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La Justicia ordenó procesar a 32 personas por torturas en la Unidad 6 de Rawson, durante la dictadura militar. Están acusados por privación ilegal de la libertad con violencia y amenazas, además de tormentos agravados. 29 de los imputados pertenecen al Servicio Penitenciario Federal y tres al Ejército. El juez federal Hugo Sastre sobreseyó y dictó la falta de mérito a otras cinco personas, entre ellos dos médicos. Chubut todavía no tiene condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

La histórica “Causa 500” empezó en 1986 y quedó detenida por las leyes de impunidad. La investigación se reactivó cunado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia remitió el expediente al juzgado de origen, después de declararse nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, concluyó la investigación con un pedido de 38 procesamientos. El juez Sastre hizo lugar a 32. “Cada víctima está considerado un hecho ilícito diferente”, explicó Gélvez a Infojus Noticias.
 
Héctor Gamen es ex general del Ejército y está acusado en esta causa en 71 casos. Sastre lo embargó por un millón de pesos. Hoy está preso en el módulo N° 2 de Marcos Paz y condenado a perpetua por la causa del centro clandestino El Vesubio en Buenos Aires.

“Muchos murieron o estaban muertos cuando se reinició la investigación”, dijo Gélvez. “Por ejemplo, la mayor parte de las autoridades del V cuerpo del Ejército, que fue la que se hizo cargo de esta zona”.

Entre los procesados hay varios ex directores y subdirectoes del penal. También jefes de requisa, de turno y de seguridad. “Los cinco sobreseimientos ya están apelados en la Cámara, pero mi intención es seguir con la investigación mientras se tratan los planteos. Hay que ver qué resuelve el juez en este sentido”, explicó Gélvez.  

En marzo de este año empezó la primera causa por lesa humanidad en Chubut. El juicio es por el secuestro y tortura de los abogados de presos políticos Mario Abel Amaya e Hipólito Solari Yrigoyen. Amaya murió meses después de haber sido detenido, pero Hipólito Solari Yrigoyen, sobrevivió y su testimonio es central en el proceso. La causa está caratulada como “presunto secuestro, severas vejaciones, apremios ilegales” y fue elevada a juicio en diciembre de 2010.

La otra causa que está esperando turno para juicio oral y público es el “Caso Valemberg”, que era presidente del Concejo Deliberante de Bahía Blanca y fue arrestado y trasladado al penal de Rawson el 11 de septiembre de 1976.

“Los dos son desprendimientos de la Causa 500 porque todo ocurrió en la Unidad 6”, contó Gélvez. Por haber sido denunciadas en momentos diferentes, llegaron antes a juicio”, agregó. En todos estos procesos está acusado Osvaldo Jorge Fano, que era entonces el director de la penitenciaría en Rawson.

En octubre del año pasado, en una sentencia histórica, la justicia federal condenó -40 años después de la masacre de Trelew- a prisión perpetua e inhabilitación absoluta de Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino.

En los 32 procesamientos de la causa 500 el juez Sastre decidió no dictar la prisión preventiva por encontrar que no hay peligro de fuga ni posibilidad de entorpecer el proceso. Esto también fue apelado por el fiscal Gélvez y deberá ser resuelto por la cámara.

Del Ejército fueron procesados Gamen, Carlos Filips y Armando Emilio Parra. Del Servicio Penitenciario Federal: Ricardo Jesús Mejías, Héctor Luis Cantero, Víctor Barreto, Juan Castillo, Héctor Amílcar Corio, Osvaldo Fano, Guido Absalón Díaz, Antonio Bienvenido Olmedo, César Santos Wahnish, Jorge Steding (también imputado en la causa Amaya – Solari Yrigoyen), Ramón Govi, Jorge Alberto Tomaso, Cipriano González, José Antonio Casanova, Ramón de Jesús Sosa, Rafael Ruiz Díaz, Ramón Aníbal Rodríguez, Julio Orlando Acevedo, Jorge Bernardo Vicente, Emilio Dambra, Miguel Ojeda, Juan Roldán, Rogelio Recio, Tomás Núñez, José Chaparro, José de la Cruz Molina, Alberto Monzón, Serapio Sotelo y Juan Carlos Abraham.

Todos ellos fueron embargados en sus bienes. Las cifras van desde el millón hasta los 30 mil pesos. Y están desperdigados a lo largo y ancho del país: Capital Federal, Esquel, Villa Ballester, Pinamar, Resistencia, Ezeiza, Rawson, General Roca, Mar del Plata, entre muchas otras ciudades. Viviendo en diferentes lugares, todos retirados de las fuerzas de seguridad y algunos desarrollando actividades como martillero público o voluntario de Caritas.