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La Universidad Nacional de Avellaneda es una de las tantas casas de estudio fundadas en el conurbano bonaerense y en el interior del país durante los últimos años. A partir del año próximo, contará con la carrera de abogacía en su oferta académica. Carlos María Cárcova será su coordinador, en lo que plantea como un desafío en torno a la formación de un nuevo perfil de técnico jurídico.

Cárcova fue militante estudiantil y defensor de presos políticos hasta su exilio en Brasil, tras el secuestro y la desaparición de su socio Mario Yacub. Integró el primer Consejo de la Magistratura como representante de los abogados, y desarrolló una destacada carrera académica como promotor de la investigación jurídica. Reconocido en el ámbito de la filosofía del derecho, plantea una óptica interdisciplinaria en la formación de los abogados del futuro.

Cárcova explicó a Infojus Noticias por qué los graduados “contarán con una visión del derecho distinta de la tradicional”, como indica el folleto promocional de la carrera. La noción de técnicos jurídicos en contacto permanente con las ciencias sociales y su participación en las políticas públicas como parámetro profesional, son dos de los ejes en los cuales el jurista propone pensar un nuevo paradigma de educación universitaria.

¿Cómo surge la idea de lanzar la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Avellaneda?

-La iniciativa es una medida hija del entusiasmo que puso de manifiesto hace mucho tiempo el Ministerio de Justicia de la Nación, impulsada por el secretario Julián Álvarez. Originalmente la Universidad de Avellaneda no tenía intención de trabajar en carreras extremadamente convencionales. La idea era ofrecer formaciones alternativas, vinculadas a carreras cortas que pudieran facilitar al graduado una rápida inserción en el mundo laboral con conocimientos que puedan valer en términos de calidad profesional. Pero nosotros fuimos a ofrecer una carrera de Derecho no convencional.

¿En qué sentido la carrera que se va a lanzar no es convencional?

-No pondrá un énfasis marcado en la creación del abogado litigante como es práctica en casi todas las universidades nacionales y extranjeras. En las facultades de derecho de todo el mundo, salvo pocas excepciones, predomina desde hace doscientos años una formación de tipo dogmático exegética. Es decir, por un lado se requiere saber las normas, por otro las decisiones de los jueces. Eso da como resultado una formación en la destreza del abogado litigante, el que lleva pleitos, hace sucesiones o ejecuta pagarés.

¿Qué clase de conflictos escapan a esa formación?

-Los problemas relacionados al consumo, el medio ambiente, la biotecnología, la bioética, las comunicaciones, el derecho a la salud. No hay abogados formados técnicamente para especializarse en la multiplicidad de problemas jurídicos que se suscitan, por ejemplo, en el universo de un hospital. Hay una realidad complejísima en donde pululan miles de personas por día, cientos de médicos, enfermeras, camilleros, autoridades, empleados. Se tejen multiplicidad de relaciones jurídicas que no pueden resolverse a partir del capítulo de un código. Hay una enorme cantidad de disciplinas con implicancias jurídicas que no figuran en las currículas de grado ni posgrado.

¿Qué clase de abogados se pueden ocupar de estos aspectos de la realidad actual?

-Obviamente no se puede ocupar un abogado que tiene una formación convencional. Porque conoce fundamentalmente el Código Civil, Penal, de Comercio, y no alcanza. Tiene que ser un abogado que tenga interlocución, un diálogo disciplinario con otros conocimientos. Esas cosas no se perciben como una demanda en las actuales facultades de derecho y en muchas otras facultades. La vida académica se organizó en base a las disciplinas. Hoy esa lógica es insuficiente para afrontar los problemas de la sociedad, y todavía no la hemos trascendido.

¿Qué otros conocimientos deberían formar parte de la formación del abogado?

-La materia prima con la que trabaja un estudiante de derecho es el lenguaje. No hay, que yo conozca, ninguna facultad de derecho que incluya en su currícula una, dos o tres materias que tengan que ver con el desarrollo de la lingüística. Se podrían incorporar nociones vinculadas a las teorías del discurso, de la narratividad, la recepción, la semiótica del texto. Son cuestiones que si fueran manejadas por el jurista, serían de una inmensa utilidad para introducirse de una manera más plena y mejor preparada en uno de los campos que generalmente suele ser de los más problemáticos de la vida del derecho, como lo es el de la interpretación de las normas.

¿Cómo afecta eso al trabajo del abogado?

-La lingüística enseña que no existe la “estabilidad del signo”, es decir que las palabras no quieren decir siempre lo mismo. Que nociones legales como las de “buen padre de familia”, “debidos cuidados”, “salario justo”, “vivienda digna” o “mujer honesta” son conceptos que se cargan históricamente de sentidos diferentes. Lo que las palabras dicen se va alterando, se va transformando, se va mutando en función de las variaciones culturales, históricas y científicas que constituyen la evolución de la vida social y humana. Por eso es un verdadero disparate leer lo que Vélez Sarsfield escribió hace 150 años y creer que uno entiende lo mismo que él estaba queriendo decir. Queremos incluir cuestiones como esta en la nueva currícula.

¿Por qué los ámbitos académicos reniegan de esta complejidad?

-Las instituciones son conservadoras por naturaleza. No está mal que lo sean, porque son estándares de comportamientos en la organización de la vida social creados para facilitarla. Se puede vivir en sociedad porque compartís un conjunto de expectativas generalizadas, como transitar por la derecha en las rutas, esperando que el que viene de frente también vaya por la derecha. En algún sentido, está la sana preservación de cierto estado de cosas, pero también existe la negación al cambio por cuestiones vinculadas al egoísmo de la gente, al poder, a la necesidad de preservar espacios propios o a la reproducción de ciertas hegemonías sociales.

¿Qué perspectiva tiene la carrera en la Universidad de Avellaneda en ese sentido?

-En buena medida los contenidos que aspiramos a consagrar en la formación de la carrera de abogacía en la UNDAV están pensados para suplir una carencia del Estado. En la década del ’60 la universidad advirtió o la empresa privada le hizo advertir que el tipo de profesional que se formaba ya no alcanzaban para satisfacer sus necesidades. A partir de ese momento se empezaron a producir otros perfiles que daban respuesta a problemáticas de mayor complejidad. Pero lo que el Estado necesita en términos de saber jurídico para el desarrollo de políticas públicas no está configurado en la oferta de las facultades convencionales de derecho.

¿Por qué las universidades públicas cambiaron en función de las necesidades del mercado y no de las del Estado?

-La respuesta es política. Hemos vivido décadas y décadas no sólo sufriendo los avatares de la autocracia y el autoritarismo salvaje expresado en el terrorismo de Estado. También en la formulación de políticas estatales y su concepción del modo de organización de la sociedad calaron fundamentalmente ideas vinculadas a la lógica neoliberal. Entonces se redujo el papel del Estado en detrimento de la elaboración de políticas públicas. Con el proyecto político que nació en 2003, donde el Estado tiene un fuerte papel interventor en la organización del orden social, empiezan a jugar otros roles las universidades y los centros de producción de cultura y conocimiento.

Con esa perspectiva, ¿qué clase de abogado aspira a formar la Universidad de Avellaneda?

-Lo que necesitamos es un técnico jurídico que no esté pensando en la lógica del litigio sino que piense en la formulación de políticas públicas estratégicas. Que piense cómo se organiza el tránsito en los grandes centros urbanos, en cómo se extienden las redes de comunicación, cómo desarrollar políticas de gobierno para que se conviertan en políticas de Estado. Para eso hace falta que se preserven los equipos técnicos de la burocracia estatal.

La carrera coincide con el nacimiento del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús. ¿Se va a trabajar para formar profesionales que contribuyan a ese espacio?

-Confío en que la dinámica institucional de la universidad permita una comunicación fluida con las otras carreras y áreas de conocimiento. Buscamos perfeccionar una idea de especificidad regional o territorial. Esperamos aprender todos de esa nueva dinámica de relacionamiento. Todo lo que hacemos es a largo plazo, pero tenemos la esperanza de que produzca efectos en lo inmediato. Sabemos que todo lo que hacemos tendrá sentido en la medida en que no se trate sólo de una política de gobierno sino que se convierta en una política de Estado.