Infojus Noticias

Los procesos judiciales argentinos son el modelo para analizar cómo juzgar la complicidad empresaria en la violación de los derechos humanos durante las dictaduras. Eso es lo que comenzó a ser analizado hoy en la Universidad de Oxford. Allí viajaron varios especialistas, fiscales y jueces argentinos que trabajan en causas judiciales que cruzan los crímenes de lesa humanidad con el saqueo económico. Las exposiciones analizarán desde los beneficios obtenidos por las empresas por el mero arrasamiento de las comisiones gremiales hasta la nacionalización de la deuda externa y la aplicación de un programa económico que modificó la matriz económica de la argentina en menos de una década de gobierno de facto.

El primer panel de debate lo integra el titular del Juzgado Federal 2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien lleva adelante varias causas sobre la complicidad civil y económica. Una de ellas es la que juzga la responsabilidad de Ricardo Lona, ex juez Federal de Salta, quien está acusado por los crímenes de la “Masacre de Palomitas”. Poviña le dictó prisión preventiva por considerarlo responsable del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía" y con el "concurso premeditado de dos o más personas, en grado de cómplice primario" contra once personas.

Además, Poviña procesó a Carlos Pedro Blaquier, presidente del poderoso Ingenio Ledesma. Se trata de una empresa nacional que tiene más de 7300 empleados y, además del 17% del azúcar que se consume en el país, produce jugos, papel, carne y cereales. Blaquier está acusado del secuestro de tres dirigentes sindicales el 24 de marzo de 1976, que incluye al ex intendente de Libertador General San Martín Luis Ramón Arédez, quien fue asesor del sindicato azucarero.

También está procesado en otras causas, que se conoce como como la “Noche del Apagón”, que fue la madrugada en la que se realizaron una serie de secuestros en los tres pueblos que rodean al Ingenio Ledesma. Junto a Blaquier, Poviña procesó Alberto Enrique Lemos, que para 1976 era el gerente administrativo de la empresa, por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos de 29 personas.

En el panel, que tiene como orador principal al periodista Horacio Verbitsky y presidente del CELS, también participa la directora de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero de la Oficina del Procurador General, Judith König. En esa oficina se gestó el informe que analizó cómo fue que la cementera Loma Negra –que en ese momento encabezaba Amalia Lacroze de Fortabat- obtuvo ganancias extraordinarias tras el asesinato del abogado laboralista Carlos Moreno, que trabajaba para la Asociación de Obreros Mineros de la Argentina (AOMA).

El informe demuestra cómo mejoró la tasa de ganancia de la empresa que tras la muerte de Moreno se ahorró el pago de indemnizaciones y de juicios  laborales. La OFINEC detectó que la empresa redujo la relación entre el costo laboral y los resultados positivos en un 53 por ciento durante la última dictadura y que a partir de marzo de 1977 –cuando mataron a Moreno- "disminuyó abruptamente el monto estimado para afrontar juicios laborales".