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En el encuentro “La sociedad le habla a la Justicia”, realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en San Juan, el abogado Pablo Salinas señaló que existe una línea de continuidad entre en los juicios por lesa humanidad y la necesidad de profundizar el proceso de democratización de la Justicia. Como integrante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), actuó como querellante e impulsó investigaciones que involucran a jueces y fiscales que convalidaron y formaron parte del accionar represivo.

Salinas nació en San Luis pero poco antes del golpe, su madre, Teresita Cavalotti, decidió mudarse a Córdoba. Ella era cercana al gobernador peronista Elías Adre, que estuvo detenido 4 años, y pensó que el Córdoba estarían más seguros. Pero no fue así. Cuando el abogado tenía 6 años, una patota los fue a buscar y los llevaron detenidos al Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba (D-2). Durante días sus tíos reclamaron por él, pero les negaban que estuvieran allí. Finalmente, lo devolvieron con su familia. Su madre quedó detenida a disposición del PEN, en la cárcel de Devoto, hasta que Salinas cumplió 11 años. Recién el año pasado pudo volver al D-2, que ahora funciona como sede de la Comisión y del Archivo Provincial de la Memoria.

En entrevista con Infojus Noticias, Salinas repasó un proceso que calificó como “histórico y necesario”, del que es uno de los protagonistas.

En Mendoza, después de afrontar muchas dificultades, se llevaron adelante tres juicios por delitos de lesa humanidad, y se impulsa la primera causa penal en la que se investiga la actuación de jueces y fiscales durante la dictadura. ¿Cómo seguirá este proceso?

Soy optimista y lo considero como parte de un debate más amplio sobre la democratización de la Justicia. En el primer juicio se condenó a cuatro represores; en el segundo a otros cuatro; y en el tercero tuvimos condena para diez represores, siete de ellos a reclusión perpetua y solo tres temporales. En la medida en que la Justicia sea permeable a la participación popular, va a ir recuperando legitimidad. Por eso considero sumamente negativo que se haya frenado la elección por voto directo de los miembros del Consejo de la Magistratura. Este es un debate fundamental, y los avances en la investigación de jueces y fiscales que tuvieron participación activa en los crímenes de la última dictadura en Mendoza, es un puntapié en este sentido.

En el ámbito público resuenan los nombres de los jueces Luis Miret y Otilio Romano, ¿ellos están siendo investigados?

—Antes del año 2000 quisimos llevar adelante los Juicios por la Verdad porque las leyes de impunidad nos impedían condenar a los responsables de los crímenes durante la dictadura. En este momento, Luis Miret integraba la Cámara Federal de Mendoza que debía llevar adelante el proceso, y lo recusamos. El juez había reconocido públicamente ser íntimo amigo de uno de los jefes del Ejército que comandó la represión en la región. Nos rechazó el planteo, y no logramos hacer los juicios en búsqueda de la verdad. Luego fue destituido y actualmente es investigado penalmente, por su actuación durante la dictadura.

¿Qué pasó cuando se pudieron retomar los juicios penales?

—En 2005, cuando la Corte nacional estableció la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia debida y Punto Final, el juez federal Walter Bentos consideró que no tenía competencia para investigar estos delitos y mandó todas las causas a los tribunales de Córdoba. También, discutimos esa medida. Finalmente, logramos que la investigación se hiciera donde se cometieron los hechos. Las desapariciones habían ocurrido en Mendoza y debían investigarse acá, sino cómo se iba a hacer una inspección ocular en los centros clandestinos, o cómo se iba a reconstruir  el secuestro del escritor Paco Urondo, como se hizo. Hoy, estos mal llamados jueces fueron desplazados de sus cargos y se investigan los delitos que cometieron durante la dictadura.

¿Cuáles fueron las primeras pistas de esta investigación?

—Cuando se revirtió la decisión de Bento, empezamos a leer los expedientes que en la década del 80 también se habían enviado a Córdoba, y nos encontramos con la complicidad. Ahora hay una causa penal en la que se investiga la complicidad de jueces y fiscales en los casos de privación de la libertad de más de 100 personas.  Nos da mucho orgullo porque -como fruto de un trabajo colectivo- fuimos pioneros en advertir que la patota militar no podría haber actuado sin la complicidad de los jueces. Cuando se producían las detenciones ilegales, jueces como Otilio Romano, las legitimaban por ejemplo, armando una causa contra los detenidos.

En La aplicación de la tortura en la República Argentina reflexionás sobre la trama entre la “realidad social” y la “regulación jurídica” de un sistema represivo. ¿Cómo pensaste este libro?

—A partir de los juicios tuve acceso a mucha documentación. Era evidente que se trataba de un plan criminal ideado por las tres fuerzas y ejecutado conforme a reglamentaciones que estableció la propia Junta Militar. El Juicio a las Juntas fue importante, necesario, pero se quedó corto: desconoció las teorías más modernas del dominio del hecho. Al actuar desde el Estado para delinquir los militares consideraban que tenían garantizada la impunidad. Diseñaron un esquema represivo que esperaban se llevara adelante sin ningún mecanismo defensa social, sin la posibilidad de que las víctimas pudieran recurrir ni a los sindicatos, ni partidos políticos, ni a los medios u organismos de derechos humanos para denunciar la persecución.

¿Cómo fuiste reconstruyendo este plan criminal?

Las órdenes estaban escritas. Mi abuelo, el papá de mi mamá, era militar retirado. Él me ayudó mucho a entender la terminología castrense, a entender cómo piensa un militar. Era radical pero había sido leal a Perón en el ´55, estuvo preso en la autodenominada Revolución Libertadora y en 1973, cuando el peronismo ganó las elecciones lo condecoraron y ascendieron por su lealtad. A él le dolió mucho que el Ejército se convirtiera en una banda de delincuentes y lo que pasó con mi mamá. Pero pudo ver que los juzgaban y los condenaban y eso es un alivio.