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El juez federal de San Juan Leopoldo Rago Gallo comenzó a leerle al ex militar deportado por Bolivia a la Argentina Jorge Horacio Páez  Senestrari, la acusación que pesa en su contra, y su situación podría complicarse ya que el magistrado le imputa haber tenido participación en la muerte de un militante peronista durante la dictadura cívico militar.

El ex oficial del RIM 22 de San Juan, que durante la dictadura tenía el grado de capitán y que fue detenido en Bolivia y deportado a la Argentina el domingo, está acusado de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos a detenidos políticos y abuso sexual.

Sin embargo, su situación podría ser más complicada todavía, ya que el juez le imputa haber tenido participación en la muerte de un militante de la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), tras haber sido torturado en una comisaría de la zona rural de San Juan.

Se trata del caso de Nicolás Alberto Farías, de 23 años, que fue secuestrado el 17 de agosto de 1976 y que se cree que fue torturado y asesinado de un balazo en la cabeza en la Comisaría de Zonda, aunque los militares aparentaron que la muerte se produjo en un enfrentamiento armado, según informaron en un comunicado las Fuerzas Armadas.

Según el abogado defensor, Juan Marcos Zapata, Páez "sólo estuvo en el Ejército durante seis meses después del golpe militar y es inocente de todo lo que se lo acusa".  Páez habría formado parte del grupo que estaba liderado por el teniente Jorge Olivera, oficial de Inteligencia de la unidad militar sanjuanina en aquel momento y que, luego de ser condenado a prisión perpetua, se fugó del Hospital Militar Central el año pasado, a un mes de iniciar el cumplimiento de la sentencia.

Páez, alojado en el sector de detención de acusados de delitos de lesa humanidad -donde ya estuvo detenido y de donde fue liberado en 2011 por la Cámara Federal de Mendoza- fue llevado hoy ante el juez Rago Gallo y empezó a escuchar la acusación de la "Causa Bustos", que podría demorar una semana. El expediente tiene 34 casos, y está encabezada por el secuestro y las torturas infligidas al ex secretario de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, Hugo Ricardo Bustos; el gobernador José Luis Gioja; el ex senador César Gioja; el ex intendente de Rivadavia, Elías Alvarez; el gremialista Enrique Faraldo y el juez de la Corte Abel Soria Vega.

El represor de 68 años se hallaba prófugo de la justicia federal, que lo imputó por delitos de lesa humanidad, y se había ofrecido una recompensa de 100.000 pesos por información que posibilitara su captura.El Tribunal Federal de San Juan ordenó a fines de 2011 la captura nacional e internacional de Paéz Senestrari y otros seis represores imputados en el primer juicio realizado en esa provincia por delitos de lesa humanidad, que acumuló cuatro causas, entre ellas el caso Bustos.

Como oficial del Ejército, Páez sirvió durante la dictadura en el regimiento RIM 22 y testigos declararon que integró "la patota" que secuestró a militantes polí­ticos, sociales, estudiantiles y ex funcionarios gubernamentales de la provincia.

También fueron señalados como miembros del mismo grupo quien era jefe de inteligencia del RIM 22, Jorge Olivera, y Osvaldo Benito Martel, Antonio Lazo, Daniel Gómez, Horacio Nieto, José Del Torchio y Gustavo Demarchi, entre otros oficiales y suboficiales condenados a penas de hasta 25 años y prisión perpetua, en algunos casos.

Los represores condenados y los prófugos fueron acusados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegí­tima de la libertad, tormentos, homicidio agravado y, algunos de ellos, de haber violado a sus ví­ctimas cuando las interrogaban.

Las diversas causas acumuladas, cuyos hechos quedaron demostrados durante el megajuicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Juan entre el 7 de noviembre de 2011 y el 4 de julio de 2013, abarcaron en total a más de 60 víctimas.En el caso de José Luis Gioja, los documentos secretos hallados en Inteligencia de la Policía provincial indican que Páez Senestrari fue quien "realizó el sumario de su detención, para el posterior `blanqueo`" en una cárcel legal.