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La convocatoria “Ni una menos”, que creció con auspiciosa velocidad en apoyos y adhesiones, surgió como una instancia para visibilizar y reposicionar en la agenda pública distintas formas de violencia que sufren las mujeres por su condición de tales, que ninguna sociedad democrática e igualitaria debería tolerar. También surgió como un espacio de denuncia a la gestión institucional que de estas formas de violencia todavía se registra, que llega tarde a la prevención de los hechos, y luego falla a la hora de investigarlos y sancionarlos de forma apropiada. En esos diferentes planos, en días pasados asistimos a un devenir de trágicas noticias sobre la muerte de niñas, adolescentes y mujeres adultas, muchas de esas muertes cometidas con altos niveles de ensañamiento o como consecuencia anunciada de relaciones previas y sostenidas de maltrato. También asistimos a una comunicación cuestionable de esos graves episodios, que en más de una oportunidad desviaron su atención del eje central, para derivar en apreciaciones estereotipadas y vejatorias sobre la vida privada de las víctimas y sus grupos familiares. Este análisis estereotipado no es infrecuente, suele tener espejo a nivel social y también, en términos todavía más preocupantes, a nivel institucional.

Son recurrentes las indicaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, dirigidas a fortalecer la debida diligencia institucional en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, a promover el acceso efectivo de las víctimas y de sus familiares, y a diseñar “garantías de no repetición”. Aun cuando estas son obligaciones que se derivan de tratados generales de derechos humanos que tienen más de medio siglo, debieron ser primero especificadas en instrumentos tales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana de “Belem Do Pará”, luego refinadas a través de estándares internacionales de monitoreo, con posterioridad reglamentadas a nivel local por los distintos Estados signatarios y finalmente dotadas de estructura y de recursos dirigidos a que se hagan efectivas.

No obstante, la convocatoria “Ni una menos”, y la trágica situación que le sirve de contexto, es una muestra cabal de la insuficiencia que se registra en este campo y de lo lejos que nos encontramos de aspirar a un horizonte libre de violencia por razones de género, en el cual las distintas identidades puedan desarrollarse con igualdad, respeto y plena autonomía, sin la amenaza de la muerte, la coacción y la explotación. En el camino inacabado hacia ese horizonte puede leerse el apoyo a la convocatoria del organismo que represento, y el compromiso público por seguir trabajando en la ampliación y descentralización de los servicios de patrocinio y asesoramiento que la Defensoría General de la Nación brinda a mujeres víctimas de violencia; en la sensibilización y capacitación con perspectiva de género de toda su planta de empleados/as, funcionarios/as y magistrados/as; en la coordinación con otras instituciones estatales, con organizaciones civiles y con movimientos sociales; en el desarrollo de investigaciones sobre la materia y, en definitiva, en la promoción de aquellas políticas que faciliten un mayor y mejor acceso a la justicia de las mujeres, sin discriminación de ningún tipo.