligación.

El marco jurídico que desde 2010 viene consolidando la igualdad ante la ley en lo que se refiere a cuestiones de familia no termina de llegar a todos. Allí donde persisten códigos contravencionales y fuerzas de seguridad en las que todavía se reproducen las prácticas discriminatorias, travestis y transexuales son las que peores lo pasan.

Atraso normativo en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires una travesti sale de su casa a hacer las compras en el supermercado chino de su barrio, se cruza con un policía al que le parece que su forma de vestir comunica que está haciendo oferta sexual callejera, el policía la detiene, la lleva a una comisaría, la golpea. “En la provincia de Buenos Aires están vigentes un código contravencional y una ley orgánica de la Policía que facultan a las fuerzas de seguridad a realizar detenciones en las que el policía es juez y parte. Pueden detener a una persona hasta 12 horas para averiguar su identidad, 12 horas que se pasan en un calabozo, con tratos crueles y torturas. Eso se combina con artículos que penalizan el ejercicio de la prostitución en “situación de escándalo”. ¿Quién determina la situación de escándalo? El policía. En este contexto, en Argentina, la población trans, travesti y transexual, vive en un situación predemocrática”, sostiene Canevaro. Por eso 100% Diversidad y Derechos exige la derogación del código contravencional de la provincia de Buenos Aires, “La ley te permite cambiar tus datos registrales, poner el nombre que elegiste en el DNI, pero salís a la calle y te detienen. Claramente hay un atraso normativo que, si no se resuelve, es una situación de discriminación y anacronismo jurídico”.

Este año, 100% Diversidad y Derechos comenzó a trabajar con la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. El primer resultado fue a partir de una denuncia por homofobia contra Telefé. El canal había eliminado unos segundos de un capítulo de Los Simpson en el que Homero se besa con un hombre. A través de un trabajo de mediación se logró que Telefé emitiera el capítulo completo. Cuando las organizaciones que luchan contra la discriminación cuestionan los discursos de los medios que reproducen estereotipos muchas veces se los acusa de promover un discurso “políticamente correcto”, de atentar contra el humor o la libertad de expresión.

“Yo propongo que traslademos esa situación que en la TV se muestra como una parodia a una escuela. En el aula el chico gay es hostigado por sus compañeros, le dicen mariquita, le esconden la mochila, lo apartan. Siempre después de la expresión verbal que supuestamente es relajada o “políticamente incorrecta” viene la exclusión, viene la violencia, viene el impedirle a la persona que ejerza un derecho”, dice Canevaro y lo repite: “Después del discurso políticamente incorrecto, en el ámbito concreto de la socialización viene la exclusión”.