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El juicio por el Plan Cóndor se reanudó con el alegato de las defensas. Ante el Tribunal Oral Federal N° 1 continuaron las audiencias en el marco de las causas Plan Cóndor y Automotores Orletti, que integran la megacausa donde se investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras del Cono Sur. El tribunal, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), dio cuarto intermedio hasta el próximo lunes.

En las últimas audiencias, los fiscales del juicio por Plan Cóndor habían terminado de exponer los documentos que permitieron probar la asociación ilícita transnacional. Una base de archivos provenientes de embajadas y organismos de inteligencias, entre otros, fueron citados para comprobar la existencia de una operación criminal entre las dictaduras del Cono Sur. “Fue un modus operandi que utilizó deliberadamente los organismos del Estado para intercambiar información y prisioneros políticos”, dijeron desde la fiscalía de Pablo Ouviña a Infojus Noticias.

El denominado “Archivo del Terror” de Paraguay, hallado en la década del '90, los documentos secuestrados en Argentina al agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel -detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto por el Canal del Beagle- y cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos, según un informe del sitio Fiscales, fueron las fuentes documentales más citadas en tres meses de alegato.

“Se dio cuenta del funcionamiento burocrático de una maquinaria internacional dirigida al secuestro y eliminación de oponentes políticos, y a la difamación de las organizaciones que integraban”, resumieron desde fiscalía. En el juicio se produjo, además, nueva prueba documental que fue aportada por los equipos de investigación de los ministerios de Defensa e Interior y de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, la DIPBA.

Como punto nodal del Plan Cóndor se citó un hecho que sentó precedente. El 29 de octubre de 1975 el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) de Chile, Manuel Contreras, les explicó a sus colegas latinoamericanos que la operación de inteligencia sería similar “a lo que tiene Interpol, en París, pero dedicado a la subversión". Fue la primera reunión, que incluyó un programa de actividades y una propuesta de trabajo. Y que dejó una certeza: la dictadura de Augusto Pinochet fue la promotora de la operación.

En los cambios de etapas del Plan, otros países se encargaron de encabezar la tarea de planificación y ejecución represiva. “No sólo la filosofía de la Operación Cóndor aparece en los documentos; han quedado registrados desde el origen del nombre de la entente hasta interrogatorios bajo tortura, seguimientos, traslados forzados y clandestinos de personas -tanto en avión como en el baúl de un auto-, con las formalidades que requieren las actividades estatales”, subrayaron desde la fiscalía. Todas esas pruebas serán, en las próximas audiencias, contrarrestadas por las defensas, que niegan la existencia de un Plan y, por lo tanto, la posible responsabilidad del aparato estatal en la conformación de una asociación ilícita.

Entre los 18 acusados se encuentran Santiago Omar Riveros, Reynaldo Benito Antonio Bignone y el uruguayo Manuel Juan Cordero Piacentini.

En su exposición, los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que actúa en la causa como querellante, solicitaron 25 años de prisión para Miguel Ángel Furci; 20 años de prisión para Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Caggiano Tedesco, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Bernardo José Menéndez, Eugenio Guañabens Perelló, Humberto José Román Lobaiza, Rodolfo Emilio Feroglio y Felipe Jorge Alespeit y 5 años de prisión para Manuel Cordero Piacentini.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó en su alegato la pena de prisión perpetua para Riveros y Furci; 25 años de prisión para Bignone, De Lío, Lobaiza, Olea, Sadi Pepa y Feroglio y 20 años de prisión para Caggiano Tedesco, Vañek, Tragant, Menéndez, Guañabens Perelló, Alespeit, Cordero Piacentini, Falcón, Minicucci y Rodríguez.

El veredicto, a fines de marzo

El fiscal Pablo Ouviña dijo que recién "a fines de marzo podría haber un veredicto". Adelantó que "durante todo febrero se seguirán escuchando a las diferentes defensas por lo que recién a fines del mes siguiente podría haber sentencia”.

La Fiscalía pidió condenar a 25 años de cárcel a los ex responsables de Institutos Militares en la dictadura Reynado Bignone y Santiago Omar Riveros. También se pidieron 25 años para el ex director de la escuela de Caballería Rodolfo Feroglio y el ex jefe del Regimiento Patricios Humberto Lobaiza. Todos fueron considerados miembros de una asociación ilícita que cometió privaciones ilegales de la libertad.

Para el ex servicio de inteligencia militar uruguayo Manuel Cordero Piacentini también se reclamó una pena de 25 años como partícipe necesario del secuestro de once víctimas. Otro que tuvo un pedido de pena de 25 años por parte de la fiscalía fue el ex agente de la SIDE Miguel Angel Furci, por su rol en el centro clandestino de detención que funcionó en Automotores Orletti, considerado uno de los principales lugares de reclusión de víctimas del Plan Cóndor.

En otros de sus pedidos de penas, Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.