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El periodista y escritor Eduardo Blaustein repasa la convocatoria a la marcha del miércoles. El grupo de fiscales que llama a marchar, dice, está en "un proceso de pérdida de cuotas de poder en espacios institucionales desde los que muy poco hicieron a favor de un poder judicial más eficaz y transparente". Y bucea en los archivos del diario La Nación para contar la historia de alguno de ellos.
Primero: aclaración necesaria y no por el lado de lo políticamente correcto. Todos estamos conmovidos por la muerte del fiscal Alberto Nisman. Todos aspiramos y demandamos con dosis de escepticismo variables al esclarecimiento. El reclamo y la movilización a favor de ese esclarecimiento no se cuestionan, son absolutamente legítimos.
Inmediatamente después: hagamos foco en otro asunto. El foco de las cámaras de TN puesto en el cuerpo de cuatro, cinco, seis fiscales. No son todos los fiscales del país, están muy lejos de serlo. Previsible, conocido. El zócalo y el discurso generalizan: es “la marcha/ la convocatoria de los fiscales”. No hay encuadre posible de las cámaras que dé más que cuatro, cinco, seis. Pero, se sabe: la traducción mediática interesada es “los”, la Justicia independiente que salvará a la República y las instituciones de un estado de degradación intolerable y final, “un 1976 sin golpe”, según el fascinante oxímoron empleado por Elisa Carrió.
Después: quiénes son esos convocantes que hicieron de ariete inicial y/o emblema presunto. En principio, todos o casi todos ellos están en un proceso de pérdida de cuotas de poder en espacios institucionales desde los que muy poco hicieron a favor de un poder Judicial más eficaz y transparente. El presunto líder del grupo es Germán Moldes, viceministro del Interior de José Luis Manzano y secretario de Población en el gobierno de Carlos Menem. Eran años tan felices, cumbre del republicanismo: los años de los indultos, de las pérdidas de derechos de los trabajadores, los de la más horrorosa Corte Suprema de nuestra historia democrática, los de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA encubiertos desde entonces, entradas en guerras ajenas, explosión de Río Tercero, la muerte aun sospechada de Carlos Menem Junior, y por supuesto los escándalos de corrupción funcionarial e institucional, diputruchos incluidos.
Fue el periodista de La Nación Adrián Ventura, y no Horacio Verbitsky en estos días, el que escribió el 25 de agosto de 1998, cuando Moldes pidió un año de licencia en su puesto, que tras ser designado como fiscal “la Asociación de Abogados de Buenos Aires, mediante una declaración pública, calificó el hecho de ‘grave’”. Fue Ventura el que recordó la relación de Moldes con “el otorgamiento de la ciudadanía y del pasaporte argentino al traficante de armas sirio Monzer Al Kassar, hecho con el que quedaron vinculados Amira Yoma y el capitán de navío Augusto Zaza Martínez”. Escribió Ventura: “Fuentes judiciales recuerdan que Moldes, que no tiene buen concepto entre varios jueces, cuando llegó a su cargo, se preocupó de nombrar una fiscal adjunta de su estrecha confianza: Graciela Sterchelle. A fines del año último, por una resolución del Ministerio de Justicia, fue nombrada otra fiscal adjunta, Eugenia Anzorreguy, sobrina del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy”. Simple: no sólo desde el kirchnerismo se impugnó o impugna (tarde) la relación oscura entre jueces, fiscales y servicios de inteligencia.
Moldes, como Raúl Plee, otro fiscal convocante a la marcha del 18, fueron denunciados por familiares de víctimas del atentado a la sede de la AMIA por cajonear y entorpecer la causa del encubrimiento. Raúl Plee intervino, al igual que Alberto Nisman, en los juicios que se hicieron contra los sobrevivientes del ataque al regimiento de La Tablada. Infojus Noticias publicó hace semanas un artículo de Felipe Celesia y Pablo Waisberg acerca de la complicidad de ambos en otro encubrimiento más: el del fusilamiento y/o desaparición de algunos de esos militantes; torturas contra los que sobrevivieron.
Carlos Stornelli, otro convocante. Es neutral, “no hace política”, es un pacifista. Fue ministro de Seguridad de Daniel Scioli y no hay periodista deportivo que no recuerde su vínculo estrecho con Rafael Di Zeo, caudillo de la barra brava de Boca. Guillermo Marijuan, otro convocante: trabajó con el candidato presidencial Sergio Massa y mantiene una relación estrecha con él. Pero la marcha es no política, es puro silencio. Marijuan es el fiscal que hace añares pisó la causa Arbizu sobre lavado de dinero en el exterior que involucra a los más poderosos empresarios argentinos y al Grupo Clarín. El asunto fue portada resonante de Crítica de la Argentina cuando Jorge Lanata intentó hacer un diario cuyo nicho de lectores se ubicara parejamente lejos del kirchenerismo y de Clarín. Hace tiempo que Lanata no toca el tema.
Ricardo Sáenz, otro convocante más. Es vicepresidente de la Asociación de Magistrados que gerencia otro invitado-fija de los programas de TN, el juez Ricardo Recondo, vinculado en términos societarios con la familia del ex secretario de la SIDE, Alfredo Anzorreguy, en la empresa Agro San Francisco SA, hasta 2005. Sáenz está relacionado también con el Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones y el acceso de la Información en América Latina (Certal), creado por el Grupo Clarín a la hora de optimizar tareas de lobby en Argentina o el exterior. Ahora mismo, en la página web del Certal: la foto de Nisman “en tapa”, el “apoyo” de la Asociación de Magistrados de Argentina (“enlace de interés”), en la, que dicho sea de paso, la jueza a cargo de la causa por la muerte de Nisman, Fabiana Palmaghini, conocida opositora del gobierno, aparece como vocal.
Ricardo Sáenz es un punitivista de manual. Un editorial que publicó en su propia página web sobre seguridad, delito y minoridad tiene un título capusotesco: “¿Hasta cuándo?”. Otra mirada a esa web, como para saber con quién tuitea Sáenz. Aparece esto: #18F RenuncíaKris YA @almirantecorrea. Cabeza informativa de una nota de Clarín del 23 de abril de 2003: “La Fiscalía General de la Cámara Federal se pronunció por la "constitucionalidad" y "validez" de las leyes de amnistía Punto Final y Obediencia Debida, que han favorecido a centenares de presuntos ex represores de la dictadura militar”. Es la fiscalía de Ricardo Sáenz.
¿La muerte de Nisman debe convertirlo necesariamente en mártir o fiscal de la Patria? Contó durante diez años con el apoyo del actual gobierno y con recursos dinerarios y humanos cuantiosos. La investigación no avanzó un centímetro en esos diez años. En cambio sufrió un proceso alquímico: Nisman pasó de la búsqueda de culpables a redactar una denuncia sobre una conspiración gubernamental que parece escrita para un semanario sensacionalista de portada vendedora.
Hace pocos días La Nación publicó la lista filtrada de empresas argentinas con dineros depositados en una cuenta del HSBC en Suiza. El Grupo Clarín tiene allí cien millones de dólares. Hay muchas razones para comprender y apoyar toda movilización que demande el esclarecimiento de la muerte de Nisman. Pero, recordando una celebrada vieja publicidad de 1992 (caramba, era de canal 13), “no me pidan que cabecee”. No me pidan que vaya a una marcha convocada desde el poder mediático conservador junto a los peores fiscales de la República, los aplaudidores y beneficiados por la última dictadura, los encubridores de las causas AMIA, embajada o las relacionadas con el poder financiero, los convocantes (y no todos los asistentes) que salen a la calle por lo menos con un objetivo de mínima: erosionar el poder del actual gobierno y seguir disciplinando a quienes eventualmente sucedan al kircherismo.
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