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Sentado en el comedor de la única parroquia de Campo Gallo, en una cena a la canasta con pizza recalentada, cabrito, puré y zapallitos rellenos, el padre Joaquín Giangreco, 31 años, la barba enrojecida, los brazos fornidos y la frente quemada por el sol, dice que, si por él fuera, viviría en medio del monte, solo, en un rancho sin luz y cerca de los campesinos. Su ritmo de vida es acelerado, tiene los ojos cansados y la agenda repleta. Apenas durmió unas horas: debió dar misa por un difunto en un paraje lejano. Y ahora, resfriado, calcula los zapallos y los porotos del locro para la fiesta por “Nuestra Señora del Carmen”, la patrona del pueblo. Afuera, el grupo de jóvenes “exploradores” de la iglesia juega al metegol. En horas, harán un picadito de fútbol con él, en el fondo del predio.

En 1995, un cura ganó las elecciones municipales y fue intendente por un período. Se llama John Bosco Mendonca, es de La India y era párroco de Campo Gallo. En la parroquia, construida con un diseño de arquitectura moderna, hay un recuerdo latente de su obra. En el centro, ahora hay una carta del Papa Francisco, escrita a mano con una bendición para el pueblo. Pero los vecinos se amontonan en otro espacio. En un salón de usos múltiples, cerca de la entrada principal, funciona el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), una experiencia única en la zona. Allí, hace un año, trabaja un equipo multidisciplinario compuesto por el abogado coordinador Ezequiel “Chueco” Álvarez, la psicóloga Eliana Abdala, la trabajadora social Gisela Méndez y el trabajador administrativo Rubén Ávila.

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Antes de llamarse Campo Gallo se llamó Hipólito Yrigoyen, pero el pueblo del norte de Santiago del Estero se fundó en 1918 cuando se lo bautizó en homenaje a Juan Camilo Gallo, un terrateniente que fue el dueño de la comarca. Casi cuarenta años después, es un pueblo de 7 mil habitantes,  con su plaza central y un pequeño tramo de asfalto que cruza la iglesia, la intendencia, el  hospital  y la comisaría. Árido en su desierto y boscoso en su monte, es la cabecera del Departamento Alberdi. El total del distirito tiene 20 mil habitantes. En los parajes rurales, hay vacas y ovejas, hay quebrachos y algarrobos, y se escucha más chamamé que chacarera sobre el sordo sonido de las topadoras.

Hace dos años, el padre Joaquín era párroco de una villa del Bajo Flores y estaba a cargo de la capilla del club San Lorenzo. Conoció al padre Pepe Di Paola y a los curas villeros. Joaquín, que se crió en Capital Federal, estaba por viajar a “El Impenetrable” y se imaginaba  en la selva chaqueña cuando recibió un llamado: era el padre Pepe, que se había autoexiliado en Campo Gallo por amenazas del narcotráfico. Le pidió que lo reemplazara, porque debía regresar a Buenos Aires como cura de “La Cárcova”. Cuando Joaquín escuchó que la parroquia comprendía 120 parajes rurales en 500 mil hectáreas, lo único que pensó fue que sería una misión titánica. Que pasaría del vértigo de la villa a la soledad del monte.

El padre Joaquín es amigo del Papa, hablan por teléfono cada tres semanas, es hincha de San Lorenzo como él y fue su obispo cuando estudió en el seminario de Buenos Aires. Hace un año, viajó a Roma a visitarlo y  fue su huésped de honor. Para el abogado “Chueco” Álvarez, el CAJ no sería posible sin el trabajo social de Joaquín. “En los pueblos de provincia, los  párrocos no son sólo referentes religiosos, sino también políticos”, dice, en su pequeña oficina donde hay débil señal de internet y en la que alguna vez no pudo mirar a los ojos a los padres de un niño que murió porque los médicos no llegaron a atenderlo. “El aislamiento de los campesinos es duro, no pueden acceder a los derechos más básicos. No hay agua potable y no hay planes de vivienda. La labor social de este CAJ es prestar acompañamiento, apoyo, no sólo resolver trámites judiciales”, enfatiza, y cuenta que la obra pública creció después de una reciente migración de varias familiares del monte hacia el pueblo. Se asfaltaron las calles, se mejoraron las plazas y el alumbrado público, se hicieron redes de potabilización del agua.

El CAJ se creó a pedido del padre “Pepe”. En un principio, se pensó en montar una oficina en un tráiler, pero Joaquín ofreció la parroquia. En Campo Gallo, el nombre “Centro de Acceso a la Justicia” despertó una serie de expectativas: los vecinos se imaginaron oficinas de juzgados o que el abogado resolvería conflictos de derechos como si fuera el juez de paz, la única autoridad judicial reconocida de la zona.  

-Los profesionales no son magos. Tengan paciencia- les decía Joaquín. El centro, ahora, atiende todos los días y tiene un promedio de 400 consultas por mes.

El “Chueco” Álvarez piensa que, en este pueblo, no es un centro de acceso a la justicia: es, esencialmente, un centro de justicia social. Y remarca dos aristas principales: el trabajo con ANSES y la articulación con otros organismos públicos, como el Servicio Social y la Dirección de Tierras de la provincia. “En esta zona hay mucho conflicto de tierras. Es una deuda pendiente”, dice, y aclara que es difícil avanzar en acuerdos entre el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), el CAJ y la Dirección de Tierras. Pero los acerca una voluntad de debate: hay reuniones para charlar temas como el mapa de explotación forestal, que planteará nuevas condiciones sobre el desmonte, la vida campesina y el cuidado del bosque nativo.

El despojo de la tierra afecta a los que viven en el monte. Un campesino de 72 años fue detenido por “usurpación” de un campo, comprado irregularmente por empresarios de otro país. El hombre, nacido y criado allí, fue apresado en presencia de sus hijas y nietos sin ninguna orden de allanamiento. Le agarró una crisis de nervios. El abogado del CAJ lo visitó en su celda y exigió que lo llevaran a un hospital. Al mismo tiempo, informó al Comité de Emergencia de Tierras. Ese día otro juzgado emitió otra orden de detención. Y el campesino volvió a quedar preso. Desde el CAJ lograron su libertad definitiva. Cuando regresó a la tierra donde vivieron sus ancestros, le habían matado los animales y destruido los sembrados.

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Son las siete de la mañana y Joaquín sacude la tierra de su camioneta Hilux modelo 2000, que no acelera más de 100km/h. En gasoil gasta 5 mil pesos por mes y los amortiguadores chillan: los pozos de los caminos de tierra arruinan la suspensión. El padre Joaquín está inquieto: lo convocaron para mediar en un conflicto vecinal en el paraje “El Valle”, en el límite entre el Departamento de Alberdi y el de Copo, pero no sabe de qué se trata ni quiénes armaron la reunión.

-Soy mediador y busco la unidad de la gente. En eso me diferencio de otros referentes. Quiero ser el cura que ellos necesitan, no imponerles un discurso desde arriba- dice, y le duelen las rodillas de tanto manejar en senderos  donde se perdió varias veces.

Joaquín lo repite, una y otra vez: es la “gente” la que sabe, la que entiende, la que enseña el camino de cómo vivir. “Percibir las demandas del pueblo y estar en sus problemas cotidianos”, esa es su máxima cuando visita las comunidades. El CAJ, según Joaquín, es una herramienta social, un espacio que “es la presencia del Estado en un pueblo que nunca lo tuvo. Y la parroquia garantiza que se expanda a toda la gente, sin distinciones”, dice y se diferencia de la “Teología de la Liberación” o de la mera asistencia religiosa. Su visión es pragmática y cita a los teólogos Lucio Gera y Rafael Tello: prefiere hablar de “Teología del Pueblo”, aquella que se forja en las acciones cotidianas, sin la influencia de ninguna ideología ni utopías políticas más que la de escuchar a los campesinos, el verdadero actor de la comunidad, el “sentir popular”.

-No hay igualdad de condiciones cuando un bebe se muere en el monte porque no hay un hospital cerca. Los curas tenemos una autoridad que responde a las necesidades del pueblo y a su fe. Y no podemos cruzarnos de brazos si hay una injusticia-dice, mientras saluda con un beso en cada mejilla a una señora del monte, que lo recibe con mate dulce y empanadas de membrillo.

Para llegar a “El Valle” hay que recorrer 220 kilómetros entre la arenilla y esquivar  las vacas y las ovejas que se cruzan en el camino. Joaquín frena en las escuelas de los parajes, oficia de cartero y habla con los maestros y los alumno. Hacia el fondo, hay paneles que proveen de energía solar. En los mástiles hay una bandera argentina y otra de Santiago del Estero. Los invita a escuchar la radio de la Parroquia, FM 99.9, que se creó hace unos meses bajo el lema “Si el 666 es el Diablo, la 99.9 es de Dios”. Hay dos programas centrales: “Encuentro al Mediodía”, conducido por él, y “Descosiendo la redonda”, donde un grupo de hombres discute sobre el Mundial de Brasil. En el monte, los campesinos escuchan la radio: sólo ven televisión cuando pueden cargar la tarjeta de Direct TV, una oreja satelital que cuelga de los techos.

En cada paraje, que llevan nombres como “Simbol”, “El Corrido”, “Cuatro esquinas” y “La Fortuna”, hay un promedio de diez casas: los campesinos los llaman “ranchos”, son de adobe y ladrillo, a dos aguas y tienen aljibe en el patio, sin luz eléctrica, con troncos de madera y techo de hoja de malvón, paja y nylon.

A campo abierto, el horizonte se recorta en un punto infinito. El monte es signo de desolación, quietud y peligro. En cualquier instante, un puma o una lampalagua podrían quebrar el silencio que gobierna la intemperie. Cuando el sol sale, enceguece. En verano, con 45 grados, quema. En invierno, acaricia el prado y lo seca de las heladas. Los chanchos caminan como perros por las calles de tierra: hay gallinas que los picotean. Cabras y cabritos juegan en el polvo, que cuando llueve se convierte en un lodazal imposible de pasar para las motos, el vehículo preferido de los campesinos, por encima del caballo. Se huele a bosta, a chiquero, a yuyal seco. A los costados hay “postes”, que es como se llama a los troncos tallados, listos para ser vendidos en los obrajes de la zona. Los dueños explotan a los hacheros, que trabajan a destajo. A ellos les pagan con vales de supermercado. En las plazas principales o en las entradas a los pueblos del norte santiagueño,  los hacheros suelen ser glorificados: aparecen como estatuas gigantes, que miran desde arriba cual si fueran los guardianes de un tiempo que pasa lento.

“La gente de Santiago capital no entiende a la del norte”, dice Joaquín, a quién le gustan ciertas leyendas de la zona como “La Telesita”, tocar chacareras en la guitarra y usar frases como “Dios atiende en Buenos Aires y tiene una sucursal en Santiago del Estero” o “Soy porteño y no tengo idea de cómo se agarra un hacha”.

- El que menos tiene, es el que siempre más da. El año pasado había como 50 hombres que desde las cinco de la mañana ya estaban cocinando el locro. Ese es el fervor popular.  

Lo que sentía como “marginalidad” en el Bajo Flores,  ahora lo siente como “aislamiento” en el monte: dice que, salvo en sus condiciones de explotación, a los campesinos del monte no se los reconoce como personas. Que la comunidad empezó a creer en el CAJ porque les resuelven los conflictos. Que los problemas se visibilizan cuando una vecina ve que la otra denunció al marido por violencia doméstica y cuando un campesino es asesorado por un conflicto laboral. “Así como recorro 600 kilómetros por día, no es tan difícil que acá venga un médico”, bromea y dice que no hay un estudio serio sobre el estado del agua en el monte: que hubo meses donde se morían los animales, que se sospecha que podría estar contaminada por arsénico, que salía barro de los pozos y que había personas con cólicos renales. Y critica a los ecologistas ortodoxos:

-El centro debe ser el ser humano y no el medio ambiente. Hay campesinos que fueron presos por matar una guasuncha. ¿Quiénes son los que devastan el monte?

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En Santiago del Estero, la mayor parte de la población trabaja en el Estado. En Campo Gallo, entre un 60 y 70 por ciento de la población vive de las políticas sociales: de la Asignación Universal por Hijos, del Plan Progresar, de las pensiones por invalidez y las jubilaciones. Antes, debían trasladarse por trámites a Monte Quemado, a 82 kilómetros, y perderse un día, o pagar 70 pesos de colectivo y viajar seis horas hasta a la capital de Santiago del Estero. “Había un hastío por la desidia de la burocracia, pero ahora hacemos operativos de ANSES cada dos meses”. Según el abogado Álvarez, son un éxito: el último fue en abril y hubo 950 consultas, un número récord en la provincia. Lo atribuye a dos motivos: a la legitimidad del padre Joaquín, que convocó casa por casa, y a las necesidades reales por condiciones de pobreza. “Un 30 por ciento consultó por Progresar, y el resto fue por libretas de Asignación, por expedientes sobre jubilaciones y pensiones familiares. La mayoría de los trámites se resolvió y la gente ya está cobrando”, subraya el “Chueco”.

“Logramos que a dos trabajadores despedidos sin aviso de una empresa de seguridad les dieran indemnización y que a su vez sean tomados por otra empresa”, comentan en el CAJ, y celebran los controles permanentes del RENATEA y las fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo.

En Campo Gallo, para iniciar una acción legal hay que viajar a los tribunales de la capital. “Con el CAJ creamos la figura de la mediación comunitaria, que quebró el modelo imperante del juez de paz que resolvía todo. Es una alternativa de resolución de conflictos entre las partes”, dice el “Chueco”, y habla del caso de una madre que demandó a su ex marido por la cuota alimentaria para sus hijos y que, a través de una mediación, empezó a cumplirla. “Le estamos encontrando la forma”, repite, y cuenta que estuvieron a punto de crear una oficina contra violencia de género, pero que es difícil porque en la comisaría no recibían las denuncias. “Trabajar la promoción de derechos es complejo cuando no hay respaldo de las instituciones. La autonomía económica es difícil para las mujeres. Hay una cultura machista, patriarcal”. Ahora están por cerrar un convenio con la Universidad Católica de Santiago: el objetivo es que la institución asegure el patrocinio legal.

La violencia contra las mujeres es una de las realidades más alarmantes. Hay mujeres solas que sufren el abandono con cinco, seis hijos: en el CAJ se reciben juicios de filiación. Una parte de los hombres migra a Buenos Aires a buscar trabajo y no regresa nunca más. Pero hay otras mujeres que son maltratadas por sus maridos. Como M.G., que el año pasado vivió un clavario doméstico, cuando su esposo se emborrachó y la golpeó ante la mirada de sus hijos. La nena más pequeña fue la que más sufrió: se encerraba en su cuarto, no quería comer y agredía a sus compañeros de jardín. M.G. recibió la asistencia del área psicosocial del CAJ y hoy se preocupa por acompañar a otras víctimas de la violencia doméstica.