Infojus Noticias

Una estrategia novedosa que estaba siendo implementada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF), al congelar los fondos de los más de cincuenta represores prófugos, recibió del juez federal Rodolfo Canicoba Corral un revés judicial. El 5 de agosto pasado –aunque la resolución trascendió hoy, al ser apelada-, se declaró incompetente para intervenir en el congelamiento de los bienes y activos financieros de 51 represores con pedido de captura que se mantienen en la clandestinidad.

“Canicoba Corral dispuso que cada juez federal tiene que investigar el congelamiento de los represores que tienen en las causas que instruyen. Nosotros creemos que no, porque suponemos que pueden tener una asociación ilícita que los ayude a mantenerse al margen de la ley, como descubrimos con los dos últimos represores que se fugaron del Hospital Militar hace unas semanas, y por eso pedimos que se congelen los fondos, y que se abra una sóla causa en la que se investiguen los patrones en común”, dijo José Sbatella a Infojus Noticias, titular de la UIF. “Así se dispersan todos los expedientes. Es una forma de lavarse las manos”, concluyó.

Por otro lado, en la misma resolución, el juez federal sí decidió respecto al caso que investiga desde hace años: la fuga del represor Juan Carlos Vázquez Sarmiento, apropiador de Ezequiel Rochestein Tauro. La UIF había dispuesto el congelamiento administrativo de sus fondos y propiedades junto al de otros cincuenta ex militares mediante la resolución 190, el año pasado. Pero el juez decidió que no podía aplicarse la ley 26.734 (la ley antiterrorista, que utilizaba el organismo para embargar a los terroristas de Estado) en este caso, porque los actos terroristas se habían cometido en el pasado.

“El juez revocó el congelamiento, pero a su vez le embargó los bienes. Recién mañana vamos a saber qué le embargó, pero creemos que esto se da como consecuencia de que comenzamos a congelar los fondos. Porque antes los jueces no los embargaban”, dijo Sbatella.

El fiscal Gerardo Pollicita avaló la medida de la UIF, y apeló a la Cámara la decisión del juez.

Vázquez Sarmiento está prófugo desde el 4 de marzo de 2002, cuando supo que lo estaban investigando por la apropiación del nieto restituido 102, y se pidió su captura para tomarle declaración indagatoria. “Si no los encuentran es porque no quieren”, ironizó en ese momento Estela de Carlotto. La causa en la que se investigaba cayó en el juzgado de María Servini de Cubría. La jueza era esposa del brigadier retirado Juan Tomás Cubría, y se excusó en la causa por los vínculos militares de su esposo con el brigadier retirado Rubén Omar Graffigna, comandante en jefe de la Fuerza Aérea en la segunda junta, pero casi un año después de asumir la investigación de la causa y sólo cuando los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado se lo pidieron.

La causa pasó entonces al juzgado de Canicoba Corral. Abuelas de Plaza de Mayo solicitó la realización del estudio de ADN para determinar la identidad del niño que fue anotado como hijo de Vázquez Sarmiento. Pero el joven, que ya era mayor de edad, no lo aceptó y citó como antecedente a Evelyn Vázquez. En ese caso, la Corte Suprema se opuso a la obligatoriedad de los análisis de sangre en función de privilegiar el derecho a la intimidad de la joven. Las Abuelas consideraron que ese fallo era “un aval al terrorismo de Estado” y denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Vázquez Sarmiento, suboficial mayor de la Fuerza Aérea, era un militar operativo especializado como auxiliar de Inteligencia, según se desprende de su legajo militar. El destino del Colorado -como le decían sus camaradas- fue la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” en los años 1977 y 1978. En ese lugar se alojaban personas detenidas. Vázquez Sarmiento, que apropió junto a su esposa Stella Maris Emaldi a Ezequiel Rochistein Tauro, supo perfectamente cuándo y cómo asesinaron a su madre biológica, la mujer que lo había parido secuestrada en las profundidades de la Esma.

En la investigación judicial, tampoco se descartó que él mismo haya participado de su desaparición definitiva: “Aunque no pueda afirmarse de momento que Juan Carlos Vázquez Sarmiento tuvo una intervención directa en esos hechos, tampoco puede descartarse, pero lo cierto es que participó el personal de la Regional de Inteligencia ‘Buenos Aires’, cuyas tareas de inteligencia centralizaba el imputado”, dice el expediente judicial.

Hoy, gracias a una resolución judicial, puede seguir disponiendo de sus bienes para prolongar una clandestinidad que ya tiene once años.