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El juez federal Ricardo Bustos Fierro resolvió hoy "denegar" el beneficio de excarcelación solicitado por las defensas de tres efectivos policiales, en el marco de la investigación por el presunto vínculo de la policía provincial con el negocio del narcotráfico. Alfredo Damián Seine, Franco Sebastián Arguello y Fabián Peralta Datolli están detenidos a disposición de la justicia federal.

El magistrado, al rechazar los pedidos de excarcelaciones,valoró la gravedad de los delitos que se imputan a los efectivos policiales del área de Drogas Peligrosas, como la figura de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y privación ilegítima de la libertad.

 "Según tal encuadramiento jurídico, y en atención a la pena conminada en abstracto para el delito que se le imputa, cuyo mínimo serían cinco años de prisión, en principio tornaría inviable concederle el beneficio de la excarcelación, de conformidad a los parámetros establecidos por los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación", sostiene en uno de los párrafos de los fundamentos de la resolución.

El juez Bustos Fierro también considera que se trata de "una investigación de amplia trascendencia, ya que se encuentra en juego la verosimilitud de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico, de la cual éstas personas formaban parte".

También sostiene que "la libertad de los encartados, en principio pondría en peligro el éxito de la investigación" que lleva adelante el fiscal federal Enrique Senestrari.

 El juez también dice que la liberación de los policías podría implicar "amenaza o influencia" sobre testigos, "lo que llevaría a entorpecer la investigación penal en curso".

 Por otra parte se espera que hoy la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resuelva sobre el pedido de excarcelación del ex jefe de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Sosa, el principal de los ocho policías detenidos e imputados en la causa.

 El denominado `narcoescándalo´ tomó estado público a partir de una investigación periodística e involucra a las instituciones del Gobierno que administra José Manuel de la Sota.

Entre las derivaciones más importantes, significó las renuncias del ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y del jefe de Policía, Ramón Frías, quienes fueron reemplazados por Alejandra Monteoliva y César Almada, respectivamente