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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Juan Gemignani y Gustavo Hornos, anuló una sentencia de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional que había confirmado la excarcelación para el ex presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante la dictadura, Juan Alfredo Etchebarne. El tribunal ordenó que se dicte una nueva sentencia, analizando más a fondo la situación de Etchebarne.

En octubre del año pasado, la Sala I de la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal confirmó la excarcelación de quien fuera la mano derecha del ex ministro de Economía de la dictadura, Alfredo Martínez de Hoz. Por aquellos años, mientras era presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y según el relato de varios testigos, Etchebarne estaba presente en las salas de tortura y hoy está procesado por delitos de lesa humanidad. La investigación sobre la CNV empezó en 2010: la Comisión había funcionado como una central de inteligencia para perseguir empresarios.

En abril de 2013, Etchebarne fue detenido por orden del juez federal Daniel Rafecas y trasladado a la unidad penal de Marcos Paz. Rafecas, a cargo de la megacausa por los crímenes ocurridos en el Primer Cuerpo de Ejército, ordenó la detención del ex funcionario en el marco de la investigación por el secuestro y los tormentos de un grupo de 28 personas relacionadas con el caso del Banco de Hurlingham.

A fines de 2013, la Cámara Federal ratificó la detención y, un año después, el fiscal Federico Delgado pidió que el caso fuera elevado a juicio oral. En marzo de 2014, el juez Rafecas hizo lugar a un planteo de excarcelación y el 7 de octubre del mismo año la Sala I de la Cámara Federal lo ratificó. En su argumentación, sostuvo que “había elementos en la causa que permitirían concluir en la inexistencia de riesgo procesal” porque Etchebarne “no incumplió el arresto domiciliario del que venía gozando cuando cumplía su prisión preventiva o que luego de disponerse su procesamiento ha ampliado su declaración indagatoria”.

Sin embargo, el Ministerio Público recurrió a la Cámara Federal de Casación Penal, que hoy anuló la excarcelación del ex presidente de la CNV al recordar que éste se encuentra procesado por “la comisión de crímenes contra la humanidad cometidos en el marco de la última dictadura” como cómplice por la privación ilegítima de la libertad “agravada por mediar violencia o amenazas” en 23 ocasiones.

Los jueces Borinsky, Gemignani y Hornos advirtieron que “en el caso se advierte que la gravedad de los delitos imputados, su modo de comisión y su calificación de delitos de lesa humanidad otorgan protagonismo a las pautas trazadas por nuestro Máximo Tribunal”. Es que para los camaristas la excarcelación de Etchebarne no estuvo “suficientemente fundada” porque no se analizó en su totalidad lo que se denomina el “riesgo procesal” del acusado, es decir, la posibilidad de que estando libre pueda entorpecer las investigaciones de este tipo de delitos.

En la sentencia, los magistrados destacaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los jueces deben tener un “especial deber de cuidado” para “neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación en casos como el aquí considerado”. Los camaristas de Casación concluyeron que la confirmación de la excarcelación de la Cámara Federal  “no constituye un acto jurisdiccional válido” y la anularon.

Además, ordenaron que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre la excarcelación “conforme a derecho” porque “el riesgo procesal habilitante de la prisión preventiva de imputados por la comisión de delitos de lesa humanidad en el marco de la última dictadura que sufrió el país, debieron ser al menos considerados en la resolución impugnada”.

Cuando Rafecas procesó al ex presidente de la CNV, hizo lo mismo con Raúl Guglielminetti, ex agente civil de inteligencia del Ejército; el ex coronel Francisco D´Alessandri; y el comandante de Gendarmería, Víctor Enrique Rei. Todos quedaron procesados por “los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre de 1978, quienes fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del general Carlos Suárez Mason", que murió en 2005.

“En una ocasión lo introdujeron atado y vendado en el baúl de un automóvil, y lo tuvieron dando vueltas todo el día… en ese interrogatorio, también reconoció la voz de Etchebarne”, contó un sobreviviente. “La existencia de una clara persecución a grupos económicos determinados, concretada a partir de la coordinación de la actividad de las autoridades militares y la Comisión Nacional de Valores”, fueron parte de los argumentos que esgrimió el juez Rafecas para procesar a Etchebarne.

GA/LL