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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, envió al presidente de la Nación las candidaturas de Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz para ocupar las vacantes de ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de uno de los pasos previos al envío de los pliegos al Senado, después de finalizado el procedimiento de participación ciudadana que establece el decreto 222/2003.

El proceso de participación ciudadana se inició el pasado 18 de diciembre de 2015, un día después del nombramiento en comisión, donde los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos, y demás sectores de la sociedad civil hicieron llegar sus posturas y observaciones respecto de las postulaciones.

Según detallaron desde la cartera de Justicia y Derechos Humanos, se recibieron “más de 7500 presentaciones de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social, universidades y colegios profesionales”. “Las presentaciones destacan los antecedentes de los candidatos, que dan cuenta de su acabada experiencia como juristas de nota para ocupar el más alto tribunal de nuestro sistema judicial”, explicaron en un comunicado.

Ahora es el turno del presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien dispondrá sobre la elevación de las propuestas a la Cámara de Senadores de la Nación. En caso de que los pliegos vayan a la Cámara alta, allí comienza otro camino. Pasarán a tratarse en la comisión unicameral de Acuerdos, encargada de dictaminar sobre la remisión de los propuestos por parte del Ejecutivo. La comisión concentra toda la información y abre un período de impugnaciones.

Finalmente, se fija una fecha de audiencia pública donde los senadores evacúan sus dudas sobre los candidatos, mediante un sistema de preguntas. El último paso en la comisión es que los 18 senadores que la integran decidan si aprobar o no los pliegos. En caso de ser aprobados, pasan a ser tratados por la Cámara alta en pleno, que debe ratificar a los candidatos en sesión pública con lo que se conoce como “mayoría calificada”, dos tercios del total de los senadores presentes.

Si los pliegos sortean el Senado y las mayorías necesarias, vienen los pasos administrativos de la designación de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país. La oficialización de su designación con la publicación en el Boletín Oficial y la jura ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entre las adhesiones institucionales más importantes, tanto profesionales como académicas, se pueden resaltar la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, AJC Global Jewish Advocacy, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, y RICE University School of Humanities.

También merecen destacarse las siguientes adhesiones: Bruce Ackerman, sterling professor de Yale Law School, Carlos Alberto Chiara Diaz, constitucionalista, Jeffrey M. Colon, profesor de Fordham University, Owen M. Fiss,sterling professor de Yale Law School, Barry Friedman, profesor de New York University, María Angélica Gelli, constitucionalista, Paul W. Kahn, profesor de Yale Law School, y Alfredo Mauricio Vítolo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.

Entre las impugnaciones que se presentaron, se encuentran las realizadas por Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels), la Federación Judicial Argentina, la organización Justicia Legítima, el espacio Habitar –que reúne a un gran número de organizaciones y movimientos sociales que luchan por el derecho al hábitat–, y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad, entre otros.