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En los tribunales de Comodoro Py se escucharon hoy los alegatos de la fiscalía, a cargo de Martín Niklison y las fiscales ad hoc, Viviana Sánchez y Nuria Piñol, en el juicio por el funcionamiento de la maternidad clandestina del Hospital Militar de Campo de Mayo. Frente al Tribunal Oral Federal N° 6, presidido por la jueza María del Carmen Roqueta, Niklison describió a la existencia de la maternidad clandestina y el cautiverio en condiciones inhumanas “como parte de una apropiación sistemática” en la que hubo “participación de la estructura médica”. Con determinación enumeró la enorme cantidad de testimonios que prueban el funcionamiento de la maternidad clandestina que había en el lugar. Y describió cómo a las mujeres detenidas embarazadas les vendaban sus ojos y se las obligaba a vivir en condiciones deplorables, sometidas a todo tipo de vejámenes hasta que parían a sus bebés.

Niklison y el TOF 6 formaron parte del juicio por el Plan Sistemático de menores que, en 2012, condenó a Jorge Rafael Videla a cincuenta años de prisión. Este juicio es un desprendimiento de ese debate. Están imputados los militares Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros; los médicos Raúl Martín y Norberto Atilio Bianco, y la obstetra Luisa Yolanda Sala de Arroche García.

Hoy Niklison pidió la condena a prisión perpetua para Riveros y reclamó 40 años para Bignone. Y penas 35 y 30 años de prisión respectivamente para Martin y Bianco. Para Sala de Arroche García pidió 13 años de prisión.

Entre los casos que se juzgan están la apropiación de los bebes de Marta Álvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Belaustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta y Liliana Isabel Acuña. De esos, sólo tres fueron recuperados: Francisco Madariaga Quintela, Valeria Gutiérrez Acuña, y Catalina de Sanctis Ovando.

Gran parte del eje de los alegatos de la fiscalía estuvieron puestos en el rol de los médicos en Campo de Mayo. “Es necesario romper con la impunidad alimentada por el mito del guardapolvo blanco y el ro del profesional inocuo que cumple con su función sin mirar alrededor”, dijo Niklison. Sánchez consideró que “los jefes de servicio y médicos internos eran militares que prestaron servicios a la lucha antisubversiva”.

De la exposición de la fiscalía quedó en evidencia cómo médicos y directores del Hospital Militar dieron apoyo para atender a personas detenidas dentro de la zona IV, y cómo este actuó como una unidad militar que brindó estructura sanitaria. La atención de las embarazadas era parte de la misión de esa zona y un objetivo prioritario. “Y para eso había médicos de confianza como Bianco, Martin, y otros tantos” dijo la fiscal Nuria Piñol. Y destacó que las acciones no fueron individuales sino como parte del entramado contra “la lucha antisubversiva”.

El rol de los médicos internos en el Hospital Militar de Campo de Mayo fue y es un eje clave en este debate. Sobre Martin, la fiscalía aseguró que “no era  un médico más del hospital. Era un personaje muy importante. Era alguien de confianza de los directivos”, dijo Piñol y agregó que aunque nadie lo nombra de manera directa, “se lo vincula con el mantenimiento de la estructura”. Martin era el médico de cabecera de Bignone, lo que da cuenta de su relación con los altos mandos.

Para la fiscalía la responsabilidad de Bianco está acreditada en los casos de Silvia, Mónica, María Eva y Valeria. Está acreditado que él mismo llevaba y traía con su auto –un Renault 12- a mujeres embarazadas o que habían parido. “Cumplió múltiples roles. Atendió u ordenó atender embarazadas o puérperas en el hospital de Campo de Mayo, El Campito, Epidemiología, y otros centros. Extorsionó a familiares de victimas secuestradas” dijo Niklison. Bianco apenas se movía en su silla. Cuando llegó el cuarto intermedio de la tarde se levantó, caminó unos pasos, habló al pasar con el policía que lo custodiaba y se sonrío de costado. De costado también se sienta todo el tiempo de las audiencias. En ese mismo cuarto intermedio Bignone se levantó de su silla y charló animadamente con Arroche de Sala García, que estaba sentada cerca.

La estructura del horror

Durante la primera parte de la audiencia, Niklison se explayó sobre el pabellón o sector de Epidemiología, donde se alojaba a las detenidas-desaparecidas. Niklison citó a la testigo Ernestina Larretape, la obstetra que explicó que  a las embarazadas se las identificaba como NN, al igual que a sus bebés, y que sus partos no se registraban en ningún lugar. O cómo sacaban ropa a los bebés de otras parturientas para vestir a los chiquitos recién nacidos de las mujeres secuestradas.

También citó al médico Eduardo Poisson, que corroboró otros testimonios que explicaban la forma en que se trasladaban a las mujeres desde ese pabellón hasta el hospital con anteojos de sol y los ojos vendados. El pabellón tenía habitaciones con luz artificial, las ventanas tapiadas, con camas sin almohadas, y una fuerte estructurada de seguridad. Nadie podía entrar o salir de ahí sin permiso. “Estaba vedado, siempre había una guardia”, describió.

Niklison también se refirió a las declaraciones de la obstetra Nélida Balaris: las situaciones de detención de las mujeres, las órdenes que se recibían para atenderlas y los partos que presenció. “Sobran las palabras para referirnos a tamaña definición”, dijo sobre la afirmación del (fallecido) jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia, Julio César Caserotto, cuando tras una cesárea  a una mujer detenida aseguró: “No sé para qué las cuidamos tanto si después las tiramos al río”. La frase fue recordada por la enfermera Elba Lillio.

Los testimonios sobre los vuelos que salían de Campo de Mayo para “tirar gente al río”  y “detalles horrorosos del funcionamiento de El Campito”, también fueron parte de los argumentos esgrimidos por Nikilson. El fiscal también citó las “varias sentencias judiciales vinculadas a lo que pasó ahí adentro”. Y se refirió a la condena por la apropiación de Bárbara García Recchia, que fue confirmada por  la Cámara de Casación y que comprueba el funcionamiento del lugar. Y la de Martín Amarilla Molfino, que nació en 1980, y cuyos padres estuvieron secuestrados en El Campito.

Niklison dio por probada la “existencia de la maternidad clandestina, el cautiverio en condiciones inhumanas, sin registro de su existencia, como parte de una apropiación sistemática” y dio cuenta de la “participación de la estructura médica”.

Después fue el turno de exponer de las fiscales Sánchez y Piñol que, una a una, fueron relatando uno a uno las situaciones en las que cada una de las ocho mujeres cuyos casos se debaten en este juicio. Los tormentos sufridos por cada una de ellas, el curso de sus embarazos y las circunstancias en las que fueron obligadas a parir y las torturas que sufrieron formaron parte de la exposición.

El lunes alegó la querella, a cargo de Abuelas de Plaza de Mayo, que pidió 40 años para Riveros, 35 para Bignone, 30 para Bianco y Martín y 12 para Sala de Arroche García. La semana que viene será el turno del alegato de las defensas de los acusados.

Médicos y torturas

En pos de hacer hincapié en el rol de los médicos dentro del funcionamiento de la maternidad, la fiscalía se refirió al rol de los médicos durante la última dictadura y el nazismo. Y resaltó como un hecho positivo la llegada de médicos como Jorge Luis Magnaco -que se desempeñó en la ESMA- al banquillo de los acusados y la condena que este tuvo.

La cita al trabajo del médico y master en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, Claudio Capuano, “La ética médica cuando se violan los derechos humanos”, fue un pasaje clave de la exposición de la fiscalía. En ese texto Capuano se propone revisar en los juicios por violaciones a Derechos Humanos, cuántos médicos hay procesados y por qué delitos, cuántos permanecen en las Fuerzas Armadas y cuántos son civiles.