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La Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, pidió hoy ser querellante en el marco de la causa Ciccone, en la que está procesado el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. La presentación se realizó ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de Ariel Lijo. A través de un comunicado, la OA explicó que puede ser querellante en causas donde “se involucran a funcionarios públicos nacionales en la posible comisión de delitos de acción pública”. Así lo posibilita la Ley N° 25.233 que, al crearla, le atribuye la facultad de “promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional centralizada y descentralizada, y de las empresas, sociedades y todo otro ente en que el Estado tenga participación”.  Boudou fue procesado en junio de 2014 por “delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles” y su procesamiento fue confirmado por la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Laura Alonso, se refirió al tema a través de un comunicado y aseguró: “Cuando nos hicimos cargo de la OA, nos llamó la atención que no hubiera siquiera una investigación preliminar sobre las vinculaciones del ex vicepresidente (Amado) Boudou en el caso Ciccone, a pesar de lo avanzada que está la instrucción judicial y el procesamiento del ex funcionario”. Y resaltó que, dada la relevancia política e institucional del caso y que la causa podría elevarse a juicio oral pronto, decidieron “solicitar la incorporación de la OA como querellante para participar de esa instancia y colaborar con la justicia en la búsqueda de la verdad”.

Desde el organismo también resaltaron que le corresponde al ámbito del Ministerio de Justicia intervenir como parte querellante en los procesos en los que se encuentre afectado el patrimonio del Estado nacional. Como querellante, la OA  podrá proponer medidas de prueba, recurrir y apelar las decisiones que le sean desfavorables, interrogar testigos, participar y acusar en juicio. Al mismo tiempo, obliga al Tribunal a notificarle toda decisión trascendente a la causa.

La causa está caratulada como “Boudou Amado y otro s/ cohecho y negociaciones incompatibles”. Del procesamiento, surge que Boudou y José María Nuñez Carmona habrían comprado la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica a través de la sociedad The Old Fund y de su titular, Alejandro Vanderbroele, para contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial. En este caso, Boudou habría aprovechado su condición de funcionario público para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la Administración Pública.

“Para este Poder Ejecutivo y la sociedad es importante saber la verdad sobre el hecho denunciado ya que involucra a una de las más altas autoridades del gobierno anterior, quien presidió el Senado y reemplazó a la Presidente varias veces en casos de ausencia o licencia”, afirmó Alonso. Y agregó que la OA también “investigará si existieron otros casos en los cuales la sociedad informal Boudou–Nuñez Carmona (N.delR.: otra de las personas involucradas en la causa) podría haber cometido otros actos de corrupción y anticipamos también nuestra participación en la causa del enriquecimiento ilícito del primero”.