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Rubén Bonelli es delegado regional de la secretaria de Derechos Humanos de Entre Ríos en Concordia. Fue el primer funcionario que visitó en la cárcel a Andrea Soledad Zapata, la mujer acusada de haber actuado por omisión en el asesinato de sus hijos y que fue absuelta el lunes pasado. Encontró en ella un caso paradigmático del funcionamiento estatal y judicial de su ciudad frente a la pobreza. “Si el Estado no se ocupa, dice Bonelli, no podemos esperar a que ocurra una tragedia para castigar a los que menos tienen”.   

-Las denuncias por violencia de género en Concordia duplican, por ejemplo, las de Paraná. ¿Cómo afronta esta realidad desde la Secretaria de DDHH?

-Esas estadísticas fueron brindadas por los Juzgados de Familia de toda la provincia. Nosotros todavía no tuvimos acceso a ese material pero sé que fueron publicadas en distintos medios de comunicación. Desde la Dirección de Derechos Humanos vemos cotidianamente que las mujeres se animan más a denunciar los casos  de violencia intrafamiliar porque se hizo un trabajo para que conozcan sus derechos. Aumenta el número de denuncias porque hay más información. En los últimos dos años hemos visto ese crecimiento desde la Dirección. 

-Usted dijo que el fallo de absolución a Andrea Soledad Zapata es “histórico y sienta un precedente” ¿Cómo funciona la justicia de Concordia con respecto a la violencia de género?

-Esta es una ciudad muy conservadora. Los funcionarios judiciales tienen una formación y una mentalidad de clase media alta, y esto no les permite ver cuestiones de tipo social. La justicia, en todos sus estamentos, en los defensores, los fiscales, los juzgados de Garantía, la Cámara del Crimen, tiene un sesgo machista muy fuerte. Yo creo que tenemos que ir paso por paso para cambiar esa visión en los funcionarios. Eso no se hace de un día para el otro. Los pasos tienen que ser lentos pero firmes. Hay un nuevo escenario y tiene que haber nuevas visiones sobre él. En el poder judicial es donde terminan todas las denuncias por violencia de género por eso querríamos sentar un precedente, un fallo histórico, con el caso de Andrea Soledad Zapata,  para que nos sirva en el futuro.

-¿Y cuál es el rol de la policía en Concordia la hora de tomar las denuncias por violencia de género?

-Bueno en la policía, históricamente fue el obstáculo para la toma de denuncias por violencia de género. Su formación machista hacía que le dijeran a una mujer golpeada: “vaya y trate de calmarse”. Desde hace unos cinco años la cosa empezó a cambiar.  Hicimos pequeñas capacitaciones con los agentes para mejorar la recepción de las denuncias y que no terminen en el tacho de basura.  Por supuesto, todavía tenemos problemas pero vemos que se está produciendo un cambio. Tratamos, desde la Dirección, no dejar pasar ninguna situación. Tomamos denuncias cualquier día, en cualquier horario. Y todo aquel oficial o suboficial que sea denunciado nosotros hacemos la solicitud para que se lo investigue y, llegado el caso, se lo sancione. 

- En el caso de Soledad se mezclaban la vulneración de derechos (desescolarizada, sin cobertura de salud, sin ayuda económica del estado) con la situación de violencia por parte de Álvarez. ¿Esta situación es común a nivel local?

-Las situaciones de violencia se ven, fundamentalmente, en los sectores sociales más vulnerables. Aunque hubo algunos casos, que se han conocido públicamente, en sectores de clase media-alta, la mayoría de ellos se dan en la gente con menos recursos. Esta Dirección, si bien es parte del Estado y depende de la municipalidad de Concordia, trabaja casi sin presupuesto. Nuestro trabajo es a pulmón. Por eso tuvimos suerte en el caso de Andrea Soledad Zapata de hablar con el Dr. Enrique Stola y que nos haya propuesto aportar su saber en el juicio y también recurrimos a la licenciada en psicología, Soledad Richard que aportó desde su disciplina.  

-En el juicio se vio un papel muy deficiente de los operadores del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia ¿Cuál es el papel del COPNAF frente a estas situaciones?

- El Consejo tiene falencias y eso quedó demostrado. Cualquier agente o funcionario público que toma conocimiento de un acto donde se vulneran derechos, debe denunciarlo. Y en el caso de Andrea Soledad Zapata no se hizo. Tampoco lo hicieron los agentes que trabajan en el área de salud. Una médica hizo caso omiso de lo que estaba diciendo Zapata, le dijo que le iba a mandar la policía para ayudarla y nunca llegó nadie. Si buceamos y buscamos una mirada totalizadora, vemos que hay falencias en el Estado, en la Justicia. Y este no es un hecho aislado sino como funciona habitualmente.

-Cómo delegado regional de DDHH, ¿cuáles son las dificultades más importantes en esa materia en Concordia? 

-Hay un mosaico de demandas. Los temas más urgentes es la ausencia del Estado con los sectores postergados de la ciudad. Hacen falta agentes que trabajen con compromiso social, con capacitación, con un saber técnico que les permita enfrentar los problemas pero sobre todo con sensibilidad hacia el otro, donde no se naturalice, donde no parezca normal que exista gente sin ningún tipo de cobertura. El Estado Nacional lo tiene, pero acá, para algunos sectores, todavía no llegó.