Infojus Noticias

Más de 700 personas participaron hoy en San Salvador de Jujuy del Encuentro Regional del Noroeste Argentino por una Justicia Legítima. El foco estuvo puesto en la mora de las causas por delitos de lesa humanidad y la falta de respuesta judicial ante casos de violencia policial. Familiares y víctimas de apremios ilegales, torturas y muertes en Jujuy, se refirieron a la provincia como “Capital de la impunidad”.

Jueces, fiscales, defensores, organismos de DD. HH., organizaciones sociales, sindicales, académicos y periodistas, escucharon a los panelistas y después participaron en talleres sobre independencia del poder judicial, mecanismos de ingreso, democratización y participación ciudadana en la administración de Justicia. Del encuentro también participaron la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, el titular de la Unidad Fiscal, Jorge Auat; y el fiscal General de la Unidad de Trata, Marcelo Colombo; así como representantes de las provincias de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja.

El representante provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Juan Manuel Sibila, advirtió a Infojus que en materia de Justicia Federal uno de los problemas es el letargo con el que avanzan las causas por delitos de lesa humanidad en Jujuy. Explicó que en estos momentos hay muchas medidas pendientes, porque aún está vacante la designación de uno de los integrantes de la Cámara Federal de Salta, tras el alejamiento del presidente Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Este juez fue señalado porque “sistemáticamente” avaló las estrategias dilatorias del juez jujeño Carlos Olivera Pastor.

Como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, Olivera Pastor tuvo en sus manos hasta 2009 -cuando renunció por presión popular - la investigación por la represión en el ingenio Ledesma durante la última dictadura militar, que involucra al empresario Carlos Blaquier. En ese momento rechazó el 80 por ciento de los pedidos de indagatoria de la fiscalía que investiga las causas por delito de lesa humanidad, y fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura. Su renuncia obturó la posibilidad del juicio político.

Sobre el rol de la justicia provincial, la representante de los organismos de derechos humanos de Jujuy, Mercedes Salazar, dijo que uno de los mayores problemas está asociado a la falta de justicia en casos de violencia policial. “Los jueces y fiscales miran para el costado. Y las víctimas temen denunciar”, explicó a Infojus. Alertó que la ciudad de San Pedro ―segunda en importancia en la provincia — es una de las más castigadas. “Tenemos el caso de un chico de 18 años al que detienen por averiguación de antecedentes: lo llevan al monte y le empiezan a pegar hasta que cae al suelo. Y le tiran balas de gomas en la espalda, cuando se da vuelta, le siguen pegando y le vuelven a tirar balas de gomas, esta vez en el pecho”, contó Salazar.

Los organismos han relevado más de 170 testimonios de jóvenes -principalmente de los barrios más pobres- que no se animan a denunciar. “Los llevan a las comisarías, les pegan y les aplican submarino seco, les hunden la cabeza en el agua, les pasan electricidad por el cuerpo y les rompen las costillas a patadas. Han llegado al hospital con un pulmón perforado. Es muy grave, el aparato represivo de la dictadura está intacto”, lamentó Salazar. La falta de respuesta institucional los deja en estado de indefensión; por eso desde los organismos decidieron dar a conocer la gravedad de la situación.

Este es el cuarto encuentro que el espacio Justicia Legítima organiza en el interior del país. Sus conclusiones se presentarán el 31 de mayo en el encuentro nacional que se realizará en La Plata.