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El juez Rodolfo Canicoba Corral pidió una prórroga de 45 días para completar información a Interpol (Organización Internacional de la Policía Criminal) sobre la vigencia de las órdenes de captura con alertas rojas que pesan sobre tres de los cinco iraníes sospechados por el atentado en la AMIA. En la resolución el juez indicó en forma “expresa” la voluntad de mantener las notificaciones por las que Interpol colocó a los sospechosos en su lista de buscados.

En el escrito el juez Canicoba Corral además expresamente requirió a Interpol “se extremen los recursos y esfuerzos para averiguar al paradero de los imputados”. Las alertas rojas confirmadas en noviembre de 2007 por la Asamblea General de Interpol continúan vigentes porque los iraníes nunca aceptaron declarar ante la Justicia nacional.

El mantenimiento de las alertas rojas habilita a los policías de los países miembros de la organización internacional a detener a los sospechosos sin la intervención de un juez local. La captura sería el paso previo para extraditarlos a la Argentina para que las autoridades judiciales, que las solicitaron, puedan indagarlos por el atentado al mutual, ocurrido hace más de veinte años.

El juez reiteró ahora el reclamo de mantener las “notificaciones rojas”, en respuesta a un pedido de la Comisión de Control de Ficheros (CCF) de Interpol (encargada de proteger “los derechos fundamentales de las personas”). En respuesta, el magistrado remitió la solicitud de más tiempo para enviar un “informe completo” sobre los elementos que motivan el pedido de captura internacional.
Este informe está siendo elaborado por los fiscales de la Unidad AMIA, en quienes el juez delegó la investigación del atentado que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

La CCF solicitó que las autoridades judiciales argentinas le informen si los “procedimientos legales” y las “órdenes de detención” sobre tres de los cinco imputados por el atentado –(que tienen pedidos de alertas rojas) siguen siendo “válidas”. Ellos son: Alí Fallahijan, jefe del servicio de Inteligencia iraní; Moshen Rabbani, el iraní nombrado cuatro meses antes del atentado como consejero cultural de la Embajada de su país en Argentina, según la acusación de la Unidad Fiscal; y Ahmad Reza Asghari, el tercer secretario de la embajada de Irán en Buenos Aires.

Los fiscales, puntualmente, solicitaron esta prórroga y pidieron precisiones sobre algunos de los puntos consultados por Interpol a principios a través de la Oficina Central Nacional INTERPOL Buenos Aires. En el pedido la CCF, una suerte de “órgano de control externo” o “tribunal de habeas data” presidido por la ex jueza del Tribunal Europeo de Derecho Humanos Nina Vajic, consulta con qué “elementos concretos (documentos, declaraciones de testigos e informes de otras autoridades competentes)” cuentas las autoridades judiciales argentinas para sostener las alertas rojas.

MB/LL/AF