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La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que otorga un resarcimiento a los ex presos por razones políticas, sociales y gremiales que sufrieron la privación de la libertad hasta la restauración democrática del 10 de diciembre de 1983. Los diputados aceptaron los cambios introducidos por los senadores, que eliminaron la fecha de inicio del período que comprendía la otorgación de la pensión graciable para hacerla más abarcativa.

La decisión de aceptar las reformas del Senado se adoptó la semana pasada en un plenario de las comisiones de Previsión Social y Seguridad y Derechos  Humanos, y luego a la tarde fue respaldada por los legisladores de Presupuesto y Hacienda. Entonces, el diputado formoseño Juan Díaz Roig aseguró que "fue una reunión ampliamente consensuada con una gran alegría manifestada por parte de los integrantes de ambas comisiones, así como también por parte de los ex presos políticos presentes".

La Cámara de Diputados aprobó hace un año un proyecto para otorgar un resarcimiento a los ex presos por cuestiones políticas, sociales, gremiales o estudiantes entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983, pero el Senado eliminó la fecha de inicio. El proyecto establece un régimen reparatorio para ex presos políticos en el país que fueron privados de su libertad en condición de civiles y/o militares, condenados por un Consejo de Guerra o puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y que fueron liberados antes del 10 de diciembre de 1983.

Hugo Condorí es el titular de la Asociación de Ex Presos de Jujuy y único sobreviviente de la Comisión de la Obra Social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, secuestrados durante la última dictadura. Cuando se aprobó en el Senado, Condorí destacó: "Se concretó un acto de estricta justicia que el propio Poder Judicial negó, al no haber dado lugar a las presentaciones que realizamos para que este beneficio que ya se otorgaba en algunas provincias tenga vigencia en todo el país".

Condorí señaló que con esta normativa se nacionalizó y universalizó un beneficio que hasta ahora sólo cobraban ex presos políticos residentes en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, pero con montos y condiciones diferentes en cada caso. "Nos presentamos a la justicia para buscar un resarcimiento al daño que nos hicieron. Muchos, aunque con diferentes características,  no pudimos recuperarnos.  Hay compañeros que hoy están en situación de calle. Para muchos el promedio de vida se acortó a un rango que va entre los 50 y los 55 años, producto de la tortura que generó deterioros físicos y psicológicos", recordó el dirigente gremial.