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La sentencia de la Corte Suprema expresa una vocación contrademocrática. Si los ciudadanos percibían al Poder Judicial muy lejos del ideal de justicia, el fallo no contribuye a estrechar esa distancia.

Desde hace unos meses, con el dictado de algunas leyes, la ciudadanía interpeló al Poder Judicial como un poder demasiado autoritario, con privilegios antiigualitarios (por ejemplo: la exención del pago de impuesto a las ganancias) y poco abierto a la sociedad.

Ahora, en tiempo récord, la Corte Suprema de Justicia de la Nación negó la integración al Consejo de la Magistratura con representantes legos (no abogados ni jueces), sumado a la unción mediante el sufragio universal que expresa la soberanía popular. Ni más ni menos que el despotismo oligárquico contra el principio electivo.

La sentencia carece de fundamentos o son meramente aparentes. La mayoría no responde a los argumentos del juez disidente Eugenio Raúl Zaffaroni, que como constituyente redactó el artículo en interpretación.

No hay que olvidar que en los antecedentes de los Consejos de Italia y España se pretendió democratizar la justicia de los enclaves fascistas y franquistas. Acá sigue mandando la corporación o “familia judicial”, un pequeño endogrupo colocado social e ideológicamente pretendidamente fuera de la sociedad.

La caracterización tradicional de estos sectores son los valores del conservadurismo contra cualquier innovación. Y progreso es cambio, no status quo.

Necesitamos una Justicia que deje de ser centro de poder para transformarse en poder de servicio. Una justicia más independiente de los poderes formales y fácticos, con más independencia de los propios jueces, de sus intereses y ambiciones”.

Definitivamente, la sentencia de la Corte distancia a  la sociedad de la Justicia.