Infojus Noticias

En cuestión de minutos, en el décimo piso de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ocho mujeres se ubicaron alrededor de una mesa de trabajo. Convocadas por la directora de Asuntos Jurídicos del organismo, Ana Oberlin, trabajan desde hace un año en la creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de femicidios y de homicidios agravados por el odio de género. En una entrevista colectiva con Infojus Noticias repasaron las características del registro que definen como “una herramienta” para prevenir que las mujeres sean asesinadas por el hecho de serlo.

“Cuanto empezamos hicimos una convocatoria abierta entre las trabajadoras y los trabajadores de la secretaria para que el registro tuviera distintas miradas, más allá de lo jurídico”, comentó Oberlin y aclaró: “las que se sumaron son mujeres”. La interdisciplinariedad, como meta, fue el primer logro de este equipo. Desde junio del año pasado, sociólogas, comunicadoras, abogadas, antropólogas, y especialistas en obstetricia, que trabajan en diversas áreas de la secretaría, se reunieron para impulsar el registro que, “de manera seria y documentada”, se propone “analizar y promover políticas públicas para prevenir la ocurrencia de estos hechos”.

El objetivo de la Unidad –que prevé presentar un informe parcial a fin de año-  es, a través del análisis de expedientes judiciales, dar cuenta de “qué herramientas están sirviendo, que herramientas no y que nos están faltando” para, tal como lo establece el Ley Nº 26.485, lograr la “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. Especialmente, en su forma más grave e irreversible: los femicidios.

La charla comenzó con una ronda de presentaciones. Marianela Galli fue la encargada de romper el hielo. Contó que desde la subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos realizó diversos trabajos sobre los derechos de las mujeres. Marianela es socióloga, pero no lo mencionó en su presentación; más adelante otra de sus compañeras lo hace notar. Recuerda su rol en relación a los debates que mantuvieron para decidir con qué criterios explorar los expedientes judiciales, su fuente de análisis.

Desde una punta de la mesa, Mercedes Bazán miró a sus compañeras y sonrió. Trabaja en la dirección general de Gestión Informática y tiene a su cargo el desarrollo de la base de datos. “Es una aplicación gratuita, con tecnologías de código abierto”, explicó y dijo que, una vez volcados los datos, el equipo podrá hacer las consultas necesarias para sacar estadísticas y cruzar información.

En la base se podrán rastrear, por ejemplo, la edad, el nivel de ingreso, tanto de la víctima como del agresor. O si había denuncias previas por lesiones o amenazas; si se trata de femicidios “vinculados”, donde las víctimas fatales, por ejemplo, son los hijos, pero la mujer es la destinataria última de esa agresión. Entre todas, las entrevistadas reconstruyen el caso de un hombre que chocó el auto en el que viajaba con sus hijos, que murieron en el accidente. Recordaron que ese hombre, minutos antes, había llamado a la madre de los chicos, de la que estaba separado, para decirle “me voy con los chicos”.

—¿Incorporan a la base casos que la Justicia penal puede no caratular como femicidio?

—Sí, vamos a trabajar con homicidios de mujeres—respondieron al unísono. E inmediatamente aclararon que también van a dar cuenta de los homicidios de odio por género. “Por ejemplo, si un adolescente varón es asesinado por su padre, eso es varón que mata a varón y no está en el tipo penal; pero si el crimen se da un contexto de odio de género lo vamos a incorporar”, contaron y dijeron que también tuvieron que decidir si incorporaban o no casos en los que “una mujer mata a otra mujer que sea su pareja”, por ejemplo. Decidieron hacerlo porque “ese crimen también se puede dar en un contexto de violencia de género o doméstica que no está contemplado en la figura de femicidio”.

Aclararon que la base de datos que están construyendo tiene su recorte temporal en diciembre de 2012, cuando el tipo penal se incorporó al Código, pero este no es un límite. Lucia Gómez Elorrieta, trabaja en el área jurídica nacional y retomó la pregunta inicial, comentó que también “vamos a evaluar cómo los operadores jurídicos califican este tipo de hechos”. “Vamos a trabajar con la hipótesis de femicidio en todos los casos en los que haya muertes de mujeres”, explicó.

Claudia Perugino, otra de las abogadas, lo ejemplificó: “hace poco tuvimos el caso de un hombre en Lomas de Zamora que prendió fuego a una mujer; como en vez de llevarla a un centro asistencial, la puso en la bañera, el juez lo caratulo como abandono de persona. Ese hecho no fue caratulado femicidio o homicidio agravado en contexto de violencia de genero pero para nosotras es un hecho a cargar en el registro”. “Hay otras cosas que seguimos discutiendo”, agregaron varias. Volvieron a mirar a Mercedes, la informática, que otra vez sonrió.

Graciela Vargas dijo que también contemplan dar cuenta de las violencias que puede sufrir una mujer que está cursando un embarazo, si esto aparece asociado a un femicidio. Desde hace tiempo, viene trabajando en subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos sobre violencia obstétrica, y advierte que es necesario tener una mirada al respecto. Cada una aporta, desde su experiencia y formación, una mirada, una eje para pensar un problema que de por sí es complejo.

“No estamos pensando en soluciones esquemáticas”, apuntó alguna de ellas y Catalina de Isla, de la dirección de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad, agregó: “la idea es que esto nos sirva para encontrar en dónde están los agujeros en la política pública de protección, qué se hizo, qué pasó, dónde pasó, si estaba funcionando la restricción perimetral, si no funcionaron los controles por qué, la idea es que nos podamos dar cuenta de cómo llegamos a esa situación”.

Leticia Virosta, trabaja en Asuntos jurídicos internacionales, y recordó que a poco de iniciar el proyecto tuvieron un conversatorio con la antropóloga Rita Segato. “Trabajamos sobre las nuevas formas de criminalidad y muertes de mujeres ligadas al narcotráfico, a la explotación sexual, a la trata de personas y a otras formas de cosificación violenta con fines de explotación sexual o pornográfica”, ejemplificó. “Todas estas nuevas formas, también están de algún modo contempladas en el registro”, apuntó Lucía, la otra abogada, que recuperó los dichos de sus compañeras y durante la entrevista ayudó a circular el grabador.

La explicación que sintetizó la diversidad de variables de la que estaban hablando vino del colectivo: “la mirada está puesta en el contexto en el que se dan estos crímenes”. “En cada caso, vamos a buscar los antecedentes penales del agresor si tienen que ver con la violencia por razones de género, no si tiene una denuncia por un robo a mano armada”, explicó Ana Oberlin. Catalina avanzó sobre las otras preguntas, empezó a enumerarlas: “las edades de las víctimas y los agresores, pero también los niveles de ingreso”, pero también “tenemos pregunta que son hipótesis, cada una de nosotras, pero también estamos dispuestas a leer el campo y ver qué nuevas preguntas surgen”.

“Estamos haciendo este trabajo para poder decir con toda la seriedad que el tema merece qué herramientas están sirviendo, que herramientas no y que herramientas nos están faltando”, resumió Ana, la directora de Asuntos jurídicos. “Hay leyes, lo que nosotras queremos es trata de colaborar para que lo que está todavía sea mejor y se potencie para tratar de prevenir la ocurrencia de estos hechos”, agregó. Y adelantó que a fin de año tiene previsto presentar un informe con los primeros resultados de este trabajo.

“El registro no sólo va a cuantificar cuántas mujeres muertas en contextos de violencia por género hay, sino también cómo son sus historias; los modos en los que la justicia habló de ellas, cómo llegaron a ser víctimas en estas muertes violentas”, agregó Leticia, y recordó que el trabajo se enmarca en el cumplimiento de compromisos internacionales, como la convención que dispone la creación de un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en el sistema interamericano a la convención de Belém do Pará. Lucía, su compañera en el área jurídica, retomó esta línea argumental: “la idea no es asociarla con un objetivo punitivista, no vamos a pedir aumento de penas”, dijo y apuntó: “La idea es promover políticas públicas en material de prevención y reparación también”.

Nota: El equipo a cargo de la creación del registro se completa con Marta Pesenti, de la dirección de atención a grupos en situación de vulnerabilidad; Ana Moreno, del Consejo del Federal de Derechos Humanos, y Nathalie Giordano, del área de comunicación y prensa de la Secretaría de Derechos Humanos.