Infojus Noticias

El 16 de junio de 1955, después de 10 años de permanencia de Domingo Perón en la Casa Rosada, la Aviación Naval bombardeó Plaza de Mayo. Treinta y cuatro aviones descargaron más de diez toneladas de explosivos sobre la plaza, matando a más de 350 personas (algunos dicen más de 500) y dejando heridos a miles. Tres meses después, el gobierno constitucional fue derrocado en el golpe de estado que se conoció como “Revolución libertadora”. Entonces, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas abrió una investigación caratulada “Aníbal Olivieri y otros sobre Rebelión Militar”, pero los involucrados continuaron con su carrera militar sin afrontar graves sanciones.

En 2008 el abogado peronista José Deguisa pidió a la Justicia penal que investigue el bombardeo como delito de lesa humanidad. El juez federal Rodoldo Canicoba Corral archivó la causa. “Para el juez se trató de un intento de magnicidio que no encuadra dentro de los delitos considerados imprescriptibles. No acordamos porque está claro que bombardear una plaza donde hay gente desarmada implica intención de matar; pero no pudimos apelar porque los familiares no se presentaron como querellantes”, explicó a Infojus Noticias el abogado. 

 “Le digo más –inistió Deguisa-: en el juzgado la investigación quedó a cargo de un secretario cuyo padre fue denunciante en la causa por la quema de las iglesias (respuesta de los militantes peronistas, tras el ataque de la aviación)”. “El padre de ese secretario, era un militante antiperonista muy importante”, contó el abogado que prefirió preservar la identidad de los personajes aludidos.

El robo de las manos de Perón

Hace 27 años, el 1° de julio de 1987, desconocidos profanaron la tumba de Perón en el cementerio de la Chacarita. Le cortaron las manos al cadáver. La causa judicial que investiga este hecho sigue abierta en el juzgado Criminal de instrucción N° 27, a cargo Alberto Baños. En 2008, el juez denunció que “un grupo de inteligencia” le robó el expediente de su casa; mientras preparaba un escrito para pedir el levantamiento del secreto en los organismos de inteligencia del Estado que le permitiera continuar con la investigación. Personal del juzgado informó a Infojus Noticias, que la información sobre la causa debería solicitarse por escrito para que el magistrado evalúe el pedido.

“Cuatro personas murieron alrededor de esta causa: Jaime Far Suau, el primer juez que la  causa y su acompañante, durante un supuesto accidente cuando volvían de Bahía Blanca a Buenos Aires. El sereno del cementerio y una señora que siempre iba a poner flores a la bóveda”, detalló a Infojus Noticias el periodista Claudio Negrete, autor con Juan Carlos Iglesias del libro La Profanación (Sudamericana). Negrete afirma que el hecho fue “una operación de la alta política, frente al levantamiento carapintada y más de 150 atentados a comités radicales y unidades básicas, con amenazas a periodistas y jueces, en un contexto de alta conflictividad y disputa de poder”.

El traslado de los restos

En 2011, Emilio “Madonna” Quiroz, el ex chofer del gremialista camionero Pablo Moyano, fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso por haber disparado con su arma durante los enfrentamientos en militantes de ese gremio y afiliados a la Uocra, cuando se trasladaron los restos del ex presidente a la quinta de San Vicente. El 17 de octubre de 2006, Quiroz disparó hacia la multitud 11 proyectiles de una pistola Bersa 9 milímetros en medio de una batalla campal. Las cámaras de televisión captaron en primer plano todos sus movimientos.

Quiroz fue absuelto de los demás cargos presentados por la fiscal platense Helena de la Cruz, que durante la acusación solicitó seis años y medio de prisión, porque en los videos incorporados a la causa se ve a Quiroz disparando “hacia un lugar donde había gran cantidad de personas, familias, ancianos y discapacitados”.

El reclamo de paternidad

Más de 14 años dedicó Martha Susana Holgado a la causa en la que intentó ser reconocida como hija de Perón. Llegó a presentar una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunció penalmente a la jueza Irene Martínez Alcorta, y a los camaristas también le habían negado el examen genético.

En octubre de 2006, tras el traslado de los restos de Perón a San Vicente, la mujer consiguió la autorización de María Estela Martínez, la viuda de Perón, para concretar los estudios. Se hicieron tres cruces, en distintos laboratorios. Dos dieron negativos. Un tercero, no pudo realizarse por la mala conservación del material genético a analizar.

Holgado falleció a los 72 años, el 7 de junio de 2007. De esta historia quedó la huella de una autobiografía, que Holgado dio a conocer organizada en los capítulos: Perón, mi padre I; Perón, mi padre II. La trampa; Perón, mi padre III.