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La dictadura ejecutó un Terrorismo de Estado Económico: lo llamó “guerra contra la subversión económica” y presentó como operaciones comerciales normales los traspasos de empresas realizados bajo torturas y amenazas en centros clandestinos de detención. Así sucedió en casos como el de los hermanos Iaccarino -cuyo veredicto se conoció esta semana en La Plata-, con Papel Prensa, el Banco de Hurlingham y con las Industrias Siderúrgicas Grassi. Para validar esos apoderamientos de empresas necesitó de amplios segmentos del Estado, a cargo de funcionarios civiles. Las operaciones además requirieron lo que el informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV)  -disponible en www.cnv.gob.ar- define como “normalidad fraguada”. Esta figura resaltada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, es un creativo paralelismo con los “enfrentamientos fraguados” con que la dictadura pretendía legalizar simples y premeditados fusilamientos.

Así como los cuerpos de muchos de esos fusilados dan cuenta de que no existieron los enfrentamientos que las actas alegan -y que la Justicia en muchos casos validó-, seguir la ruta de la documentación de traspasos de empresas arrancados en los centros clandestinos de detención permitirá hallar las evidencias de ese Terrorismo de Estado Económico. No era mero rapiñaje sino una forma más de las políticas que implementaba el “superministro” José Alfredo Martínez de Hoz para favorecer a determinados grupos. Por cada empresario desapoderado hubo uno que resultó beneficiado.

“Lo que queríamos –dice María Celeste Perosino, quien coordinó la elaboración del informe de la CNV- era pensar los visos de legalidad que se dieron a estas acciones que se encontraban completamente por fuera. Se pretendía construir un marco de legalidad para que los secuestros de estos empresarios y el desapoderamiento de las acciones pudieran ser incluidos dentro de la ley de subversión económica”.

El juzgamiento de esa faceta de los crímenes de Lesa Humanidad desnuda la pata civil de la dictadura. Amplias franjas del Estado participaron a través de funcionarios de la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central y el Nación, y la propia Justicia, encubriendo el desapoderamiento de bienes. El informe de la CNV analiza 16 casos de desapoderamientos y da cuenta de al menos 132 empresarios que permanecieron detenidos-desaparecidos con el fin de expropiarlos. Desnuda una “doble articulación” en esa “lucha contra la subversión económica” y revela cómo a las áreas del aparato económico del Estado se añadían en simultáneo operaciones “legales” y clandestinas.

Así lo demuestran algunos casos testigo. En el de Aceros Grassi la beneficiada con la baja de su principal competidor fue Acindar, la mayor siderúrgica del país, cuyo directorio encabezaba el ministro de Economía. En el de Papel Prensa, la alianza entre la dictadura y un pool de diarios -hegemonizado por el Grupo Clarín- monopolizó la producción del principal insumo y dio paso a la posterior conformación de un multimedios que concentró la palabra hasta condicionar a los sucesivos gobiernos democráticos. Es una disputa que todavía permanece.

En el caso de los hermanos Iaccarino, su industria láctea pagaba a los productores tamberos un 50 por ciento del precio del sachet en góndola. Lo habitual era entre el 19 y el 21, proporción que se mantiene hoy. Un modelo alternativo de formación de precios quedó “exterminado”, a la vista de los problemas que la democracia tuvo y tiene con los costos de la canasta familiar y los desequilibrios en las cadenas productivas alimentarias.

Otros casos, en cambio, son equiparables al rapiñaje o “simple choreo”, como definiera Carlos Iaccarino en el juicio. Todos ellos requirieron de un poder represivo ilegal y sistemático. El plan de la dictadura no era el Terrorismo de Estado por el terror mismo, ni la implementación de un programa neoliberal de coyuntura. Era transformar a la sociedad argentina.

La propia procuradora Gils Carbó remarcó en la presentación del informe de la CNV la necesaria “complicidad estructural” entre el Poder Judicial y la dictadura, sin la cual, destacó, el Terrorismo de Estado Económico no hubiera sido posible. Del mismo modo, funcionarios de la CNV participaban de los interrogatorios a los empresarios -su entonces presidente, Juan Alfredo Etchebarne, fue detenido en la causa Banco de Hurlingham-, y el Banco Nación y el Central estaban integrados a esa represión. Las actas de estas entidades prueban cómo se fraguaba “normalidad” en operaciones represivas que no eran menos alevosas ni burdas que un arrebato callejero. Esos funcionarios siguieron en sus cargos hasta pocos años atrás, igual que muchos de esos jueces, y siguieron articulando políticas con los empresarios a los que beneficiaron.

Comprender la sistematicidad del Terrorismo de Estado Económico permite verlo no como mera rapiña sino como parte de una misma matriz, que a un tiempo secuestraba empresarios que disputaban con las grandes corporaciones la formación de precios. O desaparecía a los delegados gremiales más jóvenes y combativos (como señala el Nunca Más, las principales víctimas).

De esto habla muy bien el reciente fallo sobre el centro de detención clandestino que funcionó en la planta de Ford, donde la jueza federal Alicia Vence imputó a tres exdirectivos de la automotriz por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior de la fábrica, en los sectores del Campo de Deportes” a fin de que se ejecutara una política represiva con los delegados y militantes gremiales.

El avance en el juzgamiento del Terrorismo de Estado Económico puede dar, además, lugar a que se resquebrajen los bloques de silencio. Hay en la práctica un pacto de silencio civil a imagen y semejanza del que rige entre los militares. Pero a diferencia de la desaparición forzada de los cuerpos, las empresas desapropiadas siguen estando y tienen una pista, una “trazabilidad” documental.

Esas empresas, así como las pruebas que quedaron en el Estado cuando durante el montaje de la “normalidad fraguada”, hablan. Dicen mucho de crímenes que se siguen cometiendo, porque las empresas continúan en manos de sus apropiadores, y las consecuencias económicas y sociales del plan en virtud del cual se forzó su “venta” son, aún, tiempo presente.Todos estos años, el andamiaje “civil” de la dictadura protegió los botines del Terrorismo de Estado Económico. Hubo jueces designados que tuvieron la potestad de impedir desapoderamientos, de aceptar hábeas corpus, y no lo hicieron. Cuando actuaron, fallaron en favor de esas empresas, auténticos poderes constituidos, exponentes de asociaciones ilícitas entre empresarios y militares.

El primer veredicto difundido el lunes 3 de junio en el caso Iaccarino -hay otras nueve causas que abarcan el paso por otros tantos centros clandestinos entre 1976 y 1978- desató fuertes controversias. Pese a considerar probados “delitos de lesa Humanidad” cometidos “en el marco de un genocidio”, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata aplicó penas de tres y cuatro años respectivamente a Bruno Trevisán y Rómulo Ferranti, exjefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús, donde los Iaccarino fueron obligados a firmar el traspaso de sus bienes en presencia de una escribana que “legalizó” el acto.

Los fundamentos de este caso pionero se leerán el lunes 10 junio. Los hermanos Carlos y Alejandro Iaccarino esperan conocer los argumentos tanto de los jueces Pablo Vega y Pablo Jantús, como de la disidencia del titular del TOF 1, Carlos Rozanski para luego decidir lo que suponen será la presentación de la causa en la Cámara de Casación. Las huellas del Terrorismo de Estado Económico empiezan a estar a la vista. Juzgarlo permitirá ver cuánto de aquel poder civil que lo ejecutó y amparó está vigente.