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Sin ahorrar en polémicas definiciones políticas, los abogados Horacio Insanti y Gustavo Demarchi pidieron ayer al Tribunal Oral Federal 1, que no tome en cuenta el testimonio de Mirta Masid ni de los otros testigos que declararon en los Juicios por la Verdad para juzgar a los miembros de Concentración Nacional Universitaria (CNU). Todos ellos están acusados de integrar una “asociación ilícita” en Mar del Plata para cometer delitos de lesa humanidad antes del Golpe de Estado de 1976. El fiscal general Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, fue el encargado de demoler los argumentos de los defensores. “No se puede impedir a toda la sociedad conocer la verdad de una testigo que dice saber sobre los hechos que se juzgan en este tribunal”, expresó el funcionario.

La audiencia prevista para las 9.30 comenzó una hora más tarde y sin uno de los once acusados en el banquillo. El militar retirado Fernando Alberto Otero, a quien se le imputan los ocho asesinatos cometidos entre marzo  de 1975 y febrero de 1976, prefirió quedarse en su celda. Además al tribunal compuesto por Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas, se sumó Alfredo Ruiz Paz, quien actuará como cuarto juez.

Insanti, quien ejerce la defensa del acusado Juan Pedro "Piero" Asaro, y Demarchi –principal imputado en la causa a quien el tribunal lo autorizó a ejercer su propia defensa- recorrieron el mismo camino. Primero intentaron dinamitar el testimonio de Masid –ex pareja de un integrante de CNU- por entender que fue obtenido de manera irregular y segundo, desacreditaron toda prueba obtenida en los Juicios por la Verdad.

El abogado Insanti (corbata amarilla) y Demarchi durante la audiencia de ayer.

“Masid fue víctima de coacción”, dijo Insanti y repitió el concepto tantas veces como consideró necesario. Su planteo estuvo basado en una denuncia presentada por la testigo, quien dijo que en una nota realizada para el diario Página 12 supuestamente violaron la reserva de su identidad. Con este argumento, el defensor intentó poner un manto de sospecha sobre Masid bajo la lógica que si hubiese sido coaccionada, el testimonio no tiene validez y si la denuncia no fuera cierta, tampoco debería tenerse por cierto los dichos por ser una persona mentirosa.

Masid fue la mujer de Carlos “Flipper” González, uno de los pistoleros de la CNU, asesinado cuando intentó matar al diputado sanjuanino Ramón Rojas en noviembre de 1975. La mujer, ahora licenciada en Historia, conoció la Concentración Nacional Universitaria por dentro. Aportó datos de cada uno de los crímenes que se investigan en este juicio y señaló como responsables a la mayoría de los acusados, principalmente a Demarchi. A él lo señaló como el jefe del grupo tras la muerte de Ernesto Piantoni, en marzo de 1975. Puede dar cuenta de cómo los integrantes de la CNU se convirtieron en asesinos y ladrones.

La testigo nunca desmintió su versión de los hechos. Incluso los ratificó cada vez que se lo preguntaron.

Los dos demonios de Demarchi

Demarchi continuó la línea argumental de su colega y amigo, y apuntó contra las pruebas que figuran en su contra y que fueron obtenidas durante las audiencias por los Juicios por la Verdad. Aseguró que se tratan de testimonios que no tienen validez jurídica porque no fueron ratificados como denuncia en una causa penal y porque no fueron legitimados en un ámbito jurídico. En ese sentido le solicitó a los jueces que no tengan en cuenta esos testimonios. “Son juicios de la verdad manipulada. Debemos proteger la verdad de la manipulación”, enfatizó.

Por último, el acusado no perdió la oportunidad para una definición política y se adentró en la “teoría de los dos demonios”. Subayó: “Este gobierno festeja el 24 de marzo porque la subversión le dio a las fuerzas militares lo que necesitaba para derrocar al gobierno constitucional. Un gobierno que estaba en crisis, pero no una crisis menos profunda que vive el país hoy bajo esta dictadura seudodemocrática”.

A su turno, el fiscal general Auat respondió las posturas de los defensores. En primer término, el funcionario aseguró que la denuncia por coacción sobre Masid, a la que se refirieron Dermachi e Insanti, es contra un medio periodístico. “Nada tiene que ver con la causa que se juzga en este juicio. Buscan que la prueba de cargo pierda virtualidad operativa. No quieren que el juez conozca la verdad de los hechos que está en los testigos, en la documentación y en las pericias”, sostuvo.

En el tramo final de su argumentación, Auat se dirigió al tribunal y consideró que “la verdad  que determine la condena o absolución deberá salir de este debate”. Concluyó: “Señor presidente permitamos que la sociedad conozca lo más oprobioso que ocurrió en la historia política de nuestro país”.

Los acusados durante el primer día del juicio (archivo).

La causa

Marcelo Arenaza, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, José Luis Granel y Roberto Alejandro Justel permanecen en libertad, pero son juzgados por el delito de asociación ilícita.   En tanto, Juan Pedro “Piero” Asaro, Mario Ernesto Durquet, Raúl Viglizzo, Raúl Rogelio Moleon, el militar retirado Fernando Alberto Otero, y el ex fiscal Gustavo Demarchi, se les imputan los delitos de homicidio agravado y privación ilegítima de la libertad agravada.

Para los fiscales Laura Mazzaferri, Daniel Adler y María Eugenia Montero, los once acusados conformaron una “asociación ilícita” comandada por Demarchi para perseguir y eliminar a opositores políticos vinculados a la tendencia revolucionaria del peronismo. En esa empresa, la madrugada del 21 de marzo de 1975, los integrantes de la CNU vengaron la muerte de su líder, el abogado y empresario Piantoni, emboscado y asesinado por un comando de Montoneros. Durante la noche del “5 x 1” mataron al cirujano Bernardo Goldemberg, al teniente primero (RE) Jorge Videla y a sus hijos Jorge y Guillermo; y a Enrique “Pacho” Elizagaray, hijo del senador provincial del Frejuli, Carlos Elizagaray, y referente de la JUP marplatense.

Al 5x1 le siguieron los crímenes del contador y militante de la Juventud Peronista, Daniel Gasparri, de Jorge Stoppani y de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad católica, María del Carmen “Coca” Maggi.

El 25 de agosto, el tribunal les dará la oportunidad a los once acusados para que declaren, luego comenzará la etapa de debate que contará con el testimonio de más de 180 testigos.

FD/PW