Infojus Noticias

El séptimo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Salta se inició con algunos contratiempos que motivaron la suspensión momentánea de la apertura del debate en relación a la causa por la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone. Para no retrasar más el proceso, el Tribunal Oral en lo Criminal decidió hacer dos aperturas de debate: en la audiencia de hoy se abrieron nueve expedientes acumulados, y lo mismo pasará en la causa Ragone II en la próxima audiencia, el 16 de este mes.

Los jueces Federico Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz, Marta Liliana Snopek y María Alejandra Cataldi tomaron esta decisión tras un planteo del defensor oficial Oscar Tomás del Campo, quien se negó a que se leyera la acusación fiscal en relación a los delitos vinculados al secuestro del ex gobernador porque todavía no concluyó el periodo legal de presentación de pruebas. “(Esto) implica poner el carro delante del caballo”, se quejó el abogado; advirtió que se está ante la posibilidad de violar derechos constitucionales de sus defendidos, como la garantía de un debido proceso.

Inicialmente la causa Ragone II, como se la conoce, no iba a ser parte de este proceso, pero el Tribunal accedió a incluirlo luego de un pedido de los fiscales Francisco Snopek y Juan Manuel Sivila y la querella de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia. La decisión se fundó en la necesidad de agilizar estos procesos de investigación de violaciones a los derechos humanos, pero se llegó a la audiencia sin que las defensas y la querella de la familia Ragone hicieran sus respectivos ofrecimientos de pruebas.

Estas formalidades no alcanzaron a apagar la expectativa esperanzada de los familiares que llenaron la sala de audiencias del TOF salteño y tomaron fotografías y estudiaron los detalles de los acusados, que pocas veces se cruzan con los querellantes y ni bien empezó la audiencia pidieron que se prohibiera la toma de fotografías. Joaquín Guil, ex hombre fuerte de la Policía de Salta y que extendió su poder desde tiempos de la dictadura de Onganía hasta la de Videla, se acomodó al lado de los comisarios retirados Antonio Saravia, Néstor Liendro y Abel Guaymás. Los represores deben responder por el secuestro de Ragone, cometido el 11 de marzo de 1976. En el hecho fue asesinado el testigo Antonio Arredes y se intentó hacer lo mismo con Margarita Martínez de Leal.

Guil ya fue condenado por Ragone, y carga otras condenas por delitos de lesa humanidad, pero está en prisión domiciliaria, por decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal. Ahora será juzgado por siete hechos de homicidios doblemente calificados y tiene también imputaciones por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos.

Los otros dos acusados, que completan el total de seis, son los ex militares Miguel Raúl Gentil y Virtom Modesto Mendíaz, que fueron jefes de la Policía de Salta. Entre otros delitos, a Gentil se le imputan cuatro homicidios agravados, y a Mendíaz, tres. Ambos siguieron la audiencia por videoconferencia, el primero desde Buenos Aires y el segundo desde Rosario. Ninguno accedió a hablar.

“De él no han sacado un solo nombre”

En este proceso se acumularon diez expedientes, sobre crímenes en perjuicio de 18 personas, cinco de las cuales fueron asesinadas y otras cuatro están desaparecidas, en hechos cometidos entre abril de 1975 y septiembre de 1976, en plena vigencia del plan sistemático de eliminación de personas que en Salta comenzó a ejecutarse en noviembre de 1974, tras la caída del gobierno de Ragone.

Entre los delitos anteriores al golpe se cuenta el caso del sindicalista y militante del peronismo revolucionario Rubén Yáñez Velarde, secuestrado el 8 de noviembre de 1975, y cuyos restos fueron identificados en el cementerio de Yala, Jujuy, en 2012, poco después de que sus compañeros en el Sindicato de Luz y Fuerza comenzaran a recuperar su memoria y a impulsar la investigación de este hecho. “Éramos muy unidos”, lo recordó Germán Lozano, compañero de trabajo y militancia.

Yáñez fue secuestrado cuando iba a comprar un boleto de tómbola, estuvo desaparecido hasta que su cuerpo apareció en el camino de cornisa que une a Salta con Jujuy, y luego fue enterrado como anónimo en el cementerio de Yala. “Yo creo que de él no han sacado un nombre. Era un hombre muy leal”, lo recordó Lozano, quien se mostró optimista respecto de la continuidad de este proceso.

En este juicio también se investigará el homicidio de los jóvenes Ramón Antonio Díaz Romero y René Esteban Locascio Terán, oriundos de Tucumán, cometido por policías en abril de 1975 en la villa turística de San Lorenzo.

Aunque muy nerviosa, y prefiriendo el silencio por ahora, también acompañó la apertura del debate la viuda del policía Carlos César “Topo Gigio” Martínez, secuestrado el 18 de marzo del 76 y cuyos restos, sometidos a una explosión, fueron encontrados en El Gallinato, paraje que fue usado por la represión como campo de exterminio. Este hecho, por el que están imputados Gentil y Guil, será el primero que se tratará en este proceso.

También se juzgarán las detenciones ilegales y tormentos sufridos por Mario Amelunge Vargas, Pablo Salomón Ríos, Nital Díaz, Hugo Maza, Alfinio Elido Oroño, Lucrecia Barquet y Ricardo Falú. Y tratarán las desapariciones de tres miembros de la familia Gómez - Colqui: Rolando Gómez, su sobrino Alfredo Colqui y la madre de éste y hermana de Rolando, Lidia Telésfora Gómez.

Los ausentes

En este juicio se iba a indagar sobre el destino corrido por Graciela Beatriz Juárez y Gerardo David Giménez Bravo, desaparecidos desde 1976. Pero eso no será posible debido a la muerte del único acusado por estos hechos, Carlos Alberto Mulhall, quien fue jefe del Ejército en Salta y falleció el 21 de noviembre. 

Graciela cursaba 3° año en el Colegio Comercial N° 2 y alfabetizaba adultos; fue secuestrada al salir de clases, en agosto de 1976. Al día siguiente su casa fue allanada por el Ejército y su madre fue detenida. En el expediente consta que, señalando una fotografía de Graciela, el oficial a cargo les dijo a los soldados que lo acompañaban: “Ven, ésta es una montonera enemiga de la patria”. Gerardo fue secuestrado por un grupo de cinco o seis hombres, algunos de civil, otros uniformados, el 9 de octubre, a la madrugada, desde su casa.

Militantes de organismos también lamentaron que en otras causas se esté llegando a los juicios tras el fallecimiento de sus denunciantes. Es el caso de la histórica dirigente de derechos humanos Lucrecia Barquet, del ex juez de Corte Ricardo Munir Falú y del sindicalista del vino Pedro Salomón.