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La Cámara confirmó varias condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe. Entre los condenados hay integrantes de la “Operación México” que fracasó en el intento de matar a dirigentes de la agrupación Montoneros.
La Cámara confirmó las condenas por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Santa Fe. Entre los condenados hay integrantes de la “Operación México” que fracasó en el intento de matar a dirigentes de la agrupación Montoneros.
Corría el mes de abril de 2010. El Tribunal Oral en lo Federal de Rosario se disponía a leer la sentencia que finalmente condenaría a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad al ex teniente Pascual Oscar Guerrieri, al ex mayor del Ejército Jorge Alberto Fariña, al ex personal civil de Inteligencia Eduardo Rodolfo Constanzo, al ex teniente Juan Daniel Amelong y al ex agente civil Walter Dionisio Salvador Pagano. Todos ellos se desempeñaban en el destacamento de Inteligencia 121.
Uno de ellos, Amelong, frente a todos los familiares de detenidos-desaparecidos, jueces y público, sacó de entre sus ropas una vincha y se la puso. “Legalidad”, se leía. Más allá del acto de provocación, el tribunal compuesto por Otmar Paulucci, Beatriz Caballero de Baravani y Jorge Venegas Echagüe, los condenó a todos por delitos de lesa humanidad y los envió a cárcel común.
El Destacamento de Inteligencia 121, estaba integrado durante la dictadura militar por todos los condenado, en aquellos años el jefe del destacamento era Alcides Juvenal Pozzi, hoy fallecido. Guerrieri se desempeñaba 2do. Jefe de Inteligencia, y principal encargado de “poner en marcha los operativos”.
Fariña era quien estaba a cargo del Área de Operaciones Especiales de Inteligencia y realizaba los interrogatorios evaluación y custodia de los detenidos, así como también del funcionamiento de los Centros Clandestinos de Detención. Se encontraba secundado por Amelong, Segundo Jefe de Operaciones Especiales de Inteligencia. Pagano y Costanzo, formaban el grupo de tareas, y sus cargos eran como Personal Civil de Inteligencia Militar, eran la “patota” encargados de los secuestros, traslados y torturas.
En resumidas cuentas, en la causa se investigaron delitos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, ocurridos entre 1977 y 1978. Se trata de delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención conocidos como “La Calamita”, la “Quinta de Funes”, la “Escuela Nro. 288 Osvaldo Magnasco”, en la quinta “La Intermedia” -perteneciente a la familia de Amelong -y en la “Fábrica Militar de Armas Domingo Matheu”. Las defensas de todos los condenados presentaron recursos de casación contra la sentencia y por eso la causa llegó al máximo tribunal penal del país.
Quedó probado que existió un “plan” sistemático y global con el objetivo de exterminar a quienes denominaban “elementos subversivos”, que fue ejecutado, entre otros, por el Destacamento de Inteligencia 121. Así lo explican, en la sentencia que rechaza los recursos de las defensas de los represores, los jueces que integran la sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky. Con el rechazo los jueces confirmaron las condenas de prisión perpetua dictadas por el tribunal.
Algunos casos
Jaime Feliciano Dri, fue secuestrado en la República Oriental del Uruguay en diciembre de 1977. A fines de ese mes fue trasladado a Rosario, a la “Quinta de Funes”. En enero de 1978 fue trasladado a la Escuela Industrial “Osvaldo Magnasco” y después, en febrero del mismo año a “La Intermedia”. En marzo de 1978 fue llevado a la ESAMA y recuperó su libertad en julio de 1978. Su testimonio fue clave y hacia él fueron las defensas de los represores.
El testimonio de Dri fue considerado “inestimable” ya que “se trata de un testigo víctima que convivió durante tres meses en los diferentes centros clandestinos de detención con sus secuestradores”. “Dri estuvo libre de todo impedimento sensorial, razón por la cual pudo percibir todo lo sucedido de una manera inmejorable, como ninguna otra víctima pudo hacerlo”, explica la sentencia al darle valor al testimonio y rechazar las presentaciones de los abogados de los represores.
Raquel Ángela Carolina Negro, no corrió la misma suerte. Fue secuestrada en Mar del Plata en enero de 1978 y llevada a Rosario. Estuvo alojada en la “Quinta de Funes”, después la “Escuela Magnasco”, “La Intermedia”. Allí recibió torturas y tormentos de todo tipo. Estaba embarazada. En marzo de 1978 fue llevada al Hospital Militar de Paraná, en Entre Ríos. Dio a luz a mellizos. La llevaron nuevamente a “La Intermedia”. Llegó muerta. En “La Intermedia” fueron ejecutados 14 personas y sus cuerpos tirados al mar.
El caso de Edgar Tulio Valenzuela, secuestrado en enero de 1978 en Mar del Plata, tiene otro contenido. Valenzuela permaneció en el Centro Clandestino de Detención conocido como la “Quinta de Funes”. Una vez secuestrado en el centro clandestino apareció Leopoldo Galtieri “quien mantuvo una conversación con Tucho y éste aceptó colaborar”. Se estaba pergeñando la denominada “Operación México”.
Un operativo en el que un grupo de militares argentinos, entre los que se encontraban Jorge Alberto Fariña -apodado Sebastián-, Juan Daniel Amelong -apodado Daniel- Juan Andrés Cabrera -apodado Barba-, junto a los detenidos Carlos Laluf -apodado Nacho- y Tulio Valenzuela -apodado Tucho- “viajaron a México con el objetivo de secuestrar o matar a los integrantes de la cúpula de la organización Montoneros” que se encontraban en México. El 18 de enero de 1978 Valenzuela se dio a la fuga y desbarató “la maniobra de inteligencia diagramada por sus captores”. La operación fracasó.
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