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26-7-2013|20:31|Lesa Humanidad
Nacionales
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El Servicio Penitenciario presentó una denuncia
Dos millones de recompensa por los represores que se fugaron
Ambos se escaparon del Hospital Militar. El ministro de Justicia y Derechos Humanos le pidió a la Corte terminar con los traslados al Hospital Militar. Y el lunes se firmará un convenio para evaluar el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad que estén en el Hospital Militar.
El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, informó que el Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, presentó esta mañana una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal, para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera.
Además, el Ministerio de Justicia ofreció una recompensa. “Se ofrece como recompensa dentro de la República Argentina la suma pesos 2.000.000 por el plazo de 12 meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención” de los dos prófugos, señalan las dos resoluciones firmadas por Alak.
Los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Defensa y Salud firmarán el próximo lunes un convenio mediante el cual crearán una comisión médica interjurisdiccional a los fines de evaluar el estado de salud de los detenidos por delitos de lesa humanidad que se encuentran internados en el Hospital Militar Central y en el resto de los centros hospitalarios que dependen de las Fuerzas Armadas.
El acuerdo será suscripto por los ministros Juan Manzur, Agustín Rossi y Julio Alak en una reunión a realizarse en la sede de la cartera de Defensa el próximo lunes a las 10. En el mismo acto quedará conformada la comisión integrada por especialistas médicos de los tres ministerios.
Los represores sanjuaninos, condenados el último 4 de julio a cadena perpetua y a 25 años de prisión, se fugaron anoche del Hospital Militar Central “Comisario Mayor Cosme Argerich” de la ciudad de Buenos Aires. Las circunstancias de la fuga son investigadas por personal del Servicio Penitenciario y de la policía.
En la denuncia penal consta que “personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal había efectuado el traslado y entregado a los nombrados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”.
“Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes”, sigue el texto, “se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar”.
Alak solicitó que se investiguen en profundidad los hechos, ya que “ambos internos habían sido trasladados del Complejo Penitenciario Federal Nº II en el horario matutino hacia el hospital Militar Central, en carácter de Tránsito al mencionado Complejo, provenientes del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan, a efectos de cumplir con tratamientos médicos ordenados por el Juzgado Federal Nº 2 de San Juan, a cargo del Dr. Miguel Angel Gálvez”.
El titular de la cartera de Justicia explicó también que “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida. No obstante ello, esta Institución dio acabado cumplimiento a la manda judicial, la que se presenta como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad.”
El pedido señala que además de la investigación sobre los agentes penitenciarios que efectuaron el traslado y sobre la actuación judicial que lo motivó, se investigue también al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad. Ante este cuadro de situación no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera, cumple funciones en el referido nosocomio.
Por último, el ministro Alak hizo saber que fue inmediatamente puesto en disponibilidad y sumariado el personal penitenciario involucrado en los hechos. Y recordó que “ambos condenados ya habían estado prófugos de la justicia, antes de su condena. Incluso la Cámara Federal de Mendoza, había otorgado excarcelaciones que posibilitaron su fuga en la etapa de investigación”.
Terminar con los traslados al Hospital Militar
Alak, por otra parte, le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, que ese cuerpo dicte una acordada a través de la cual instruya a los tribunales inferiores para que no se dispongan traslados de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad al Hospital Militar Central “Cosme Argerich”.
En la misma, solicitó que tampoco sean trasladados a otros centros de salud militares, sino que sean derivados al Hospital Penitenciario Central I del Complejo Federal I de Ezeiza.
En la nota al titular de la Corte, Alak señala que “se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado”.
Asimismo, el ministro refiere que, “atento los hechos de público conocimiento, que dan cuenta de la fuga de dos internos desde el Hospital Militar y la necesidad de que se cumplan con eficacia las resoluciones judiciales de restricción de la libertad de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, solicito el dictado de una Acordada mediante la cual se regule la cuestión planteada y se instruya a los tribunales inferiores para que no dispongan traslados de detenidos civiles o militares de lesa humanidad al Hospital Militar y otra dependencias médicas militares”.
En el mismo sentido, subraya que, “para el tratamiento médico de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con el Hospital Penitenciario Central I”, el cual “está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria”.
Por último, solicita que “ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria para brindar el tratamiento correspondiente”.
El juicio en el que fueron condenados Olivera y De Marchi se extendió por un año y ocho meses. Junto a Olivera - ex teniente de inteligencia- fueron condenados a cadena perpetua el suboficial Osvaldo Benito Martel y al ex comisario de la Policía Federal, Julio Nieto. Los delitos: violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos y asociación ilícita. Por los mismos delitos fueron condenados a 25 años de prisión De Marchi –ex teniente del ejército-, Daniel Gómez y Francisco Del Torchio, que detentaban el mismo cargo. El suboficial Alejandro Lazo, en tanto, fue condenado a 10 años de prisión.
Todos los militares que fueron condenados actuaron en la represión que se desató en San Juan después del golpe militar de 1976, y pertenecían al Regimiento 22 de Infantería de Montaña, dependiente del Area 332 con comando en Mendoza.
Entre las 60 víctimas, que sufrieron torturas, vejámenes y secuestros, hay dos desaparecidos: la ciudadana franco-argentina Marie Anne Erize y el ex rector Juan Carlos Cámpora. Y un muerto, Daniel Russo. El juicio que fue seguido por la comunidad sanjuanina, comenzó el 7 de noviembre de 2011 y frente a los jueces pasaron más de 150 testigos y víctimas que relataron el contexto político de la época y la experiencia personal que vivieron durante sus detenciones.
La actual jueza Margarita Camus, el gobernador José Luis Gioja y su hermano, César Gioja, y el actual juez de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega, entre otros militantes políticos, estudiantes y dirigentes, fueron algunas de las decenas de víctimas que sufrieron torturas y secuestros en la provincia.
Al referirse a la fuga, Camus afirmó: “No hay dudas de que estuvo planificado”. La jueza también agregó que hay temor entre los víctimas.
La sentencia a los militares que formaron parte del aparato represivo del estado en la provincia cuyana durante los años de plomo fue leída en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, que fue sede de casi todo el proceso.
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