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El ex presidente Carlos Saúl Menem generó ayer un nuevo motivo de repudio entre los familiares de las víctimas que son querellantes en el juicio por el encubrimiento del atentado en la AMIA. “Tuvo la oportunidad de darnos una respuesta que esperamos hace 21 años y no lo hizo”, dijo a Infojus Noticias Sergio Burstein de la Asociación 18J - sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas del atentado. Así lo esperaban, dado que dos semanas atrás su defensor, Omar Daer, dijo que el actual senador nacional “tiene información sobre el atentado”.

“Menem sabe, no solo porque lo dijo su abogado en la tercera audiencia, sino por la posición que ocupó, por las reuniones en las que estuvo. Sabe cosas que son secreto de Estado, que pueden afectar relaciones con otros países”, explicó Alejandro Rúa, uno de los abogados que representa a los familiares de las víctimas del atentado reunidos en Memoria Activa. Y aclaró que en este juicio el ex presidente “tenía la oportunidad de decir lo que sabe; al estar imputado la situación cambió para él, tiene derecho a ejercer su defensa sin ninguna restricción”.

A este juicio Menen llega acusado por “instigar” el desvío de la investigación del atentado. En la tercera audiencia, su abogado dijo que el actual senador podía violar el secreto de Estado y afectar los intereses, la seguridad y la relación con otros Estados si revelaba lo que conocía sobre el atentado. Ayer, el Tribunal Oral Federal 2, encabezado por Jorge Gorini, rechazó esta posibilidad.

Basados en la respuesta que les hizo llegar la presidencia de la Nación, a través de la Secretaría de Legal y Técnica, los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel confirmaron que “no existe impedimento, limitación o cualquier otro tipo de restricción” que le impida a Menen declarar lo que conoce sobre el atentado.

“No existe una compromiso legal específico que obligue a quienes ejercieron el cargo de Presidente de la Nación a guardar secretos de Estado del que deban ser relevados”, apuntaron desde la secretaría presidida por Carlos Zannini. Y aclararon que “ninguna norma que eventualmente así lo dispusiera tendría entidad para limitar de modo alguno el amplio derecho de defensa garantizado por la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos incorporados a ella”, en el oficio en el que dieron respuesta a la consulta del tribunal.

Para los familiares la negativa a declarar del ex presidente y del destituido juez federal Juan José Galeano, también acusado por el encubrimiento, significó un nuevo motivo de repudio. “Desde Memoria Activa les exigimos a todos los imputados que de una vez por todas digan la verdad, que tantos años nos han negado y por la que hemos luchado incansablemente”, dijeron ayer en un comunicado difundido tras la audiencia.

De acuerdo a lo previsto, los 13 imputados cuentan con esta opción, y también con la de negarse a hacerlo, de mentir o decir lo que saben, y de aceptar o no preguntas del tribunal, los fiscales y querellas. “Durante 21 años guardó secretos, ahora puede decir libremente lo que sabe”, dijo Rúa y lamentó que les siguiera negando a las víctimas el derecho a la verdad.

Los secretos de Estado en el juicio

En esta causa también el abogado Hugo Anzorreguy intentó no declarar. Antes que comenzara este juicio, el jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Menem, intentó resguarde en el secreto de Estado. “El tribunal ya resolvió al respecto; si fuera testigo sería necesario que lo releven del secreto de Estado; pero al ser imputado no hay ninguna limitación para que ejerza su derecho a la defensa”, precisó Rúa. Ahora, ante una presentación de sus defensores, el tribunal indicó que se le realicen los estudios médicos necesarios para determinar si está en condiciones psicofísicas de “retener y procesar información con la dinámica que requiere un juicio oral”.

El abogado, conocido como “Don Hugo”, estuvo presente en una sola de las tres audiencias del juicio. Reconocido amigo del ex presidente, Anzorreguy está acusado como partícipe necesario del encubrimiento. Enfrenta además cargos por el delito de peculado; por que los cuatrocientos mil dólares que le pagaron a Carlos Telleldín, para involucrar falsamente en el atentado a un grupo de policías de la Bonaerese, provenían de fondos reservados que estaban bajo su custodia.

“Otra es la situación del personal y ex personal de Inteligencia citado como testigo”, dijo el abogado de Memoria Activa. Aclaró que él considera que estos testigos ya fueron oportunamente relevados del secreto. Como ejemplo, Rúa citó el caso del ex director de Operaciones de la ex SIDE, Antonio "Jaime" Stiuso, “ofrecido y admitido por el tribunal entre los 138 testigos que van a ser citados para declarar en este juicio”.

En caso de que Stiuso no se presente a declarar una vez debidamente notificado el tribunal podrá disponer otras medidas. “Se puede plantear el uso de videoconferencia o, ante la ausencia injustificada, el uso de fuerza pública”, dijo Rúa. Hace una semana, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, informó que denunciaron al ex agente por encubrimiento del atentado ante el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini. En conferencia de prensa, Parrilli explicó que por datos de la Embajada estadounidense saben que Stiuso está en ese país, donde solicitaron información para saber dónde está radicado y en carácter de qué ingresó a ese país, por ejemplo, si tiene visa de turista y por cuánto tiempo.

MB/AF/RA