Infojus Noticias

El llamado “Buque 9 de Julio”, en Bahía Blanca, era uno de los dos centros clandestinos de la Armada.  Al otro se lo conocía como “Base de Baterías”. Ambos funcionaban en la Base Naval de Puerto Belgrano, que era “la cabeza del pulpo” –como lo llamó un represor- de la Marina. Allí, miles de conscriptos hicieron el servicio militar. Aníbal Américo Agotborde fue uno de ellos. Se los entrenaban para “la guerra antisubversiva”: les enseñaban a armar y desarmar un fusil, le daban prácticas de tiro y los preparaban para armar perímetros en los operativos. A él lo alistaron en la  “Compañía Pitón”, junto a otras 40 personas, y empezó a participar de allanamientos en casas y sindicatos de Bahía Blanca y Punta Alta. A los detenidos los golpeaban y luego los llevaban, esposado y encapuchados, al buque naval. Aníbal hizo guardia durante seis meses. Vio cómo torturaban, desde la cubierta, a los secuestrados, a los que hacían caminar entre ratas. Una noche escuchó algo raro. Y un jefe lo retiró de la escena.

- Hubo un nacimiento. Habían atendido a una mujer. Los médicos se llevaron al bebé y la mujer quedó ahí. Supuestamente el médico era de la Marina.

Las palabras del ex conscripto sorprendieron al Tribunal que juzga a 25 represores por crímenes de lesa humanidad en la Base Naval Puerto Belgrano. “Su testimonio dio un giro en la causa. Primero, porque es inédito que en el curso de una audiencia, alguien denuncie el robo de un bebé nacido en cautiverio. Y por otro porque sería la primera vez que se señala al Buque como posible lugar de maternidad clandestina”, dijo el fiscal Miguel Palazzani a Infojus Noticias. Los conscriptos no participaron directamente de los actos represivos y, aun así, no pueden ser imputados. Se los comprende, jurídicamente, como civiles bajo bandera.

Agotborde relató que el abuso sexual hacia  las mujeres era constante.  “No podíamos preguntar ni hacer nada”, aclaró. Varias veces escuchó que los superiores planeaban hacer “viajes” en aviones o helicópteros con los detenidos. Y aclaró: “Nos decían que no podíamos hablar de lo que habíamos vivido en la base porque estábamos vigilados. Y remarcaban que era un acto de traición a la patria divulgar lo que había pasado, según ellos, en la lucha contra el terrorismo”. En noviembre de 1976, un mes antes de darles la baja, los liberaron de la guardia porque habían llegado nuevos conscriptos.  “Todavía había muchos presos en el Buque 9 de Julio”, concluyó.

El testimonio de un testigo que conoció la arquitectura de la represión desde adentro marcó un antes y un después en las audiencias por el proceso conocido como “Armada Argentina”, que comprende 66 víctimas. Para Palazzani, quizás se abra una nueva línea de investigación. En Bahía, el único centro clandestino donde se comprobó la existencia de una maternidad clandestina había sido “La Escuelita”. El otro fiscal de la causa, José Nebbia, confirmó a esta agencia que envió un oficio para cruzar datos con la Unidad de Apropiación. “En el Buque pasó mucho gente, algunas permanecieron y a otras las enviaron a otros lugares. Por lo cual es  difícil investigar quiénes eran. Lo que sí comprobamos es que los detenidos no eran solamente de Bahía Blanca. También había de otras zonas del país, como de Mar del Plata y Chubut”, dijo.

En las últimas audiencias, además, dos policías dieron detalles de cómo fue el operativo de secuestro del 24 de marzo de 1976. Allí, cerca de cincuenta personas fueron trasladadas hacia el Buque en las mismas condiciones que narró Agotborde.  Otro testimonio importante fue el de Roberto Del Valle, ex radioperador en Ezeiza, que confesó haber realizado traslados de personas secuestradas desde Bahía hasta Trelew. “Esas personas había sido previamente secuestradas por el Ejército. Eso marco la coordinación entre ambas fuerzas”, precisó Nebbia.

El juicio, que se desarrolla en la Universidad Nacional del Sur,  retomará las audiencias el próximo 3 de marzo. Para esa fecha, se espera el testimonio del periodista Diego Martínez, que escribió sobre la represión en la zona.

La Armada, centro estratégico de la represión nacional

Según Nebbia, la base Puerto Belgrano ocupó un lugar estratégico no sólo para la zona sino para la planificación y ejecución del plan represivo de la Armada en todo el país. “Es una de las más grandes de América Latina. Desde allí, hubo varios jefes que fueron el cerebro de cómo organizar la represión. Por un lado, salen a la luz lo que pasó en los centros clandestinos, como el Buque mellizo al Belgrano que estaba amarrado al puerto, Baterías y la base de Prefectura en Ingenio White. Allí se torturaba, pero también había otros lugares que funcionaron como centros de derivación. Está el caso de la base de Comandante Espora, donde había detenidos que arribaban y partían hacia otros puntos del país, como la cárcel de Rawson o la Unidad 9 de La Plata”, precisó el fiscal, quien confió que a mitad del 2015 esperan la sentencia del juicio.

Entre los 66 casos se encuentran los de los obreros gráficos del diario "La Nueva Provincia", Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976. En los anteriores juicios, sucedidos en 2011-2012, y el otro en 2013, se había juzgado sólo la responsabilidad del Ejército. Aunque el empresario periodístico Vicente Massot no está acusado en esta causa, en el futuro podría existir una conexión directa por su rol en los asesinatos de Heinrich y Loyola. Entre las querellas se encuentran la Secretaría de DDHH de Nación, el Equipo Nikzor, la APDH y abogados de algunas víctimas.

El Tribunal, integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava, es el mismo que participó de los dos primeros juicios. Se trata de la causa 1.103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)". De los 25 imputados, 13 pertenecían a la Armada, cinco a la Prefectura Naval, otros cinco al Ejército, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense y un policía de la provincia de Buenos Aires. “Esta causa tuvo mucha dilación, acá tendría que estar sentado el ex presidente de facto Jorge Videla y en el medio se recusó a un juez que quiso frenar la investigación, pero para la ciudad es muy importante que haya comenzado”, confió una fuente judicial.

Se encuentran imputados los integrantes de la Armada Oscar Alfredo Castro, Guillermo Félix Botto, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Manuel Jacinto García Tallada, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, Domingo Ramón Negrete, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raúl Artemio Domínguez. Por el Ejército están imputados Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero, Víctor Raúl Aguirre. En el caso de la Prefectura Naval, Félix Ovidio Cornelli, Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos, Néstor Alberto Nougués y Luis Alberto Pila.

Uno de ellos, Guillermo Félix Botto, falleció insólitamente horas antes de la audiencia. Otros, ya recibieron condena en alguno de los dos juicios anteriores. También se analiza la conducta del integrante de la Policía Bonaerense Víctor Oscar Fogelman –el mismo que condujo la investigación del asesinato de José Luis Cabezas- y de Héctor Luis Selaya por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.

De los 66 casos que están en la causa, 13 personas se encuentran desaparecidas, otras cinco fueron asesinadas y las restantes fueron secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano, jurisdicción de la Armada Argentina, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca. “Se está comprobando la coordinación entre el Ejército y la Armada para llevar adelante el exterminio en Bahía Blanca. El impacto en la sociedad es grande”, concluyó Nebbia.