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¿Son tan peligrosas las escenas del crimen que ameritan que un funcionario judicial ingrese protegido para evitar ser baleado? La polémica surgió luego de que en diversas “escenas del crimen”, pibes armados dispararan frente a la mirada de periodistas y fiscales. El hecho más llamativo ocurrió el 7 de enero en barrio Ludueña. Damián Gómez, de 20 años, tuvo una discusión con un hombre. Puso fin a la disputa quitándole la vida. El fiscal jefe de la Unidad Especial de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, llegó al lugar con un grupo nutrido de periodistas. Los vecinos comenzaron a derribar la casa del homicida asegurando: ahí funcionaba un búnker. De pronto, la cantidad de policías disminuyó y dos muchachos que pasaban en moto hicieron varios disparos “al bulto”, apuntando al lugar donde se encontraban el fiscal y los periodistas, que terminaron tirados al piso.

La escena no habla directamente de un barrio “pesado”, sino de la falta de profesionalidad por parte de la Policía para preservar la escena del crimen y garantizar el trabajo de los fiscales. Anteayer, en Ayacucho y Centeno, se vivió una situación similar. Mientras el fiscal Adrián Spelta daba las órdenes para levantar el cuerpo de Leonel Carlos Zalazar, asesinado a los 20 años, se oyeron disparos. Si bien se escuchaban distantes, a un par de cuadras, se sucedieron en dos oportunidades, hasta que tanto el fiscal como los periodistas decidieron irse. Terminaron haciendo la nota en una estación de servicio. La zona donde mataron a Zalazar carga la historia de dos bandas enfrentadas, la de Centeno versus la de Ameghino. La más sangrienta del barrio La Tablada, en el distrito sur de Rosario, ciudad que en 2015 ya cuenta con 45 homicidios.  Y donde casi siempre las víctimas son hombres menores de 25 años. 

El primer crimen atribuido a las peleas entre estos grupos de La Tablada data de 2011, cuando el homicidio de Claudio “Caio” Colli, profundizó las diferencias entre dos grupos separados por apenas 200 metros: los de Centeno y los de Ameghino,  que se disputan el territorio en un contexto narco. Si bien los muertos son muchos, sólo en 2013 fueron asesinados Nicolás López y Nicolás Basualdo, Cristian Escobar, Fabricio Montes, Franco Gómez, Lucas López, Luciano Cáceres, Daniel Ramírez, Nicolás Brambilla, Hugo Neto y Leonel Segovia. En 2014, Emanuel Tomé. Jorge “Chancho” Pérez, de 36 años, Jonathan “Tico” Ferreira, de 24 años. Y el último 22 de enero Cristian “Charly” Machuca, de 19 años, asesinado de once tiros en Necochea al 3900. Temiendo un vuelto por la muerte de Zalazar, Spelta ordenó saturar la zona.

No existió un pedido: ya los tienen hace tiempo

El fiscal regional de la 2ª Circunscripción, Jorge Baclini, negó que se haya elevado un pedido reclamando los chalecos. Los fiscales ya los tienen desde hace tiempo y son conscientes que en determinados momentos la tarea se puede tornar difícil. Pero aclaró que no tiene conocimiento sobre si esos chalecos fueron o no usados en alguna oportunidad, ya que hay otros recursos para garantizar la seguridad de los funcionarios, como pedir refuerzos policiales.

Baclini aclaró que los chalecos están en el móvil en el que se mueven los trabajadores judiciales. “Hubo situaciones complicadas, pero si el lugar está complejo se van. No somos policías, estamos para investigar, no para prevenir. Nosotros podemos pedir apoyo, usar chalecos y también podemos irnos del lugar”, destacó.

Spelta sostuvo que el pedido de chalecos es un tema preventivo. “No nos olvidemos que nosotros concurrimos al lugar del hecho y generalmente nos encontramos con familiares y allegados a las víctimas, familiares y allegados a los presuntos autores y por ahí las zonas o los lugares donde concurrimos ya es evidente que hubo un hecho de violencia previa, y suponemos que podría llegar a haber posteriores hechos de violencia. Pero por una cuestión de prevención más que nada”, sostuvo en declaraciones a los medios.

¿Por qué la policía no puede garantizar el trabajo?“

Es por una cuestión de prevención: nos movemos en un móvil policial, en una camioneta policial, los chalecos quedan dentro de la camioneta policial para el caso de que cualquier miembro del Ministerio Público de la Acusación lo solicite o lo requiera: queda en el móvil en que se trasladan todos los fiscales”, detalló. 

Sin embargo, las preguntas son otras. Los lugares en los que las balaceras se produjeron son barrios repletos de vecinos. En Ayacucho y Centeno, todos parecían estar en la calle, al punto que costaba estacionar. Si un fiscal no puede estar en la escena del crimen, ¿cómo hace un vecino para vivir en ese lugar?

Lo que no queda claro es por qué la Policía no puede garantizar el trabajo en el lugar de los hechos. Porque si por una cuestión de seguridad los fiscales se ven obligados a dejar la escena del crimen, la investigación será total y exclusivamente de la Policía, sin la tarea fiscalizadora, sin la mirada de los funcionarios judiciales. Las consecuencias serían claras; sin la mirada del Estado y al amparo de la Policía, las bandas crecen, las disputas se agrandan y los muertos se suman.