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William Godnick es coordinador en la región del Programa de Desarme de las Naciones Unidas. Estuvo a cargo de un proyecto de cooperación entre la ONU y el Ministerio de Seguridad sobre modernización de la gestión de arsenales, que se mantuvo durante las administraciones de Nilda Garré y Arturo Puricelli. Conocedor como pocos de la situación latinoamericana, y autor de libros al respecto, habló con Infojus Noticias sobre la importancia del desarme civil.

–¿Por qué son importantes las políticas de desarme civil?

–Independiente del nombre o la etiqueta de la iniciativa, los Estados necesitan tener establecidos mecanismos permanentes donde la gente puede deshacerse de manera legal de armas de fuego que consideran no deseadas y/o peligrosas. Sea por una hija que heredó el arma de su abuelo y no lo piensa usar o un padre que ha tenido guardado un arma en su ropero durante mucho tiempo y ahora tiene un adolescente en casa con problemas emocionales.

En América Latina el 75% de los homicidios se cometen con armas de fuego, así que reducir la cantidad en circulación es importante como medida de prevención. En general los programas de desarme civil ayudan prevenir la violencia social (conflictos entre personas, violencia juvenil, suicidios, etcétera) y no criminal, aunque de manera indirecta pueden reducir el stock de armas disponibles a los ladrones y de esa manera aumentar el precio por ellas en el mercado ilícito. En algunos países han hecho campañas de varios años, en otros las hacen anualmente y en otros es una iniciativa de corta duración. No hay una receta única.

Pero quiero ser claro, la utilidad del desarme es limitada si no se articula con una serie de otras medidas como la regulación del comercio de armas, el combate al tráfico ilícito en fronteras, la modernización policial, reforma judicial, desarrollo de políticas pro-jóvenes y el puesto en marcha de mecanismos de resolución pacífica de conflictos.

–¿Qué áreas deberían estar involucradas en la tarea de prevención de la violencia social?

–En los temas de violencia social (en contraste con la violencia criminal) la comunidad de salud pública hace contribuciones importantes. Es un sector más acostumbrado a trabajar sobre evidencias y desarrollar estrategias en base de ensayos clínicos. Obviamente, en la mesa tienen que estar los educadores, estudiantes, la policía, actores del sistema judicial, autoridades locales. Pero en contraste con los esfuerzos para combatir el crimen organizado, los policías y los jueces deberían tener un espacio de iguales cuando se enfrenta la violencia social.

Si no hacemos lo anterior, el riesgo es de criminalizar el hecho ser joven, de bajos recursos y vivir en una zona marginal o de clase trabajadora. Es importante tomar en cuenta que aún en las comunidades más complicadas es una minoría de la población que participa en la violencia y la criminalidad. ¿Cuántas veces nos preguntamos cómo es que el 95% de los jóvenes de un barrio muy deprimido con altos niveles de violencia nunca sacan un arma de fuego para resolver sus conflictos? ¿Cuáles son los factores de resiliencia de estos muchachos no violentos frente a los desafíos cotidianos?

–Un argumento frecuente para la compra de un arma es la defensa de la delincuencia, ¿qué respondería a eso?

–Es un tema complejo. En repetidos estudios independientes se ha generado evidencia que indica que un usuario legítimo de armas que intenta defenderse contra un asalto a mano armada termina muerto o lesionado con mucha mayor frecuencia que logra matar o herir a su asaltante. Al mismo tiempo, estadísticamente es más probable que haya una tragedia dentro de la casa con el arma de fuego del legítimo usuario de que lo vaya a poder utilizar exitosamente contra un criminal.

Lo complicado de esto es hay casos donde efectivamente un legítimo usuario logra repeler a un asaltante con su arma de fuego. Es la minoría de los casos, digamos 1 de cada 10. Y en algunos casos otros inocentes resultan afectados por las balas perdidas. También por una mezcla de problemas relacionados con el machismo y con la falsa publicidad que Hollywood hace sobre el uso de armas de fuego como solución mágica en sus películas llevan a una mayor cantidad de personas, 4 de cada 10 digamos, creer que ellos van a ser exitosos en responder con su arma de fuego a un asalto armada cuando la realidad no es así.

–¿Las armas que salen del mercado legal y las que están en manos de las fuerzas de seguridad pueden tener tecnología de rastreo? ¿Cuál sería su utilidad?

–La gran mayoría de las armas de fuego y municiones en el mundo fueron fabricadas y vendidas de manera legal en su primer momento. Las armas legales pasan al mercado ilegal por robo, desvío, corrupción, etcétera. Actualmente, existe una serie de tecnologías como códigos de barra, códigos Qr, chips GPS, dispositivos que reconocen las huellas digitales, etcétera. La implementación de estas medidas podría ser útil pero seguramente aumentan los costos. ¿Y qué hacer con las armas que ya están en inventarios?

Las Naciones Unidas apoya la integración de estas tecnologías y otras. Justo en noviembre del año pasado auspició una reunión en Nueva York donde empresas con tecnologías que permiten combatir el tráfico de armas presentaron sus productos y procesos. Sin embargo, la tecnología tiene que ser acompañada por otros cambios institucionales para reducir la corrupción y mejorar la seguridad física de los depósitos de armas y municiones para que funcione. Repito el tema de las municiones porque son hasta más importantes que las mismas armas y son más difíciles de controlar por venir en grandes cantidades de pequeñas unidades. El comercio mundial de municiones es tres veces más grande que el comercio en armas de fuego.

–Según su experiencia, ¿cómo se puede combatir el tráfico ilegal y controlar la circulación de las armas existentes por fuera del control estatal?

–Con estrategias que incluyen medidas en cuatro áreas: control sobre el comercio legal, control sobre las existencias el estado y privadas, combate al tráfico ilícito y reglas legales claras sobre la posesión y uso de armas de fuego.

Para ilustrar aquí doy una medida de cada área: marcación secundaria de armas importadas como medida de control sobre el comercio legal, convenios bilaterales con países vecinos para intercambiar inteligencia sobre rutas de tráfico de armas, destrucción de armas obsoletas y excedentes para poder controlar mejor las existencias operativas y el desarrollo de normas armonizadas con países vecinos para prevenir casos donde una actividad que es delito un país sea solamente una falta administrativa en el país vecino.

–¿Conoce la creación del Banco de Materiales Controlados? ¿Cómo cree que contribuirá al control de la circulación de armas? 

–Sé algo de la existencia del Banco de Materiales Controlados que incluirá en custodia muchas cosas que pueden ser peligrosas para el público más allá de armas de fuego. El control efectivo requiere de a) personal capacitado con altos niveles de integridad; b) el control físico de los artículos y c) el control informático de los mismos. Creo que este sistema tiene mucho potencial en este sentido.

En cuanto a las armas bajo custodia judicial, nos interesa mucho como Naciones Unidas porque este sistema y otros parecidos sirven para sistematizar los datos sobre armas de fuego ilícitas. De esta forma se podrá identificar mejor de dónde provienen y poder tomar medidas preventivas hacia el futuro, incluyendo el intercambio información con países que podrán ser lugares de origen y/o de tránsito. Es un problema que trasciende fronteras y por ende las soluciones también deben transcender de ellas, no solamente en tratados y declaraciones sino también en acciones prácticas.

–Por último, Argentina es pionera en la región en políticas de desarme, ¿cómo cree que podrían enriquecerse?, ¿qué experiencias de otros países podrían imitarse?

–Una pregunta difícil de responder cuando Argentina ha hecho mucho a través del RENAR y al mismo tiempo juega un papel muy constructivo en todos los procesos multilaterales sobre control de armas y desarme tanto a nivel regional como global. Quizá el tema no pasa por adoptar experiencias desde afuera sino buscar profundizar y articular más los esfuerzos entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Los gobiernos provinciales tienen responsabilidades de combatir la circulación ilícita de armas y la violencia armada. También se debe trabajar más en la judicialización en sus diferentes momentos para que la sociedad sepa que actos violentos con arma de fuego tienen consecuencias reales. Y al final, el trabajo con la juventud también es clave. Tenemos que convencerles de que el arma de fuego no es un accesorio útil para el proyecto de vida que ellos buscan.