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A las 9.53 del lunes 18 de julio de 1994, una explosión sacudió el barrio porteño de Once con una onda expansiva que afectó a más de mil viviendas en seis cuadras a la redonda. Ochenta y cinco personas murieron. La gran mayoría de los más de 300 heridos fueron trasladados al Hospital de Clínicas, y en Ayacucho 632 se montó un centro de información sobre la suerte que habían corrido las víctimas.

El entonces juez federal Juan José Galeano asumió la investigación. A los pocos días del hecho estableció que el ataque había sido perpetrado por un terrorista suicida que chocó una camioneta Traffic cargada de explosivos contra la entrada de la mutual. Esa línea investigativa se basó en el hallazgo -por parte de militares israelíes que participaron de las tareas de rescate- del block del motor de ese vehículo entre los escombros del edificio.

Por los datos extraídos del block se identificó al vendedor de la camioneta: Carlos Telleldín, un mecánico y comerciante de autos usados que solía tener tratos con efectivos de la Policía bonaerense. A partir del rastreo telefónico se detectó que Telleldín habló una semana antes del atentado con Alberto Kannanore Edul, un empresario de origen sirio ya fallecido.

Las células dormidas de Teherán

Entre la documentación que se le secuestró a Edul se encontró una agenda en la que figuraba el nombre de Moshe Rabbani, consejero cultural de la embajada de Irán. Con esa información, Galeano viajó a Venezuela, donde se entrevistó con un disidente y ex funcionario del régimen iraní llamado Manuchur Moatamer, quien le explicó cómo operaban las células dormidas que utilizaba Teherán en diversos países.

El magistrado avanzó sobre la hipótesis de un atentado ejecutado por la organización Hezbollah y financiado por el gobierno de Irán. Investigó las vinculaciones de Moshe Rabani, un clérigo persa, y conjeturó que había sido quien ideó el ataque a la AMIA desde Irán. En 1997, el juez viajó a París y se reunió con integrantes del MKO, una organización opositora al régimen teocrático de Irán, quienes le suministraron los nombres de los funcionarios que habrían planeado la voladura de la mutual.

Un informe de inteligencia estableció que el chofer suicida de la Traffic que estalló contra el edificio de la AMIA era Ibrahim Berro, un ciudadano libanés de 21 años.

El juicio político contra el juez

Galeano cometió numerosas irregularidades en la causa. Entre ellas, pagarle 400 mil dólares a Telleldín con fondos de la SIDE para que implicara a un grupo de policías bonaerenses (liderados por el subcomisario Juan José Rivelli) como armadores de la camioneta que estalló en la calle Pasteur.

En 2003, tras un proceso oral que se prolongó durante meses, el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a Telleldín y a los demás acusados de la llamada “conexión local”. Galeano fue acusado por mal desempeño y en 2004 la comisión de juicio político lo destituyó.

La segunda investigación

La causa pasó a manos del juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Alberto Nisman, quienes en 2006 cursaron un pedido de detención contra ocho funcionarios iraníes, entre ellos el ex presidente del país Alí Rafsajani; el embajador Hadi Soleinmanpur y el imán Moshen Rabbani. Irán desestimó las acusaciones y rechazó los pedidos de captura por considerar que "no estaban correctamente fundados y no existían pruebas que los avalaran".

En 2009, la Corte la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la absolución a los miembros de la “conexión local”.
En mayo de este año Canicoba Corral decretó la clausura parcial de la causa y envió a juicio oral a Telleldín. El magistrado entendió que hay pruebas suficientes para considerar entregó la Traffic que fue usada como cochebomba y habría tenido conocimiento del destino que se le daría. El mecánico y comerciante de autos estuvo preso diez años por el atentado y se recibió de abogado en la cárcel. Ahora deberá afrontar un segundo juicio oral –en solitario- en el que se juzgará su rol como partícipe necesario.

El encubrimiento

En paralelo a la investigación por el atentado en la justicia federal también tramita una causa por las irregularidades cometidas durante la investigación. La lista de ex funcionarios imputados está encabezada por el ex presidente Carlos Menem. También están acusados el ex jefe de la SIDE durante el gobierno menemista, Hugo Anzorreguy; el ex juez federal Juan José Galeano; los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex titular de la DAIA Rubén Beraja; el ex comisario general Jorge “Fino” Palacios; Telleldín; su ex mujer Ana Boragni, y su ex abogado Víctor Stinfale.

Galeano está acusado de pagarle los 400 mil dólares a Telleldín a cambio de que involucrara a los policías de la Bonaerense. Anzorreguy habría entregado ese dinero.

En enero de este año, la Cámara Federal porteña le pidió a Lijo que acelere la causa. El magistrado sobreseyó a Carlos Corach, ex ministro de Interior del menemismo en el momento del atentado.

La pista iraní

El año pasado, el gobierno argentino firmó "un memorándum de entendimiento" con Irán, que luego ratificó el Congreso Nacional, para que los acusados declaren en la causa. Dirigentes de la comunidad judía lo rechazaron y tramitaron ante la Justicia una declaración de inconstitucionalidad que resultó avalada por la Sala I de la Cámara Federal.

El Gobierno recurrió a esa decisión "por considerar que se trata de una medida arbitraria que invade las competencias del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional".