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Esta semana se llevó a cabo el primer juicio oral, público y por jurados en la historia de los distritos de Necochea, Lobería y San Cayetano, que tuve el honor de presidir. A lo largo de la jornada fueron muchas las sensaciones que experimenté. La primera, la satisfacción de ver que se ponía en marcha la participación popular en la administración de justicia penal, causa en la que me encuentro enrolado desde hace muchísimos años y que por momentos creí que no iba a ver concretada.

La segunda sensación, ver llegar al edificio donde se iba a realizar el juicio a los hombres y mujeres que iban a desempeñarse como jurados, hombres y mujeres del pueblo, vestidos en forma corriente, expectantes, pero con la perceptible convicción que iban a ser protagonistas de algo importante, que seguramente no olvidarán por el resto de sus vidas: el día que les tocó ser jurados, nada más y nada menos que en un homicidio donde estaban involucradas dos personas muy jóvenes, tanto la víctima como el victimario.

Vi a esos doce hombres y mujeres seguir atentamente las deliberaciones, observando todo lo que ocurría a su alrededor, con indisimulable respeto, lo que me reafirmó en la siguiente convicción: para determinar si un hecho ocurrió o no ocurrió y si un individuo participó o no participó en el mismo, no es necesario un conocimiento especial. Esa es una operación que puede realizar cualquier ciudadano que, de hecho, lo hace a cada momento, desde la experiencia personal, la lógica y el sentido común. Y la otra convicción que se reafirmaba en mi conciencia: ¿quién dijo que los abogados somos más aptos que el resto de los ciudadanos para determinar si un hecho existió o no existió? Los abogados estamos preparados para conocer la ley, interpretarla y aplicarla, pero no tenemos una formación particular para valorar la existencia o inexistencia de hechos. Lo podemos hacer y de hecho lo hacemos, como cualquier otro ciudadano. Pero suponer que los abogados somos mejores que otras personas en esta tarea supone una visión notoriamente aristocrática de la sociedad.

Les entregamos a los jurados dos encuestas anónimas, una para ser llenada antes de cumplir la función, y otra al finalizar el juicio. Algunas conclusiones preliminares. En forma unánime los ciudadanos afirmaron que volverían a ser jurados si fueran convocados nuevamente, desmintiendo el supuesto descompromiso con el cumplimiento de esta carga pública. Todos los ciudadanos variaron la percepción inicial hacia la justicia penal, que era mayoritariamente regular, hacia una buena o muy buena una vez concluida la función como jurado, poniendo de relieve la forma en que el involucramiento en los problemas nos hace variar la percepción de la realidad. Finalmente, que ninguno tuvo dificultades para comprender lo que se les transmitía, y tampoco para deliberar y resolver el caso.

Lo que se resolvió (en este caso la culpabilidad del acusado) me resultó irrelevante. En ningún momento me pregunté cómo hubiese resuelto yo mismo el caso si me hubiera tocado intervenir como juez profesional. Es una pregunta que me resisto hacerme. Aquí fueron doce hombres y mujeres, de distintas edades, distintas composiciones sociales y hasta de distintas ciudades, que probablemente se hayan visto por primera vez en esta ocasión, los que deliberaron por espacio de dos horas y arribaron a una conclusión. Es la decisión del pueblo, la decisión de los pares, la decisión del soberano. Y esa decisión debe ser respetada, del mismo modo que hay que honrar el resultado de las urnas, ya que no existe posibilidad de democracia sin ciudadanía.

Cuando regresaba a mi casa, luego de una maratónica jornada que, en mi caso, insumió desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, además de la satisfacción por el deber cumplido, pensé que era la primera vez, en los diecisiete años que llevo trabajando como juez, que me había sentido como un verdadero juez de la Constitución.

SH