Infojus Noticias

Si Coimas en el Senado fueran una serie de películas, su precuela se llamaría Plan Canje, y el autor de la misma sería el diputado Héctor Recalde. Pero no es una obra de ficción. Este legislador del Frente para la Victoria supo ver detrás de la trama política las negociaciones que antecedieron la sanción de la llamada Reforma Laboral, y aún antes que estallara el escándalo de los sobornos en la Cámara alta denunció una maniobra que ya configuraba un escenario en el que los votos de los senadores justicialistas, que tenían la llave para cerrar o abrir la reforma que apuntaba a flexibilizar las leyes que rigen la vida de los trabajadores, no iban a ser gratuitos ni por convicción ideológica.

“El mismo día, minutos antes de dar sanción a la ley 25.250, el Senado había aprobado una norma por la cual se adjudicaba una partida de 160 millones de pesos para planes Trabajar destinados a las provincias. En ese momento esto, para mí, formaba parte del “canje”. Sin embargo, esa contraprestación no se produjo. Nadie reclamó por el incumplimiento oficial. La imaginación del lector y la justicia podrán determinar si estamos en presencia de una presunción grave, precisa y concordante de la existencia del soborno denunciado”, escribió Recalde en la contratapa de su libro Crónica de una ley negociada, ley 25250 de reforma laboral, publicado en octubre de 2000. El 6 de ese mes, Carlos “Chacho” Alvarez le había dicho al entonces presidente Fernando de la Rúa “lo hubieras pensado antes”, minutos después de comunicarle que renunciaba a la vicepresidencia.

Aquella norma, que arrasaba con derechos y conquistas sindicales que habían costado décadas y sangre al movimiento obrero, había quedado bautizada como la ley Banelco desde el 29 de marzo cuando el sindicalista Hugo Moyano denunció que el ministro Alberto Flamarique le aseguró tener la tarjeta plástica bancaria para convencer a los senadores para que la aprobaran. Sin embargo, lo que relata Recalde en aquel libro son antecedentes de otro tipo de ofrendas que los radicales estaban dispuestos a negociar para obtenerla. “Algo olía a podrido, pero no era en Dinamarca”, dice el diputado a Infojus Noticias parafraseando a William Shakespeare, al referirse a aquellas premoniciones que hizo al juntar datos que se venían sucediendo en torno al apuro y presión por sacar la ley.

Su olfato estaba entrenado por una larga experiencia como testigo y parte de la eterna puja entre el sector empresarial y las organizaciones de trabajadores. En ese caso, era mucho lo que estaba en juego. “Mi tesis sigue vigente, las presunciones graves, precisas y concordantes estaban, lo que faltó es prueba directa, como no pudo declarar la esposa de Pontaquarto perdió fuerza de certeza”, reflexiona sobre la absolución de los imputados en el juicio oral que acaba de terminar. “Soy partidario de las garantías del debido proceso pero sigo convencido de que los sobornos existieron. Lo que pasó en el Senado fue tan obvio. Yo participé en los debates y presencié cómo quisieron justificar con cambios cosméticos lo que realmente querían hacer. Era como pretender esconder un elefante”, agrega. 

En el capítulo titulado Plan Canje, Recalde había relatado que “en lugar de debatir los alcances de la ley se comenzó a discutir y a intercambiar cuestiones totalmente ajenas a la esencia y los principios del derecho al trabajo”. Por eso, preocupado ya no por el retroceso que la ley significaba para los trabajadores sino por la “suerte de las instituciones republicanas”, publicó un artículo en Página 12 en el que enumeraba los aspectos oscuros de la iniciativa. “Ninguna de las medidas que se proponen estaba en la plataforma electoral de la Alianza, más bien todo lo contrario, además de atacar los convenios colectivos de trabajo y el respeto a la libertad sindical”.

Para el diputado era claro que el Fondo Monetario Internacional “aparece diciendo cuál ley quiere como condición de su apoyo y préstamos”, por lo cual “cuando algún gobernador afirma que querría conceder la ley laboral por la negociación de las deudas de su provincia con la Nación, estamos en presencia de un canje o permuta, y no de asegurar por ley el bien jurídico a tutelar”. Ya en un plano más explícito, en el libro están reproducidas las palabras de un senador radical que confesó que “el gobierno no se va a quedar sin ley, los justicialistas lo saben, también los gobernadores a quienes les comunicamos que sin ley se terminan los ATN (Aportes del Tesoro Nacional), la refinanciación de deudas y todo tipo de salvatajes”.

Con el correr de los días, algunos medios ya usaban la frase “plan canje” en sus títulos. El senador Augusto Alasino, que se había convertido en presidente de bloque en forma repentina, le prometió públicamente a Rodolfo Terragno que la ley sería aprobada antes del 7 de mayo, pero a mediados de abril dijo que “hay un grupo de seis senadores que estamos por rechazar la ley”. Además de él, eran Remo Costanzo, Ricardo Branda, Osvaldo Sala, Julio San Millán y Héctor Maya. Luego de que esta media docena de padres de la patria cenara con Fernando de Santibáñez y Enrique Nosiglia, Alasino dejó el suspenso en el aire al decir que “hay promesas que todavía no se cumplieron”.

A los pocos días, De la Rúa firmó un decreto ampliando a 35 millones el monto de los planes Trabajar, lo que duplicaba esa prestación. Y luego se produjo otro “sincericidio”, en boca del sindicalista Rodolfo Daer, quien aseguró que no concurriría a la marcha de protesta convocada por Hugo Moyano porque “estamos de acuerdo con la reforma laboral, dado que el Gobierno cedió todo lo que pedíamos en función del consenso”. Pocos recuerdan que el 19 de abril, la movilización de protesta en el Congreso contra la malnacida reforma laboral aliancista fue brutalmente reprimida y el sindicalista Julio Piumato, entre otros, resultó herido de gravedad.

Infojus Noticias quiso saber cuál podría haber sido el rol concreto del sector empresario, dado que semejante despliegue de prebendas varias con tal de obtener una ley flexibilizadora no podía ser producto de la iniciativa personal de los senadores. “Si sabían hicieron la vista gorda”, responde.

Aunque la sentencia de ayer dejó un sabor amargo a quienes vivieron de cerca este caso, el diputado Recalde rescata consecuencias que exceden la labor de un tribunal. “Más allá de que no hubo condena penal, estoy seguro que la condena social ya fue dictada, los que conducían los bloques no tuvieron futuro político, y esa ley terrible, porque se debatía solamente el toma y daca pero no su nefasto contenido, fue derogada por Néstor Kirchner sin la menor resistencia, es decir que la suerte de la reforma quedó sellada con el escándalo”.