Infojus Noticias

Cuatro de los secretarios que trabajaron junto al ex juez federal Juan José Galeano, procesado por el encubrimiento del atentado en la AMIA, deberán prestar declaración indagatoria, “en breve”, según confirmaron fuentes judiciales a Infojus Noticias. Sobreseídos en dos oportunidades por el juez federal Ariel Lijo, ahora por decisión de la Cámara Criminal y Correccional, Susana Spina, Carlos Velasco, Javier De Gamas y José Pereyra deberán responder, entre otras cosas, por la destrucción de videocintas con entrevistas y declaraciones tomadas durante la instrucción de la causa, que habrían sido utilizadas con fines extorsivos.

Durante más de veinte años los secretarios no dieron explicaciones en calidad de imputados. Spina siguió trabajando en el mismo juzgado (el federal N°9) donde comenzó su carrera y se gestó la maniobra de encubrimiento. De Gamas en cambio, eligió el fin del mundo: se desempeña como juez de Instrucción en la Justicia provincial de Tierra del Fuego. Pereyra ocupó un cargo en el juzgado hasta 2009, y como Velasco (en 2004) optó por dirigir su carrera a la actividad privada.

En 2012 primero y, tras un pedido de revisión por parte de la Cámara, nuevamente en 2014, Lijo sobreseyó a los cuatro secretarios. Consideró que su accionar no debía ser objeto de pesquisas porque solo el juez (Galeano) tenía facultades para decidir y desviar la investigación del atentado, colaborando en la instrumentación del pago de 400 mil dólares, a través de la SIDE, al ex reducidor de autos Carlos Telleldín para que involucrara falsamente en el atentado a policías de la Bonaerense.

Ante el reclamo de las querellas, los camaristas Jorge Rimondi, Carlos González y Gustavo Bruzzone revirtieron esa decisión. Consideraron que la conclusión a la que había llegado el juez Lijo “constituye una mera afirmación dogmática y no una derivación razonada de los hechos del caso”. Y le ordenaron investigar. Le indicaron, entre otras medidas, que obtenga “copia de las filmaciones” de las reuniones del 10 de abril y del 1 de julio de 1996 donde -en presencia de De Gamas- Galeano habría negociado con Telleldín una nueva declaración.

Esas entrevistas, según el requerimiento de elevación a juicio, se habrían registrado para “entregar copia a la SIDE” y “presionar a otros testigos”. Pero Lijo ya no las tenía en su despacho. Según indicaron fuentes de la investigación, las había enviado, sin dejarse una copia, al Tribunal Oral Federal 2 donde Galeano será juzgado, entre otros junto al exjefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, por desviar la investigación del atentado que le quitó la vida a 85 personas.

Aún no fue fijada la fecha de inicio para este debate, pero se presume será durante el segundo semestre. Hasta ahora, los secretarios iban a formar parte de estos hechos como testigos, como ya lo hicieron en el juicio por el atentado que terminó, en 2004, con la absolución de todos los imputados. Pero ahora, por indicación de la Cámara Criminal y Correccional –en el marco de un reclamo por “retardo de justicia” presentado por Memoria Activa–Lijo deberá indagarlos.

En febrero, Velasco, Spina y el juez De Gamas se habían opuesto a esa decisión; presentaron recursos para discutirlo en la Cámara de Casación y, los últimos dos, recusaron a los tres integrantes de la Cámara. Los camaristas rechazaron estos pedidos y los consideraron “una mera maniobra dilatoria”. Con respecto a la recusación de Bruzzone, simplemente informaron que ya no integra la Cámara, porque fue designada juez en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires). Ahora, queda que Lijo fije fecha para la indagatoria.

“No creo que se demore demasiado”, confirmó a Infojus Noticias una de las partes. Atiende que en la resolución de diciembre los camaristas le indicaron que debía concretar estas medidas “con la celeridad que el caso reclama, dado el dilatado trámite del proceso”.

El rol de los secretarios

La investigación por el encubrimiento comenzó en 2000, cuando Claudio Lifschitz –otro de los prosecretarios del juzgado de Galeano- contó que el exjuez y el gobierno de Carlos Menem habrían acordado “plantar” la pista que dirigía hacia los policías bonaerenses, absueltos cuatro años después por decisión del Tribunal Oral Federal N° 3. Las querellas que encabezan los familiares de las víctimas y la secretaría de Política Criminal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entienden que los otros secretarios, que también trabajaron con Galeano en la investigación, “tuvieron una participación ilícita” en la maniobra.

El punto culminante de ese armado, según se desprende de la parte elevada a juicio, habría sido la audiencia de 5 de julio de 1996, cuando comprado con dineros de la SIDE, Telleldín amplía su declaración indagatoria para involucrar a los policías Bonaerenses. Esa declaración que fue tomada en el despacho que ocupaba Susana Spina, terminó pasada las once de la noche. Y quedó registrada. En 2003, la secretaria que todavía ocupa ese cargo, recordó estos hechos como testigo: contó que -“la mayor parte del tiempo”- estuvo a cargo del interrogatorio porque el expediente “Brigadas” estaba a su cargo.

Ese acto “procesal” sin embargo tuvo otros que fueron preparatorios, pero no formaron parte del expediente por el atentado. El 1° de julio de 1996 -en presencia de Spina, De Gamas y el entonces prosecretario Pereyra- el exjuez se entrevistó con Telleldín para acordar los términos de la declaración que dio cuatro días después. Galeano ordenó que el encuentro fuera filmado, y los investigadores sospechas que la intención era usarlo para, de ser necesario, extorsionar al testigo.

Esa filmación habría sido uno de los materiales destruidos, por orden de Galeano, en la quinta del padre del entonces prosecretario Velasco. “De Gamas y Velasco llevaron los videos a la casa del último donde las destruyeron, con la complacencia de Spina, sin dejar constancia en la causa”, explicó el abogado de Memoria Activa, Rodrigo Borda, cuando presentó el “reclamo por retardo de justicia” contra Lijo, ante la Cámara. Ahora, por decisión de los camaristas los cuatro serán citados a prestar declaración indagatoria, por estos y otros hechos con los que habrían contribuido a encubrir el asesinato de 85 personas, para las que todavía no hay justicia.