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 “Es mucho el material sobre el que hay que trabajar y hay soportes que están muy deteriorados”, dijo a Infojus Noticias Juan Murray, el secretario de la Unidad Fiscal AMIA que coordinará el relevamiento y análisis de la documentación y cassettes de audio y video producidos por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en relación con el atentado a la AMIA. El material, desclasificado por un decreto del Poder Ejecutivo, se encuentra en poder de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

El Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental, creado por resolución de la Procuración General de la Nación, cuenta con un plazo de seis meses -prorrogable por igual período- para  identificar, organizar y preservar el material desclasificado. Integrado aproximadamente por veinte personas, con “demostrada experiencia en la gestión de archivos públicos”, el equipo contará entre sus integrantes a personal de la Unidad Especial de Investigación del atentado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“Hoy no podemos decir si todo esta información consta o no en la causa”, aclaró Murray e informó que les resta conocer el estado de conservación del material que está “en cajas, aparentemente sin criterio de clasificación y muy entremezclado”, en tres depósitos de la AFI. “Uno tiende a pensar que hay cosas que pueden no haber trascendido, ni están documentadas en otra etapa de la investigación”, apuntó el secretario; pero aclaró que esto recién lo podrán determina una vez avanzadas las tareas.

En una primera etapa el equipo trabajará en la recuperación de los archivos que están en soporte papel y en cassette, principalmente. Después, trabajarán en el fichaje, el escaneo de los documentos y la digitalización de lo que está registrado en audio y video, para finalmente determinar cuál es el material que corresponde a la investigación del caso AMIA. El objetivo, según consta en la resolución, es “contribuir a esclarecer lo sucedido” y “efectivizar el derecho a la verdad que tienen tanto las víctimas del atentado y sus familiares como el conjunto de la sociedad”.

En la misma resolución que crea este Grupo Especial, la procuradora Alejandra Gils Carbó aprobó el plan de trabajo presentado en abril por los titulares de UFI-AMIA, Sabrina Namer, Roberto Salum y Patricio Sabadini, con un esquema de división de tareas que lleva adelante la investigación del atentado en el que perdieron la vida 85 personas y de su encubrimiento, cuya primera etapa tiene fecha de inicio de juicio para el próximo 6 de agosto.