Infojus Noticias

El 6 de mayo comenzó en Catamarca el juicio por la Masacre de Capilla del Rosario, donde fueron asesinados 14 militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la provincia juzga a los represores Carlos Eduardo Carrizo Salvadores, Jorge Ezequiel Acosta, que ya fue condenado por delitos de lesa humanidad en Córdoba, y Mario Nagakama. El delito que se les imputa es homicidio doblemente calificado por alevosía y por ser los autores dos o más personas. En la jornada de hoy declararon diez testigos. El más importante fue el ex soldado del Ejército José Fernando Gambarela. Declaró que vio cuando se rindieron los militantes del ERP con las manos en alto. También dijo ser testigo del momento en el que los fusilaron.

“Estamos satisfechos porque pudimos acreditar de forma contundente que se rindieron y fueron fusilados. Además, con el testimonio de Gambarela quedó ratificado que no tenían armamento y que las ordenes de fusilamiento fueron dadas por los imputados”, dijo a Infojus Noticias el abogado de la querella, Guillermo Díaz Martinez.

Las próximas audiencias pactadas por el Tribunal serán el 17 y 24  de junio. Además la primera semana de julio se realizará una inspección ocular con la presencia de testigos. En las primeras audiencias del juicio los imputados se reservaron el derecho a permanecer en silencio. Se leyeron sus declaraciones en la etapa de instrucción donde habían negado toda responsabilidad sobre los fusilamientos a los integrantes de la Compañía de Monte "Ramón Rosa Jiménez" del PRT-ERP en agosto de 1974.

El periodista Carlos Humberto Barrionuevo era cronista del diario La Unión y cubrió los hechos del 12 de agosto de 1974. Hoy declaró y confirmó que Carrizo Salvadores daba las órdenes y tenía el mando operativo. También aseguró que pudo ver cómo sacaban los cuerpos muertos de los fusilados en un helicóptero y después los tiraban desde la altura. “Nunca me voy a olvidar del ruido que hacían los cuerpos al dar con el suelo”, declaró. Y afirmó que eran tratados con un “total desprecio por la condición humana”.

“Nuestro criterio –explicó el abogado querellante Bernardo Bugeau a Infojus Noticias-  es que, al igual que los fusilamiento de Trelew, la masacre se debe entender como una acción planificada desde el Estado. Y esto a pesar de que cuando ocurrieron estos hechos faltaban dos años para el inicio de la dictadura”.  

Los hechos tienen como punto de partida el ataque a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Córdoba y al Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca planificados por el PRT-ERP. Las operaciones habrían sido realizadas por unos 47 militantes de entre 18 y 22 años. Un grupo acampó junto al río Piedras Blancas, a 20 kilómetros de la capital catamarqueña y en las cercanías de la Capilla del Rosario. El 12 de agosto, después de haber sido denunciados por unos ciclistas que pasaban por la ruta 38, llegaron hasta el campamento 60 soldados.

La versión oficial dijo que los integrantes del PRT-ERP habían muerto en combate. De hecho la acción mereció el reconocimiento de la presidenta Isabel Martínez de Perón. En la investigación se descubrió que, al quedarse sin municiones, los combatientes se habían rendido. Así, desarmados y golpeados brutalmente por los militares, fueron fusilados por orden del segundo jefe del Tercer Cuerpo del Ejército, el general José Antonio Vaquero.

El proceso judicial que se estimaba podía durar 60 días, tiene más de 50 testigos citados entre los que se encuentran algunos sobrevivientes de la masacre. El tribunal federal está integrado por Juan Carlos Reynaga, Gabriel Eduardo Casas y Carlos Enrique Jiménez Montilla, en una conformación similar a la que el año pasado condenó a Carlos Lucena a 16 años y a Juan Rauzzino y 10 años de prisión en el primer juicio por lesa humanidad de la provincia.

Todos los acusados están en la cárcel. Carrizo y Nakagama en Catamarca y Acosta, en Córdoba. El excoronel Nakagama fue detenido en 2009 a pedido del fiscal Santos Reynoso. En 1974 Nakagama era jefe de la sección Morteros Pesados del Regimiento 17. Después se detuvo a  Carrizo Salvadores, jefe del Regimiento al momento de los fusilamientos y que llegaría a ser jefe de Policía en Jujuy en el 2004. El último detenido fue Acosta, quien tenía a cargo una compañía del regimiento, y que ya fue condenado por su actuación en el centro clandestino de detención La Perla, de Córdoba.