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El ex juez Juan José Galeano está acusado de haberle pagado a Carlos Telleldín para que declarara contra policías bonaerenses en la causa por el atentado a la AMIA. Entre las pruebas hay un video en el que se ve a Galeano negociando con Telleldín. En 1997, Galeano fue sobreseído en esa causa por el ex juez Gabriel Cavallo, pero luego ese fallo fue revocado con la figura de “cosa juzgada írrita”, o sea cosa juzgada inválida. Se comprobó que hubo un pago de 400 mil dólares y que Cavallo y Galeano eran amigos.

Esto debe ser confirmado ahora por la Cámara de Casación y daría lugar al enjuiciamiento de Galeano, que está pendiente como el de los demás imputados por el encubrimiento del atentando, entre ellos el ex presidente Carlos Menem, Jorge Fino Palacios, Rubén Beraja y el mismo Telleldín.

Ayer hubo una audiencia en la Cámara de Casación en la que Galeano pidió ser sobreseído. Esta audiencia tardó seis años en realizarse. Y finalmente fue convocada por orden de la Corte Suprema de la Nación a raíz de la presentación por “denegación de justicia” que hizo Memoria Activa, la organización que agrupa a las víctimas del atentado en el que murieron 85 personas.

Además de los seis años de demora, a la audiencia de ayer no asistió el fiscal de Casación Raúl Plee, el representante del Ministerio Público Fiscal en la causa.

¿Cómo se explica esta situación? “Lo que nosotros vemos es que el fuero federal ha tenido un funcionamiento muy diletante, desaprensivo, y ha demostrado incapacidad para vencer obstáculos fuertes y poder hacer avanzar una causa que tiene una envergadura institucional enorme”, afirmó Paula Litvachky, directora de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Se trata del mayor atentado terrorista que sufrió la Argentina y de la intervención de funcionarios y políticos en el encubrimiento. En ese marco los funcionarios judiciales han mostrado una actitud muy reticente para que la causa avance. No es una generalización sobre todo el Poder Judicial. Hay funcionarios y funcionarios, hay disputas, pero en esta causa se ve que hay algunos que tienen una actitud negligente y entorpecedora”, precisó Litvachky a Infojus Noticias.

Sobre la ausencia en la audiencia de ayer del representante del Ministerio Público Fiscal, Litvachky consideró que se debe a “está de acuerdo con los argumentos de la defensa y por eso no asiste”.

En este marco, Litvachky sostuvo que es necesario que se investigue por qué durante todos los años que lleva la causa los funcionarios del Ministerio Público no acompañaron el avance del juicio por encubrimiento. “Hay que hacer un análisis profundo de lo que pasó, porque también tiene que ver con la discusión sobre la democratización e independencia de la Justicia”, concluyó Litvachky.