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El 3 de febrero de 2011, un tren carguero descarriló por accidente en el barrio La Cárcova de José León Suárez. La gente se agolpó alrededor intentando rescatar algo, práctica a la que muchos vecinos están acostumbrados por revolver los residuos del basural del CEAMSE. Los policías llegaron rápido. Aseguraron ver armas, pero nadie más pudo dar testimonio sobre esto. Tampoco pudo probarse que los daños a los patrulleros ubicados detrás del tren fueran causados en esa ocasión. El resultado fue una represión a mansalva, que terminó con la muerte de los adolescentes Mauricio Ramos y de Franco Almirón, y en las  graves heridas ocasionadas al sobreviviente Joaquín Romero. “El hecho se conoció como la Masacre de La Cárcova y seguimos pidiendo justicia. La Cámara bonaerense revirtió el fallo de primera instancia, lo que representa un atisbo de Justicia para los familiares de las víctimas. Y nos movilizamos para que se quiebre la impunidad”, dijo a Infojus Noticias Vanina Pasik, miembro de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

La movilización comenzó a las cuatro de la tarde con una concentración en la Plaza de los Trabajadores del barrio La Cárcova. Desde allí, se marchó hacia las vías del tren, el lugar donde ocurrieron los homicidios, finalizando en el Centro de Prevención de Adicciones de la Sedronar. “Estos cinco años sin el Pela ni Franco –como les decían a Ramos y Almirón- serán dedicados a reivindicar el propio barrio, que fue central en la organización de una estrategia para impedir que se oculten pruebas, y se construya una historia judicial falsa”, dijeron los familiares de las víctimas. Según su opinión, la acción del barrio fue lo que impidió que “se garantizara la impunidad de los policías que actuaron en el marco de un operativo comandado por la Bonaerense”.

En el juicio realizado en 2014, el policía Gustavo Rey, acusado del doble homicidio, fue absuelto. El otro agente, Gustavo Vega, resultó condenado a 7 años de prisión por intento de homicidio al sobreviviente Joaquín Romero, que además fue testigo en el proceso. “La familia y sus abogados trabajaron desde ese momento para demostrar que hay prueba suficiente contra Rey. A pesar de la absolución a Rey, el Tribunal Oral dejó escrito en su sentencia que los disparos que asesinaron a Franco y Mauricio provinieron de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, dijo Pasik.

La responsabilidad de la Bonaerense

El año pasado, la Sala 2 de la Cámara de apelaciones bonaerense anuló la absolución de Rey, porque consideró que había prueba suficiente para condenarlo. Apartaron al Tribunal, y dispusieron que sean otros jueces los que celebren un nuevo debate oral. Sobre Vega, la Cámara confirmó la condena por homicidio en grado de tentativa, y le aplicó el agravante por “abuso en ejercicio de funciones”, tal como habían pedido oportunamente la fiscalía y la querella. A su vez llamó a que se realice una audiencia con todas las partes involucradas para definir en cuánto se aumentará la pena.

“Exigimos que la justicia efectivice las medidas de la Cámara. La versión que buscaban construir los policías era que una banda de narcos había descarrilado el tren a propósito para robarlo –explicó Pasik-. Los medios de comunicación abonaron a la construcción de esta historia y justificaron la represión. Pero ya hubo un juicio que demostró que era mentira y ahora pedimos por nuevos procesos para completar las acusaciones”.

Para avanzar en la responsabilidad de la Policía Bonaerense, los mismos abogados que representan a los particulares damnificados, Federico Efrón, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Juan Carlos García Dietze, también impulsan una segunda causa, en el marco de la cual ya fueron citados a declarar dos policías cuyos testimonios apuntan a dilucidar las responsabilidades institucionales. La UFI 5, tras la disposición de la Cámara de Casación Penal de apartar el Tribunal Oral Criminal 2, también mandó a allanar las comisaría 4° y la 8°, y secuestró documentación que da cuenta del personal que se encontraba cumpliendo funciones, y las armas de las que disponían.

“Nosotros no queremos ningún privilegio: solamente exigimos que se sepa la verdad sobre lo que le pasó a los pibes, que todos tengamos memoria, y que haya condenas acordes, que haya justicia. La única banda en ese lugar, era la policía bonaerense”, dijo el diputado nacional Leonardo Grosso, que encabeza la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional.

El nuevo juicio que dispuso la Cámara por la situación de Rey, y la audiencia para que se considere el agravante de la pena de Vega por sus funciones públicas, se encuentran frenados “porque ambos presentaron recursos extraordinarios que aún no fueron resueltos”, explicaron los familiares de las víctimas. Se evalúa que, si Casación se expidiera de forma negativa, podrían llegar a manos de la Corte Suprema Bonaerense.

La movilización en el barrio La Cárcova, según contó Pasik, terminará con un partido de fútbol entre los jóvenes del barrio y jugadores profesionales de Chacarita y Atlanta. Algunas de las organizaciones sociales que participan del acto son CTA, el MUP, Patria Grande, Movimiento Evita y el programa de radio “No te calles”. “Son cinco años sin justicia. Pero no hay que rendirse y acá lo importante es que sin organización popular no hay posibilidad de visibilizar el conflicto. En este operativo participaron jefes policiales que siguen en sus puestos. “, concluyó Pasik.