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El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Ricardo Sáenz, opinó que la postergación de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (CPP), fue “una medida muy acertada. En los propios fundamentos del decreto dice que tanto la comisión bicameral como la unión de empleados coincidían en que no se podía poner en marcha en marzo”, dijo al ser consultado por Infojus Noticias.

La postergación fue anunciada el lunes pasado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en un encuentro con periodistas. Explicó que se haría a través de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que fue firmado ayer por el presidente Mauricio Macri y todos sus ministros, según publica el Boletín Oficial. Ante la prensa, el ministro había expresado el consenso que existe entre las “organizaciones del sector” sobre la imposibilidad de cumplir con el plazo legal del 1 de marzo. Ese plazo de postergación, según Garavano, serviría para “hacer ajustes a las leyes del Ministerio Público, a la Ley Orgánica del Poder Judicial y al propio código”.

“En el texto del Código Procesal Penal estamos todos más o menos de acuerdo. Lo que no hay dudas es que tiene que ser un sistema acusatorio, que la investigación la lleven los fiscales”, opinó Sáenz. Y aclaró que las objeciones son por asuntos prácticos, de los tiempos de aplicación. “La experiencia de todos los países dice que la implementación de un nuevo Código lleva años, no se puede hacer de esta manera”, expresó.

Uno de los directores de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) Sebastián Pilo consideró que el Código Procesal Penal que se sancionó “representa un avance con respecto a lo que existía” y explicó: “lamentamos que se haya tenido q llegar a esta instancia”, en referencia a la postergación por decreto de la implementación y agregó:  “Es un tema que podría haber debatido el Congreso”.

Luis Cevasco, fiscal general adjunto de la Ciudad, en contrapartida explicó que el retraso en la implementación “era inevitable” porque “estaba muy mal planteada  ya que es absurdo comenzar a implementarla en la Ciudad de Buenos Aires donde hay mayor cantidad de casos y para el cambio cultural que representa es algo muy complejo”.

Para Sáenz, comenzar la implementación escalonada del nuevo instrumento en la ciudad de Buenos Aires, como estaba previsto, es un error en términos prácticos y jurídicos. “En cuestiones concretas, nunca es bueno implementarlo en una ciudad poblada, siempre se empieza por lugares más chicos, con la criminalidad reducida”, explicó. “También es el lugar menos indicado jurídicamente, porque hay convenios pendientes de traspasos de estructuras para que la ciudad tenga su propia justicia ordinaria”, agregó el fiscal.

Pilo, por su parte, reafirmo la necesidad de “la implementación en todo el país” del nuevo código y la necesidad de que esta sea “en el menor plazo posible y en todos los fueros, principalmente el federal”. “Lo que esperamos que queden claros las acciones concretas para que el código sea aplicado en el menor plazo posible” y que “esta suspensión se traduzca en acciones concretas para que se empiece a implementar”, concluyó el director de ACIJ.

El sistema acusatorio

La idea de una implementación escalonada también está presente en el fiscal Cevasco, aunque detalló algunas críticas a la ley sancionada. “Tiene una excesiva participación del juez, que pasa a ser una suerte de escribano del fiscal”, dijo al considerar “impracticable” algunas cuestiones del código sancionado como el caso de que “el fiscal tenga que imputar los hechos delante del juez” porque “va a tener que haber 10 jueces para un fiscal”.

“El Código no fue pensado para la ciudad de Buenos Aires” y “no es útil para el fuero federal del interior”, concluyó Cevasco en referencia al ejemplo que dio aunque aclaró: “Estoy de acuerdo con el Sistema Acusatorio y con la oralidad” pero “que se lo haga más práctico”.

El nuevo Código todavía no tiene fecha de entrada en vigencia. Se hará de acuerdo al “cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal que funciona en el ámbito del Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura”, según consigna el artículo 1° del DNU.

Cevasco, que también es presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, se mostró “de acuerdo con que se limiten las excesivas facultades que se dan a la Procuración General de la Nación” porque, según explica, “se atenta contra la independencia funcional  de los fiscales”.