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27-6-2014|20:07|Lesa Humanidad La RiojaProvinciales
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A Angelelli lo asesinaron en 1976

Angelelli: piden perpetua para Menéndez y Estrella

Los fiscales pidieron la misma pena que solicitaron todas las querellas hace dos semanas. Consideran que Menéndez y Estrella integraron una asociación ilítcita para asesinar al obispo. Además pidieron que la condena se cumpla en una cárcel comú.

Por: Infojus Noticias

El Ministerio Público Fiscal pidió hoy prisión e inhabilitación perpetua para Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella en el juicio oral por el homicidio del obispo Enrique Angelelli, cometido durante la última dictadura cívico militar. Los fiscales federales Michel Horacio Salmán, Dario Illanes y Fernando Gimena pidieron la misma pena que solicitaron todas las querellas en la anterior audiencia del juicio, hace dos semanas.

Salmán sostuvo que Estrella y Menéndez fueron "autores mediatos del asesinato de Enrique Angelelli y tentativa de homicidio de su acompañante, el ex sacerdote Arturo Pinto", y quecon ese fin integraron una "asociación ilícita".

"Por esto, la Fiscalía solicita la pena de prisión e inhabilitación perpetua y que ambos cumplan la prisión de forma efectiva y en cárcel común, siendo revocada de inmediato su prisión domiciliaria de la cual gozan actualmente", añadió.

Un requerimiento similar hicieron las querellas de la secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja, del Obispado provincial, de la Organización Tiempo Latinoaemricano yfamiliares del obispo.

El 4 de agosto de 1976, Angelelli viajaba en una camioneta utilitaria Fiat, junto a su amigo el ex sacerdote Arturo Pinto. Volvían de la capital provincial y a la altura de Punta de los Llanos, un auto blanco los encerró y provocó el vuelco del vehículo. Angelelli murió y Pinto sufrió diversas heridas.

En el pedido Illanes dijo que Angelelli murió en "un atentado provocado intencionalmente por parte del terrorismo de Estado que gobernaba el país en ese entonces", que ideó "ese tan temido Plan Sistemático de Exterminio" del que el obispo "fue uno de los blancos".

"Entre los años `76 y `83, las Fuerzas Armadas tenían el control total del país y fueron quienes pergeñaron ese plan para eliminar a aquellos a quienes consideraban subversivos y ese terrorismo de estado actuó bajo el amparo de algunos miembros jerárquicos de la Iglesia" católica, dijo  Illanes y marcó que "no toda la jerarquía eclesiástica fue cómplice de estos actos, por lo cual no podemos meter a todos en la misma bolsa".

No obstante, "ninguna autoridad del Episcopado Argentino dijo algo, en esos momentos, sobre el asesinato de Angelelli y la persecución, torura y asesinato a la que fueron sometidos otros  sacerdotes como así también ciudadanos comunes", puntualizó.

"Los que gobernaban el país, vinculaban a Angelelli con la `subversión` debido a su carisma para llegar a la gente humilde y además porque en sus homilías radiales se refería al `hambre y sedde justicia` que tenía la población, lo que caía muy mal en las autoridades nacionales" de la dictadura, relató.

Illanes recordó finalmente que "Angelelli fue amenazado y proscripto por las autoridades nacionales, quienes prohibieron sus homilías radiales para, posteriormente y como el broche de oro, su asesinato tal cual como ocurrió con los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longeville y posteriormente con el laico Wenceslao Pedernera".

"No quedan dudas y las pruebas aportadas en este juicio demuestran que el obispo Enrique Angelelli fue emboscado cuando conducía su camioneta por otro vehículo y, tras el vuelco de lamisma, personas desconocidas lo extrajeron" del mismo "para rematarlo golpeando su cabeza contra el asfalto".

La sentencia se conocería el 4 de julio próximo, según fuentes judiciales, y hasta entonces organismos eclesiásticos y de derechos humanos programaron una vigilia que incluirá una misa, una celebración ecuménica, la actuación de artistas y la permanencia ante el Tribunal Oral Federal.

El mes pasado la Corte Suprema de Justicia rechazó otorgar la prisión domiciliaria a Menéndez y Estrella y dejó sin efecto una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal que había admitido los recursos de las defensas de los represores contra la condena del Tribunal Oral de La Rioja, que anteriormente había ordenado la detención en cárcel común de ambos militares.

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