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La Corte Suprema de Justicia rechazó tratar la recusación del juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo y la declaró inadmisible. El ministerio público fiscal había pedido el apartamiento del magistrado en causas en las que se investigan delitos de lesa humanidad donde uno de los imputados es Luis Abelardo Patti, ya que “demora el trámite del proceso”. A su vez, el juez “mantendría una opinión contraria a la persecución penal actual por crímenes como los investigados”. El próximo 6 agosto deberá presentarse ante el Consejo de la Magistratura para dar explicaciones.
 
Después de conocerse la noticia de que el máximo tribunal de justicia de la Nación, con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, desestimó el 10 de julio pasado -previo al comienzo de la feria judicial-, la presentación realizada para apartar a Villafuerte Ruzo, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo repudió la decisión. A través de un comunicado expresó su “profundo malestar” por la decisión y reclamó al máximo tribunal que “retome el camino que permita acelerar las causas por delitos de lesa humanidad”.
 
No obstante, Villafuerte Ruzo se encuentra denunciado en el Consejo de la Magistratura por este mismo tema. Se trata del expediente “Cámara Fed. Apel. de Rosario –remite dcia. del Dr. Juan P. Murray s/Act. Dr. Villafuerte Ruzo” en donde la Comisión de Disciplina y Acusación del organismo lo citó para el próximo 6 de agosto. Es para que explique las “dilaciones” y retardos en las causas por delitos de lesa humanidad que lleva adelante. El magistrado podrá presentarse personalmente ante los consejeros o presentar un escrito. La denuncia que llegó al Consejo es la iniciada por el primer fiscal que solicitó la recusación del juez, Juan Murray. Argumenta que el magistrado posee “inusitadas demoras” en causas por delitos de lesa humanidad. Se trata del expediente 220/11, cuyo “consejero instructor” es el representante del Poder Ejecutivo en el organismo, Hérnan Ordiales.

El dictamen de la Procuración

El escrito de Abuelas de Plaza de Mayo considera también que la Corte “contraría el contundente dictamen de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó”, quien sugirió aceptar la recusación del juez. La procuradora general consideró que el comportamiento del magistrado era “indebidamente parcial, pues exhibía un compromiso personal contrario al avance de la instrucción” a partir de un informe realizado por la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas Durante el Terrorismo de Estado.
 
Gils Carbó detalló, en el dictamen previo a la decisión de la Corte Suprema, que hay una “práctica consistente de atrasos exagerados en todos los procesos de esta clase: en especial, demoras burdas en la elevación de actuaciones a la cámara de apelaciones correspondiente, tomándose muchas veces más de un año para un trámite que debería demorar apenas unos días”.
 
Sin embargo, la Corte desestimó el recurso  considerándolo “inadmisible”. Se basó en una cuestión “procesal”, es decir, en el artículo 280 del Código Procesal. Ese artículo permite que el máximo tribunal, “según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
 
El "modus operandi" del magistrado
 
Según detalla el informe citado por la procuradora general, desde la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la jurisdicción de San Nicolás se iniciaron más de 100 causas. Sin embargo, después de más de 8 años recién pudo iniciarse el primer juicio oral. Esto se debe, según el informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones a los Derechos Humanos Cometidas Durante el Terrorismo de Estado, a “los retrasos y obstáculos registrados en el Juzgado en lo Criminal y Correccional federal N° 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villa fuerte Ruzo, donde tramitan todas estas causas”.
 
El fiscal Murray presentó durante este tiempo “más de 30 pedidos de pronto despacho, quejas por retardo de justicia, recursos de reposición, apelación y queja”. Además de enviar oficios a la Corte Suprema. En el marco de la causa "Patti Luis Abelardo y otros homicidio en perjuicio de Perryra Rossi, Eduardo Daniel y Cambiaso Osvaldo Agustín" por ejemplo, según indica el informe, hay un retraso de 6 años “entre el primer pedido de declaración indagatoria y el auto del juez que finalmente ordenó la citación”.
 
Para justificar la tardanza, Villafuerte Ruzo argumentaba “la supuesta existencia de medidas pendientes de producción”, esto es, la falta de recolección de pruebas que permitan al juez resolver el pedido del fiscal. En este caso, la indagatoria de Patti y otros imputados. En la causa se investiga la desaparición de Osvaldo Agustin Cambiaso y Eduardo Daniel Pereyra Rossi, quienes fueron secuestrados el 14 de mayo de 1983 en el bar Magnum de Rosario. Una patrulla de la Unidad Regional de Tigre integrada por Patri, Spataro y Rodolfo Diéguez los mató horas después en un camino vecinal cerca de Zárate, explican los fiscales en el informe.