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Desde el 25 de marzo pasado, luego de un nuevo aniversario del Golpe de Estado, la presentación de la primera etapa  de una investigación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) comenzó a develar una zona del Terrorismo de Estado que hasta ahora permanecía opaca: el secuestro de empresarios nacionales con fines económicos, pero también la complicidad de algunos grupos económicos concentrados que buscaban desarticular a ciertos actores medios del tejido financiero.

Esa investigación dio un paso más la semana pasada: Alejandro Vanoli, titular de la CNV, firmó un convenio con Eduardo Tavani, coordinador del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) “orientado a promover el desarrollo de la Memoria, la Verdad y la Justicia, atendiendo a la efectivizarían de los Derechos Humanos en nuestra sociedad argentina”, según se lee en el documento que sella el acuerdo. “El acceso al material de archivo nos servirá para seguir iluminando un espacio oscuro, la conformación del sistema financiero durante el Terrorismo de Estado del que poco se conoce, aunque aún vivimos las consecuencias hoy: la pobreza, la desigualdad. Eso nos parece importante: visibilizar ciertas cuestiones del pasado que se cometieron y trabajar para cambiar sus efectos nocivos sobre el presente”, dijo a Infojus Noticias Walter Bosisio, uno de los investigadores del organismo que preside Vanoli.

El acuerdo le permitirá la oficina de Derechos Humanos de la CNV -que integran María Celeste Perosino, Bruno Nápoli y Walter Bosisio- profundizar la investigación en la que se sistematiza el secuestro y desapoderamiento de los capitales de cerca de 130 empresarios a partir de 1978. “Vamos a trabajar sobre hechos que han ocurrido, pero también a intentar concientizar sobre la necesidad de ciertos quiebres con la normalidad instituida: debemos investigar los derechos humanos no sólo como derechos políticos y civiles, sino con un alcance mayor: son derechos sociales, económicos y culturales, que están en debate en la actualidad. Y también ambientales: qué tiene para decir el sistema financiero sobre las empresas que generan contaminación o trabajo esclavo. Quiénes siguen invirtiendo su dinero en ellas”, agregó el sociólogo.

Entre los objetivos centrales del proyecto, se prevé “realizar acciones conjuntas de concientización, difusión, formación e investigación sobre la vulneración de los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado”, a través de la recopilación y conservación de “todo material documental y/o testimonial relacionado con las violaciones de los Derechos Humanos y el accionar del terrorismo de Estado, el que se compartirá conforme resulte de los acuerdos que a ese efecto se celebren entre las partes”, dice el acuerdo.