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El 17 de febrero ocurrirá un hecho inédito en la provincia de Mendoza. Después de dos años de investigación, comenzará “el juicio a jueces” –como se lo conoce en el ámbito judicial local- que tuvieron un rol protagónico en la última dictadura militar. Pero no sólo habrá jueces sentados en el banquillo de acusados. Serán un megajuicio con 41 imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema judicial.

Los procesados de la justicia son el destituido Luis Miret, que fue subrogante y luego juez designado durante la dictadura, de la misma forma que ocurrió con Otilio Romano, también destituido por el Consejo de la Magistratura. A estos dos se suman otros tres ex jueces, Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de Estado de 1976.  El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y  asesinatos  que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos.

“Es un juicio emblemático porque se juzgará a jueces dentro del funcionamiento de un bloque de represores. No ha sido fácil investigar la complicidad de la justicia con la dictadura, existió mucha resistencia. Creemos que si el juicio se desarrolla por los cauces normales, sin ninguna traba, será un hito y marcará un importante precedente a la hora de juzgar el rol de la justicia en el genocidio”, dijo a Infojus Noticias Juan Manuel González, subsecretario de Derechos Humanos de Mendoza.

El funcionario detalló que están esperando que el Cuerpo Médico Forense chequee los certificados médicos de los represores para que no exista ningún obstáculo ni demora en el arranque de las audiencias.

A la hora de hablar de los jueces y fiscales procesados, González citó como paradigmático el caso de Romano, ex presidente de la Cámara Federal de Mendoza que se fugó a Chile para burlar a la Justicia y fue extraditado en agosto del año pasado. Romano está acusado de más de cien delitos de lesa humanidad por su desempeño como fiscal y juez subrogante entre 1975 y 1983. Había pedido asilo político en el país trasandino, pero le fue denegado.

Según explicó González, esta megacausa se centrará en los secuestros y las vejaciones ocurridos en el “D2” -Departamento de Información 2  de la policía de la provincia de Mendoza-, el máximo centro clandestino de la provincia. “Las causas de este juicio fueron muy trabajosas porque nos costó juntar a los acusados. Romano estuvo prófugo en Chile, pero no es el único caso. Seguimos buscando a dos prófugos –uno es de la Policía Federal, el otro de otra fuerza pública- y en este sentido tenemos dos causas puntuales esperando a ser elevadas a juicio. Cuando resolvamos este problema, elevaríamos la lista a 43 acusados”, dijo.

Para Pablo Salinas, abogado querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos el megajuicio será esclarecedor: se demostrará el tejido más fino de cómo funcionó el terrorismo de Estado provincial. “Si bien ya ocurrieron otros dos juicios en Mendoza por crímenes de lesa humanidad, ninguno tiene la envergadura de éste. Nosotros, como Movimiento Ecuménico, venimos denunciando cómo fue el accionar de la justicia en conjunto con los militares. Hicimos una denuncia por más de cien casos contra Romano y otros jueces y fiscales, y ese fue el puntapié para que el actual fiscal planteara el megarequerimiento que llegará en la actualidad a cuarenta acusados”, dijo a Infojus Noticias.

Las otras querellas, además de la Secretaría de Justicia provincial, son la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y otras defensas por damnificados particulares.

El mecanismo que funcionó “como un reloj” y que perpetuó el horror en Mendoza, según Salinas, es el mismo que se aplicó en todas las provincias. “A cada secuestro, a cada desaparición, los familiares presentaban un hábeas corpus. ¿Qué se hacía con esa presentación judicial? Simplemente, los fiscales y los jueces, en vez de investigar, los archivaban y miraban para otro lado. Sabían muy bien lo que estaba pasando. Y, al mismo tiempo, le daban valor a los testimonios que se tomaban bajo tortura en los centros clandestinos. De esa forma, avalaban las detenciones ilegales y las torturas”, enfatizó.

El megajuicio –que se estima durará dos años- incluye, en total, a más de doce causas. Involucra a cien víctimas, de las cuales 37 están desaparecidas. Las demás personas sufrieron privaciones de la libertad, la mayoría fueron sometidos a torturas, algunos quedaron con lesiones y/o perdieron parte de su patrimonio debido a los robos, considerados “botín de guerra”.

A estos se suman varios casos de encubrimiento junto a una supresión de identidad y sustracción de una bebé. Además, por primera vez, llegaran a juicio los ataques sexuales contra cuatro militantes mujeres bajo la figura de “violación encuadrada como delito de lesa humanidad”.