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Un plenario de las comisiones de Derechos Humanos y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados firmó dictamen por la mayoría del proyecto de ley que propone crear una comisión investigadora sobre la complicidad de grupos económicos con la última dictadura cívico militar. El proyecto, elaborado por Héctor Recalde, se trató esta tarde en el Anexo de la Cámara de Diputados y obtuvo amplio respaldo.

La iniciativa apunta a darle a ese cuerpo la misión de identificar a las empresas que colaboraron y se beneficiaron con la dictadura y elaborar un informe para promover la investigación de responsabilidades de la esfera económica y financiera en los mecanismos de represión y terrorismo de Estado. El Frente para la Victoria aspira a darle media sanción antes de fin de año, para remitir el proyecto al Senado. En medio de una jornada colmada de reuniones de distintas comisiones, y dado el amplio apoyo que había suscitado la propuesta, el dictamen se firmó tras pocos minutos de reunión, con apoyo de todo el arco político.

La comisión deberá formular propuestas concretas y útiles para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas". Recalde señaló que su proyecto apunta a "la búsqueda de memoria, verdad y justicia sobre el papel de los empresarios durante la última dictadura". Y agregó que “esta iniciativa es un derecho a la defensa contra la amnesia, la mendacidad y la impunidad".

Previamente, en la comisión de Peticiones, Poderes, y Reglamento, los bloques del FPV, del radicalismo, del FAP, y otras fuerzas firmaron el despacho e introdujeron algunos cambios propiciados por legisladores de la UCR. En esa ocasión expusieron querellantes de casos emblemáticos sucedidos en Acindar y Ford, y el periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) Horacio Verbitsky, quienes relataron cómo algunos empresarios influyeron para que los militares apliquen un determinado plan neoliberal basado en el ajuste y la represión.

"Me pareció fantástica la celeridad con que trabajaron las tres comisiones", dijo Recalde a Infojus Noticias tras la aprobación. Después de su exposición para presentar el proyecto, ningún diputado quiso hacer uso de la palabra, por lo que el abogado laboralista resumió: "A veces digo que el silencio también es música, también tiene valor juídico, y como decimos coloquialmente, el que calla otorga". Celebró el apoyo de amplios sectores de todos los partidos y dijo que "el corte es transversal, lo valoraron los diputados de la oposición". Y explicó que "el sentido es que no haya impunidad de ninguna índole con las complicidades que hubo en la dictadura cívico militar".

El diputado permaneció en el Anexo de la Cámara Baja para participar de la Comisión de Justicia, que se reunió después de tratar su proyecto. "Como la comisión no juzga, porque lo hace la justicia, la idea es desentrañar todas las realidades y verdades en base al principio de memoria, verdad y justicia". Y contempló la posibilidad de "que alguien sinceramente se arrepienta, se acerque y cuente". Concluyó que "en el campo popular estas complicidades se llevaron muchas víctimas de dirigentes sindicales y luchadores, y esto va a permitir que se hagan cargo los que se enriquecieron a costa del dolor y el sufrimiento del pueblo argentino".

El diputado aclaró que “hay muchos ejemplos de empresas y directivos procesados por su vinculación con la represión, pero ahora también se trata de analizar los delitos económicos y profundizar ese proceso”. Ejemplificó que “Domingo Cavallo era presidente del Banco Central cuando se nacionalizó la deuda privada en 1982, y eso hay que investigarlo”, aunque aclaró que “el proyecto no tiene nombre y apellido” sino que buscará echar luz sobre todos los delitos con motivaciones económicas que sucedieron en el período de 1976 a 1983.

Las pruebas o testimonios serán recogidos mediante audiencias en las que se recurrirá a la participación requerida y voluntaria de organizaciones no gubernamentales, académicos, empresas y cámaras empresarias, particulares, asociaciones sindicales, partidos políticos y dependencias de los Estados municipales, provinciales y nacional. Además, la comisión podrá realizar propuestas complementarias para “forjar la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia”.

De acuerdo al proyecto, la comisión estará integrada por un presidente designado por el Poder Ejecutivo Nacional, cuatro diputados y cuatro senadores, que serán elegidos por sus propios cuerpos legislativos. La comisión deberá formular propuestas concretas para forjar "la memoria, responsabilizar a los cómplices y consolidar y fortalecer las instituciones de la democracia así como reformas legislativas que propendan a desalentar conductas como las investigadas". El informe deberá ser publicado dentro de los 180 días a partir de la creación de la comisión y, en caso de que se advirtiera la eventual comisión de delitos, podrá formular las correspondientes denuncias ante la justicia.

Durante la presentación, Verbitsky, celebró el proyecto. En su libro “Cuentas pendientes”, publicado el año pasado en coautoría con Juan Pablo Bohoslavsky, sugirió la creación de una comisión especial como esta. “Una comisión que emulara el trabajo de la Conadep pero en lo referido a los crímenes económicos o motivados por fines económicos”, explicó a los medios. Afirmó que “es un momento virtuoso de la democracia argentina”, en que el sistema político “no está empotrado, sino librando todas las batallasque hay que dar para demcratizar la democracia”.

El periodista recordó que en la Causa 13, “se pasó revista a una cantidad de episodios en los que se verificaba la complicidad con el poder económico”, pero el diseño de política criminal que se aplicaba sólo apuntaba a juzgar a los jefes de las primeras juntas militares. “Se seguía la pirámide de responsabilidades y no había posibilidad de juzgar a otro. El único que iba preso era Videla”, lamentó. La etapa actual de los juicios por los crímenes de lesa humanidad demostró que es posible avanzar sobre la complicidad civil de empresarios y directivos de empresas que se beneficiaron económicamente con esos crímenes y aportaron algún tipo de asistencia para que fueran cometidos.

El proyecto fue registrado con el número de expediene 1676/14 y lleva la firma de los diputados Juliana Di Tullio, María Teresa García, Horacio Pietragalla, Adela Segarra, Pablo Kosiner, Carlos Kunkel, Verónica Magario, Eduardo De Pedro, Andrés Larroque, Juan Cabandié, Carlos Gdansky, Edgardo Depetri y Oscar Martínez.