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La sala aguardaba en silencio. Por primera vez había niños presenciando la audiencia. “Condenar a Manlio Torcuato Martínez a la pena de 16 años de prisión”, leyó el secretario del tribunal y los gritos y aplausos hicieron inaudible el resto. No pudo seguir y el presidente del tribunal, Hugo Norberto Cataldi, advirtió que de no hacerse silencio mandaría a desalojar la sala. La advertencia bastó para que se retomara la calma aunque la expresión de los rostros cambió radicalmente.

El tribunal consideró que el ex juez federal, que actuó como tal durante la última dictadura militar, había cometido los delitos de encubrimiento, privación ilegítima de la libertad y asociación ilícita. También se aclaró que el cumplimiento de la pena sería de carácter domiciliario debido a su estado de salud. Esto hasta que se le realice un examen médico para determinar si está en condiciones de ser trasladado a una Unidad del Servicio Penitenciario Federal.

Una vez terminada la audiencia -en la que se conoció el fallo del tribunal integrado por Cataldi, José Asís y Mario Garzón- familiares, amigos, militantes de diferentes organizaciones de Derechos Humanos se estrecharon en abrazos. Las lágrimas, la emoción y el agradecimiento a los abogados querellantes y los miembros de la fiscalía fueron una constante entre todos. “Un principio de justicia”, dijo María Delina Romano, hija de una de las víctimas en esta causa.

“Lamentablemente llegó tarde para muchos otros responsables de haber condenado a muerte sin juicio justo a un montón de compañeros. 39 años de lucha, casi cuatro décadas esperando este momento. Mucho dolor y ahora la sensación de alivio”, agregó la mujer que fue una de las querellantes en este juicio y que vio a su padre padecer las consecuencias de las torturas y morir sin esta justicia.

Los niños en la sala eran los hijos de María Alejandra Romero Nicklison. Una concesión especial permitió que estos dos pequeños presenciaran el momento en que uno de los responsables por la muerte de su abuela recibiera la condena. María Alejandra representó su propia querella y la de una de las hijas de Romano. Con apenas un año de vida conoció el desgarro que la dictadura podía dejar en las familias. Se formó en la carrera de Derecho y apenas pudo empezó a hacerse cargo de la investigación de la muerte de su madre. De esta manera consiguió que se llevara adelante un primer juicio por la causa conocida como “Romero Nicklison”.

Por esa causa, en 2011 un tribunal condenó  a Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto Heriberto Albornoz por la matanza de cinco militantes montoneros. Entre esos militantes estuvo la madre de la abogada, Alejandra Niklison que se encontraba en la vivienda que alquilaba en calle Azcuénaga al 1600. En esa casa estaba reunida con Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen. Tres de estas víctimas, que fueron masacradas en lo que se quiso hacer pasar como un enfrentamiento, permanecen desaparecidas.

A partir del juzgamiento de esta primera causa comenzó a investigarse la responsabilidad que Manlio Torcuato Martínez tuvo en esa matanza. El ex juez había estado en el lugar y no investigó los hechos, según explicó él mismo, porque se declaró incompetente. Pero no existe en la justicia federal ni militar ningún documento que dé cuenta de esta decisión. Esto fue claramente expuesto por Emilio Guagnini, el abogado que acompañó en la querella a María Alejandra.

A esta causa, la de la muerte de los cinco militantes en la casa de la calle Azcuénaga, se sumó la privación ilegítima de la libertad de Miguel Romano. Romano era el propietario de esa vivienda y cuando se enteró de lo que allí había sucedido se llegó hasta el juzgado federal para ratificar su condición de propietario y aclarar que no tenía ninguna vinculación más que la de locatario – locador con la víctima de la masacre. En esa ocasión, el imputado y ex juez decidió ponerlo a disposición de la policía de la provincia. Se le inició una causa y Miguel Romano fue trasladado y torturado en el centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía. La pareja y la hija de esta víctima declararon que se habían presentado ante Manlio Martínez para explicar las condiciones psiquiátricas de Miguel, pero lejos de dar atención a estos planteos, fueron ignoradas. La liberación de Miguel Romano fue en realidad un pasó a un hospital psiquiátrico con un fuerte agravamiento de su estado de salud.

“Era un momento muy esperado llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez”, afirmó en la puerta del edificio del Tribunal Oral Federal (TOF), Lucía Romano, otra de las hijas de esta víctima.  “A nosotros nos cambió. Yo hace muchos años que no vivo en Tucumán y no me gusta venir”, dijo con un evidente esfuerzo por mantener firme la voz. “Y mi padre sobrevivió, muchos compañeros fueron condenados a muerte por esta organización macabra que estaba integrada por militares y por funcionarios civiles”, agregó apenas pudo reponerse del nudo que cortaba su voz.  “Hoy sentimos que superamos una valla alta”, concluyó la mujer.

Las querellas, los fiscales, los familiares, amigos e históricos militantes repitieron una y otra vez una palabra: “satisfechos”. Si bien los letrados advirtieron que esperarán al viernes 19 para conocer los fundamentos y, a partir de allí evaluar si se presenta algún recurso de casación, se mostraron conformes por el monto de la pena.

“Un día histórico”, también se escuchaba decir en la puerta del TOF. Es que Manlio Torcuato Martínez se convirtió este 12 de junio en el primer ex juez de todo el país, condenado por delitos de lesa humanidad. “Este veredicto va a ser un precedente muy importante en relación a los procesos que se iniciaron en la Argentina por funcionarios judiciales”, sostuvo Agustín Chit, fiscal ad hoc en este juicio quien, además, afirma que se analizarán las actuaciones de Martínez en otros expedientes. Ocurre que el nombre del juez de la dictadura en Tucumán fue reiteradamente indicado por cientos de testigos. Algunos aseguraron que no quiso tomarles las denuncias, otros indicaron que llegó a amenazarlos con que serían devueltos a los centros de torturas o que los seguirían golpeando.

Para las familias Romano y Romero Nicklison la justicia tardó casi cuatro décadas en llegar. Las dos familias agradecieron que la condena a Martínez haya sido dada por un tribunal al finalizar un proceso judicial con todas las garantías. “Nadie nos va a venir a decir que cuando el imputado se sentó ya estaba condenado”, reflexionó Alejandra.

GC/PW